Cantabria insiste en su larga batalla contra el Ministerio a cuenta del lobo

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León paralizaron en un primer momento la propuesta de incluir al lobo en la especial protección al sacar el asunto de los temas previstos en un grupo de trabajo. Noviembre de 2020. Ante el runrún, Blanco empezó a recabar apoyos internos y reunió al sector para tener su aval. Parecía controlado, pero fue un espejismo. El Ministerio fue, en todo momento, dando pasos en la misma dirección. Siempre. Así, en febrero de 2021 se acordó dar el visto bueno a una propuesta avalada por un dictamen del Comité Científico de Fauna y Flora del Ministerio. El lobo, al Lespre, pendiente solo de cumplir con los trámites burocráticos para su entrada en vigor en unos meses. Todo, tras una tensa reunión a la que siguió un discurso que Blanco ha repetido cientos de veces desde entonces. Que la decisión no está avalada, que no se tiene en cuenta al sector, que no se atiende a las comunidades en las que de verdad hay lobos, que es un ataque a los ganaderos...

Lo primero fue el frente común. Las cuatro comunidades: una carta a Moncloa, una reunión telemática con Ribera pidiendo diálogo, amenazas de ir a los tribunales... Al ministro de Ganadería, Luis Planas, le tocó hacer de poli bueno, pero sólo a medias. Hizo equilibrismos entre la defensa de los ganaderos y sus compañeros de Gabinete. Pero fue desapareciendo del debate porque no acabó de mojarse. Una carta inútil. Por si quedaba alguna duda, el secretario de Estado de Medio Ambiente, dejó clara la postura de su departamento: «No hay vuelta atrás».

Perdidas esas batallas iniciales, se optó por profundizar en la vía política. El Parlamento de Cantabria mostró una posición unánime en defensa de los ganaderos y en contra del cambio. Pero con matices. El PRC (y Blanco lo sabe) es consciente de su peso en el mundo rural y tiene que 'venderse' como paladín. PP y Ciudadanos apoyan la reivindicación, pero con el cuchillo entre los dientes. Los populares ficharon a Pedro Gómez y los naranjas a Marta García al principio de la legislatura. Nombres propios en la ganadería. Y presionan al PRC con un 'estamos contigo, pero si no consigues nada...'. Más aún, exigen a Revilla que amenace con romper el pacto con el PSOE, que está entre dos aguas. En Cantabria dice una cosa y, en Madrid, otra. Las dudas socialistas son evidentes, con el voto de su diputado regional García Oliva (con tesis conservacionistas) como excepción al de sus compañeros o la defensa de la decisión del Ministerio que ha hecho Pedro Casares y que le valió un encontronazo con Blanco.

En ese juego político entró el presidente Revilla en el mes de marzo de 2020. Recibió a la ministra Ribera, que le habló de buscar una posición intermedia en las comunidades más castigadas por ataques de lobos. O eso se dijo, porque no hubo grandes avances. Tampoco en la práctica tuvo efecto el manifiesto firmado por diez autonomías para reconducir el asunto o la enésima reunión telemática de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, que acusaban al Ejecutivo nacional de «deslealtad». La respuesta del Ministerio: sacar el borrador de la medida a exposición pública y anunciar que en septiembre ya no se podrían cazar lobos.

Blanco empezó ahí su fase más «rebelde». En mayo anunció el refuerzo de las medidas de control previstas en el Plan del Lobo, participó en otra reunión de 'díscolos' en León y, en junio, su departamento presentó alegaciones al borrador ministerial. En julio, incluso, se publicó en el BOC el cupo para fijar en 34 el número de lobos que podían matarse hasta el año siguiente.

Y así, hasta septiembre. «Vamos a ir contra el Ministerio», «no lo vamos a permitir», «es el fin para el sector»... Nada. La medida salió adelante, lo que dio inicio a un nuevo episodio de la batalla, a otro frente. El judicial. Los representantes de las cuatro comunidades vuelven a reunirse, esta vez en Santander, a la vez que los ganaderos se manifiestan ante Pedro Sánchez en las cercanías del Centro Botín. Blanco sigue asistiendo al Parlamento en busca de consensos y las cuatro comunidades presentan recursos contencioso/administrativos.

El PRC se suma a la oposición y pide la dimisión de Ribera, lo que pone en un aprieto a su socio local en el Gobierno. Y la ministra da un tirón de orejas a Revilla y a Blanco en el Senado. En una dura intervención los reprende y asegura que «la ley es para todos». O sea, que menos plantes y más cumplir.

De ahí a final de año, los jueces admiten a trámite el recurso de Castilla y León para echar abajo la orden, pero descartan, como pedía Cantabria, suspender cautelarmente su cumplimiento. Toca esperar a lo que diga la Justicia. Blanco, entre tanto, sigue con su ronda de contactos, esta vez a través de la Federación de Municipios pocas horas de comer las uvas por el Año Nuevo. Y, ya en enero, las cuatro comunidades tratan de ganar apoyos trasladando el asunto a los comisarios europeos.

Lo más reciente en la película son las manifestaciones ganaderas en Santander y Madrid con el lobo entre los temas estrella. Con la nueva norma en marcha, hasta nueve ayuntamientos le piden a la Consejería batidas ante los ataques. Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Polaciones, Tudanca, Ruente, Arenas de Iguña, Pesquera, Camaleño y, el último, Valderredible. El departamento de Blanco se agarra a que la normativa ahora vigente permite extracciones en «situaciones excepcionales». Blanco lanza el reto a Ribera: que apruebe esas actuaciones especiales. Y pone números sobre la mesa. Setecientas reses muertas desde finales de septiembre pasado y la previsión de que todo se dispare ahora que toca subir los animales a los pastos. Así, la Consejería envía un primer expediente. Para matar tantos lobos en tal zona, pero sin revelar el tantos ni las áreas concretas. Además, se reúne otra vez con el sector en su conjunto en busca de unanimidad.

¿Qué responde el Ministerio al primer expediente? Que hay que esperar hasta renovar el Plan de Conservación de la Estrategia del Lobo. O sea, que por ahora no.