Cantabria modernizará su Agencia Tributaria con 7 millones reservados a la protonterapia

La mejor forma de entender este giro de guion es hacer un repaso cronológico. El primer episodio del 'drama de los fondos' lo protagonizó la consejera de Economía, María Sánchez, con un llamamiento público en este periódico avisando del retraso de la mayoría de departamentos en la tramitación de sus proyectos y, concretamente, poniendo el foco sobre la terapia de protones. Ponía en duda su «viabilidad». No decía que no se fuera a hacer, sino que advertía de la lentitud en los despachos y del peligro de que no pudiera sufragarse con cargo al dinero de Europa, ya que este dinero debe justificarse con plazos e hitos muy precisos.

La reacción fue que los socios regionalistas se le echaron encima. Incluso los compañeros de partido. Pero el toque de atención surtió efecto de inmediato: el Gobierno de Cantabria diseñó a la semana siguiente un 'plan b' para salvar los fondos europeos asignados a la Unidad de Protonterapia de Valdecilla (38,5 millones según la primera adjudicación fallida, pero con hasta 45 millones reservados) y el propio proyecto ante la posibilidad cierta de que no se haya ejecutado antes de la fecha límite fijada en la convocatoria del programa React-UE, que será el último día de diciembre de 2023. De la mano, las consejerías de Sanidad y Economía encontraron «gastos sanitarios» por 19 millones que inicialmente se iban a pagar con fondos propios. Se localizaron para meterlos en el saco de los fondos europeos en caso de que se cumpliera el peor escenario. Una especie de trueque:no se pierde dinero, pero con las partida que iban a pagar una cosa, se haría la otra. Y viceversa. Pues bien, ese 'plan b' que estaba en el cajón por si hacía falta ya está de lleno sobre la mesa.

Ahí es donde entra en juego la ACAT. De los 96 millones que tenía Cantabria para gastar con cargo al React-UE, este organismo tenía asignados 0 euros. El contrato para la 'Puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión integral e integrado de los procedimientos de aplicación de los tributos y otros procedimientos administrativos' se iba a financiar con partidas del Presupuesto ordinario de la comunidad autónoma, pero eso ha cambiado.

Desde el Gobierno regional no confirman que el contrato de la ACAT, que finalmente ascenderá a 7,1 millones y que se ha llevado una empresa valenciana, esté finalmente financiado con el dinero de los protones. Así lo señalan los papeles que están en la plataforma de transparencia. Lo que ocurre es que Economía ha pedido vincular ese contrato al React-UE y el resto de consejerías de la región que se repartían este pastel –Empleo, Turismo, Presidencia y Educación– señalan que ellas no han cedido ni un euro de su asignación. Es decir, que tendrá que hacerse con cargo al dinero de Sanidad. Por descarte.

Además, resulta curioso el movimiento que ha hecho la ACAT. En el mes de noviembre ya adjudicó este contrato por el mismo importe y a la misma empresa. El 12 de febrero, después de la «reprogramación» que ha hecho el Ejecutivo del fondo React-UE en vista de que los plazos podían echar por tierra los planes iniciales, canceló la primera adjudicación. En esa primera adjudicación se decía literalmente que no tendría financiación comunitaria. Ahora, ha vuelto a adjudicarlo con las mismas condiciones y un único cambio:«Financiación con fondos de la UE. Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el marco del eje React-UE».

En la resolución en la que el organismo pide que la actuación sea «susceptible de acceder a estos fondos», señala que «la decisión de financiación se tomó con posterioridad al acuerdo de inicio del expediente, hecho que no impide su financiación con recursos React, ya que estos permiten certificar gastos de operaciones incluso ya concluidas, siempre y cuando sean posteriores a la fecha de 1 de febrero de 2020», cuando arrancó la situación de pandemia.

Entiende que esta actuación encaja dentro del objetivo estratégico 20.1.2 del React-UE de «apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía más digital». Cantabria recuerda en la solicitud para acceder a fondos que durante la pandemia se pusieron de manifiesto las carencias que afectan a la administración regional y a entes como la Agencia Tributaria en materia de digitalización.

A todo esto, la ACAT ha conseguido ahorrarse algo más de dos millones de euros, porque el presupuesto inicial de licitación de los trabajos era de 9,3 millones. En cualquier caso, también se lo habría ahorrado de la misma manera si hubiera pagado el contrato como tenía pensado inicialmente. Unos trabajos adjudicados por diez años y que servirán para digitalizar el sistema, mejorar la relación con los usuarios y aumentar la seguridad. También para reducir el uso del papel y evitar situaciones como la que ocurrió el pasado mes de abril, cuando apareció distinta documentación oficial con datos personales en un contenedor de basura del centro de Santander. Una situación que entonces el director de la ACAT, César Aja, calificó de «intolerable» y que atribuyó a la contrata que gestiona sus residuos.