Cantabria se juega hasta 500 millones con la financiación y mantener un estatus privilegiado

Para entender la situación hay que retrotraerse a diciembre del año 2021. A principios de ese mes, el Ministerio remitió a las comunidades autónomas de régimen común y a Ceuta y Melilla su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, el mecanismo por el que se calcula el dinero que el Estado transfiere a las regiones para financiar los servicios. El Ministerio basó su informe en la población ajustada, un modelo que perjudica de forma directa a las comunidades que, como Cantabria, Asturias, Galicia o Castilla y León, tienen a su población dispersa en pequeños núcleos, y favorece a otros, caso de Cataluña, con poblaciones más numerosas y mucho más concentradas. Ese documento es el que ha tomado como base el Ministerio para sacar de nuevo a debate la financiación autonómica aprovechando las negociaciones para la investidura de Sánchez.

Cantabria insistió entonces e insiste ahora en que la financiación debe ir ajustada al coste efectivo de los servicios, dado que es mucho más caro para la Administración atender, por ejemplo, a un vecino de Tresviso que a uno de Barcelona.

La propuesta inicial del Ministerio puso rápidamente en alerta al Gobierno regional, entonces formado por socialistas y regionalistas, hasta el punto de que el presidente Revilla (PRC), el vicepresidente Zuloaga (PSOE) y la entonces consejera de Economía, la también socialista María Sánchez, comparecieron públicamente para rechazar de lleno la propuesta del Ministerio de Hacienda.

En dicha rueda de prensa, el Gobierno regional presentó un estudio en el que cifraba en hasta 472 millones de euros el dinero que la región dejaría de percibir del Estado si se aprobaba el modelo presentado por Hacienda, lo que «comprometería seriamente la suficiencia financiera regional», en palabras de María Sánchez.

El estudio interno del Gobierno cántabro plantea diferentes escenarios para la Comunidad en función de cómo se calculen las variables. En el menos desfavorable, Cantabria podría perder hasta 8 puntos porcentuales en su participación en el sistema de financiación. Con datos cerrados de 2017, recibiría 97 millones menos, cantidad que si se traslada la diferencia a los datos de las entregas a cuenta para 2022, serían 200 millones menos, un planteamiento que colocaría a Cantabria como la segunda comunidad que más pierde en términos relativos, solo por detrás de Extremadura. Y si se simula el escenario más negativo, la pérdida en el sistema de financiación podría alcanzar los 33 puntos porcentuales. Con datos de 2017 serían 364 millones menos, una cifra prácticamente equivalente al dinero que dedica Cantabria a Valdecilla, que trasladada a datos de 2022 haría que la pérdida llegara hasta los 472 millones.

El bipartito no dudó en presentar alegaciones al proyecto del Ministerio centradas en estos cinco puntos: mantener el statu quo para que ningún territorio reciba menos de lo que recibe actualmente; evaluar de una forma «más realista» el impacto del envejecimiento a la hora de calcular el coste sanitario; que la orografía adversa de territorios montañosos tenga más peso que la superficie total de cada comunidad autónoma; cambiar la forma para calcular la dispersión geográfica -el Ministerio aplica una fórmula que premia siete veces más a Galicia que a Cantabria a pesar de que tienen características similares-; y que la partida extraordinaria que compensa los costes fijos -cuantas más personas usan un servicio, menor es el coste por usuario- solo la reciban las regiones que sufren sus consecuencias.

Ahora, la negociación de los socialistas con las fuerzas independentistas de Cataluña (Junts y ERC) ha vuelto a encender la señal de alarma en el Ejecutivo regional, esta vez bajo la dirección del Partido Popular.La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, insistió el jueves, en declaraciones a este periódico, en la necesidad de revisar el modelo de financiación de la comunidades y que se tenga en cuenta el coste real de los servicios, el elemento clave para que Cantabria garantice un trato igualitario con el resto de las regiones, especialmente con Cataluña, Valencia y Madrid. Buruaga reclama que se haga en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el PP tiene mayoría tras las elecciones del 28 de mayo. El problema con el que puede encontrarse la presidenta regional en dicho órgano es la propia batalla interna que tengan los barones del PP en la defensa de los intereses de sus respectivamente comunidades y en cómo la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo es capaz de consensuar una propuesta común dentro del partido.