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Que la escasez de agua es uno de los problemas más graves y urgentes que enfrenta la sociedad española es algo que todo ciudadano sabe ... o, por lo menos, empieza a intuir. Basta imaginar una jornada en la que los grifos no funcionen, o lo hagan con importantes limitaciones, para hacerse una idea del impacto que este recurso fundamental tiene en la forma y la calidad de vida de nuestro país. En un contexto en el que en pleno invierno las reservas de agua en España afrontan mínimos históricos, con comunidades como Cataluña y Andalucía en situaciones críticas –en el caso catalán, ya oficialmente en estado de emergencia desde el 1 de febrero–, Cantabria se sitúa como la región con mayor consumo de agua por habitante y día en el ámbito doméstico.
Según los datos del 'Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento' de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos, en el que recogen las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada dos años, en 2020 –último ejercicio del que hay registros– los ciudadanos de Cantabria consumen una media de 165 litros por habitante y día. Tras ellos se sitúan los de la Comunidad Valenciana, con 157, y los murcianos, con 150. En el caso opuesto, los consumos más bajos se registraron en el País Vasco, con 97 litros por habitante y día, las Islas Baleares, con 117, y tanto la Comunidad de Navarra como Extremadura, con 120. La media nacional, por su parte, se situó en 133 litros por habitante y día.
La paradoja de la gestión del agua en España, uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, radica en que los recursos hídricos disminuyen mientras el consumo y la presión sobre el agua disponible se mantienen. Los datos son incontestables: según el Ministerio para la Transición Ecológica, el año hidrológico 2022-2023 fue seco en todo el país desde que hay registros, lo que ha provocado que el 14,6% del territorio nacional esté ya en emergencia por escasez de agua y el 27,4% en alerta debido a que la precipitación media se situó un 17,1% por debajo de la media de los mismos meses del periodo 1991-2020. En el caso cántabro, dicha disminución alcanzó el 18%. Casi una quinta parte del total en sólo un año.
La falta de precipitaciones del ejercicio pasado, a las que se suman las malas perspectivas que pronostican los agentes meteorológicos para lo que resta de invierno, sitúan la cuestión del agua en un punto crítico cuyo interés y atención tanto político como social sería susceptible de despertar mayor atención. Hay otros datos que así lo indican. Por ejemplo, el de las reservas de los embalses en España, una cuestión en la que Cantabria se encuentra en una situación que roza la emergencia –y un dato que contrasta llamativamente con el de las comunidades vecinas.
Según los datos de la red española de embalses, la situación de los depósitos cántabros y su disponibilidad de agua en la actualidad es equiparable –de hecho, inferior– a comunidades del sur. El registro cántabro dista mucho de los buenos datos que arrojan comunidades como Asturias o el País Vasco. Actualmente las reservas de los embalses cántabros se sitúan en torno al 30% de su capacidad, muy por debajo del 83% de Galicia y Asturias, el 77% del País Vasco, el 80% de Navarra o el 59% de Castilla y León (los datos son de finales de enero). Así, Cantabria se sitúa por debajo incluso de comunidades como Extremadura (47%), la Comunidad Valenciana (39%) o Castilla La Mancha (31%).
En este aspecto cabe destacar que, como explica César Álvarez, responsable del grupo de Ingeniería Hidráulica de IH Cantabria, nuestra comunidad presenta unas características únicas que hacen que sus reservas arrojen cifras tan llamativas: «La situación hídrica de Cantabria es singular y no es comparable con el resto de las comunidades autónomas del norte de España». Según detalla, «en Cantabria el único gran embalse que tenemos es el del Ebro, que está en la zona más seca de nuestro territorio y que además no se gestiona desde aquí, porque en general ese agua es para regar los regadíos de Aragón». Por contra, «las reservas de agua del resto de comunidades de la Cornisa Cantábrica están por encima del 70% porque tiene sus depósitos en las zonas donde más llueve y además tienen grandes embalses de abastecimiento», mientras que en Cantabria «no tenemos embalses de abastecimiento más allá de lo que traemos del Ebro».
Esta particularidad no solo afecta al agua disponible, sino también a las fuentes de las que proviene el agua que consumimos. En ese sentido Álvarez resalta que «el problema de Cantabria no es un problema de escasez puntual de agua o de sequía, que la hay, sino que es un problema estructural porque no tenemos la regulación que deberíamos tener». Eso provoca que en el caso cántabro «el abastecimiento de agua se haga mayoritariamente de las aguas de nuestros ríos», y este método genera a su vez un importante problema medioambiental: «Como sacamos agua de nuestros ríos, los secamos, y eso supone que estamos incumpliendo con los caudales ecológicos», destaca César Álvarez. «Vivimos de ellos a lo largo del año hasta que empezamos a tirar del embalse del Ebro en condiciones de emergencia por secar los ríos. Y en ese aspecto Europa en algún momento nos va a exigir que cambiemos porque eso no puede ser así», continúa. Esta circunstancia se ha hecho patente en los últimos meses debido al descenso de las precipitaciones: «Habitualmente se empezaba a tirar del embalse del Ebro en mayo, junio o julio y se paraba en septiembre. En estos momentos, por lo menos en este otoño y principio de invierno, ya se está cogiendo agua desde el embalse porque nuestras cuencas están secas».
El déficit hidrográfico de la Comunidad está, por tanto, sujeto tanto a factores estructurales como el modelo de gestión y la legislación a la que está sometido, como a factores medioambientales, en especial a la lluvia, un preciado bien que tiende a reducirse. Así lo demuestran también los datos del año pasado. La reducción de las precipitaciones, aún siendo generalizada en todo el territorio cántabro, varió sensiblemente en las distintas regiones de Cantabria: mientras en zonas como Liébana y Valderredible hubo hasta un 30% menos de lluvia y nieve, en la costa este déficit fue más reducido. Con todo, el descenso de precipitaciones fue significativo en muchos municipios de la región: del 30% de Peñarrubia y el 22% de Tama al 26% de la zona de Cabuérniga, el 20% de Mataporquera o el 14% en Valderredible– . Un escenario que provocó métricas muy dispares: las de municipios como Cillorigo de Liébana, donde se registraron 553 litros acumulados en el baremo anual, frente a las de otros como Bareyo, donde este dato ascendió hasta los 1.345 litros.
Ante este complejo escenario, Álvarez señala que la situación del agua en Cantabria está marcada por «un problema estructural». Y afirma que su solución pasa por dos cuestiones prioritarias: «Las regulaciones en la cuenca cantábrica y la gestión del embalse del Ebro». En el primer aspecto, apunta que «la planificación hidrológica de Cantabria no solo depende de Cantabria, sino de una administración que está en Zaragoza como es la Confederación Hidrográfica del Ebro». En el segundo caso, hace referencia al «Bitrasvase del Ebro, que se define así porque en verano usamos el agua del Ebro pero en invierno tenemos que devolverla, y encima la presa no se abre cuando necesita Santander sino por otras demandas». «En Cantabria vivimos de la ilusión de que llueve mucho y los situaciones van pasando, pero evidentemente si el clima va a peor, si los consumos en época estival aumentan cada vez más, llegaremos a tener problemas», continúa.
Uno de los aspectos a los que apunta Álvarez como clave en la gestión del agua es el del precio. «En materia de eficiencia en el consumo de agua, el factor que más potencia el ahorro es el precio del agua, con diferencia», señala. «Y por desgracia en nuestro país esos precios no se fijan en función de la planificación, sino que los fijan los ayuntamientos. En Cantabria en concreto hay ayuntamientos que cobran el agua al precio que vale y otros que no cobran absolutamente nada», añade. A su juicio, se trata de «un problema de fondo político, que se acentúa en toda la zona norte, donde los precios son mucho más bajos». En comparación, continúa, «en Murcia o la Comunidad Valenciana, por poner dos ejemplos, los costes al menos intentan cubrir los gastos, que es algo que no se consigue normalmente, y aún así son bastante más altos».
Como conclusión, César Álvarez afirma que «el cambio climático apunta claramente a que las aportaciones anuales van a ser cada vez menores». «En Cantabria no va a haber una reducción tan grande como en otras zonas de España, pero estamos hablando de un porcentaje que nos va a poner en una situación crítica si no se abordan las medidas necesarias de regulación oportunas», concluye.
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Ana del Castillo
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