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«Nuestra familia nos enseñó a vivir sin odio», explicaban en agosto de 2019 en una entrevista en este periódico Elisa, Campos y Cristina, las tres hijas del policía Miguel Ángel Saro, el primer cántabro asesinado por ETA. Más de 45 años después, el Gobierno ... de la comunidad autónoma reconocerá su condición de víctimas del terrorismo con una indemnización económica. En su caso, de 16.224 de euros para cada una. La cantidad es la que estipula la orden de subvenciones publicada el pasado mes de abril por el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga en cumplimiento de la Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas de Terrorismo, que aprobó por unanimidad el Parlamento de Cantabria en 2023 a propuesta de Vox. Esa orden, que fijaba criterios objetivos y cuantías concretos en función de los distintos supuestos, acaba de resolverse. Es la primera de estas características en la comunidad autónoma.
En total, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a 35 expedientes por valor de 1.353.408 euros. De ellos, diez corresponden a víctimas directas de distintos atentados de la banda terrorista –estaban en el lugar y sufrieron daños, pero sobrevivieron– y el resto a personas que tienen la condición de víctimas por ser familiares directos de fallecidos. Desde el punto de vista cronológico, el primer expediente es el de las hermanas Saro y el último el del atentado con coche bomba de Santoña que costó la vida en septiembre de 2008 al brigada Luis Conde. En este caso, los indemnizados son su hijo (75.000 euros) y su viuda (75.000 euros por el fallecimiento de su esposo y 85.410 euros en su condición de víctima directa).
Estas indemnizaciones impulsadas desde Cantabria son compatibles con las estatales y no atienden a criterios de renta o patrimonio. Se aprueban con el mero hecho de demostrar la condición de víctima en los términos que recoge la normativa nacional. Para acceder a ellas, los solicitantes tenían que acreditar ser víctimas –en cualquiera de esas dos condiciones– y que, o bien el acto terrorista se hubiese cometido en Cantabria, o bien que fueran vecinos de Cantabria cuando tuvo lugar.
Los 35 expedientes aprobados corresponden a 14 atentados. De ellos, solo tres tuvieron lugar en la región. El primero data de 1979, cuando los terroristas mataron a dos agentes frente al cuartel de la Guardia Civil de Puente Arce. Han solicitado la indemnización a la que tienen derecho la esposa y los dos hijos de uno de ellos y la esposa del otro, además de uno de los heridos. Está también el atentado de La Albericia de 1992 y el ya citado de Santoña.
En el Presupuesto de 2025 la partida de indemnización de víctimas del terrorismo desciende sustancialmente. Desaparezca casi en su totalidad porque el grueso de los potenciales beneficiarios ya la han reclamado y solo se puede cobrar una vez. Eso sí, en la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo hay una partida para apoyar el trabajo de las asociaciones que agrupan a este colectivo y otra para un nuevo proyecto: la creación de un archivo audiovisual que recoja los testimonios de las víctimas del terrorismo para que las futuras generaciones no olviden lo ocurrido.
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