Cantabria necesita 56.000 viviendas y el año pasado se construyeron sólo 1.126

La vivienda se ha convertido en el tema central para la sociedad española y cántabra. Es más, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), lleva varios meses consecutivos siendo la principal preocupación mencionada en su barómetro. Incluso al mismo nivel de 2008, cuando el país entero vivía sumido en una burbuja inmobiliaria que explotó de repente. El debate, de nuevo, ha vuelto a cobrar protagonismo. Cada vez resulta más difícil y más caro acceder a uno de los derechos que recoge la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47)». Así que a la clase política no le ha quedado más remedio que ponerlo encima de la mesa. Gobiernos y oposición, a nivel nacional y regional, han sacado a la luz sus idearios para atajar el problema. Ambas partes coinciden en el diagnóstico: hay que facilitar el acceso, pero difieren en la aplicación de las oportunas medidas corregidoras. ¿Intervención del Estado en el mercado o desregulación? ¿La vivienda es un derecho o un bien de mercado más, con el que se puede especular a pesar de que lo prohíbe la Carta Magna? Si la solución es construir más vivienda, Cantabria está a años luz. Hacen falta 56.000 y el año pasado sólo se levantaron 1.126, que es un 16,5% menos que en el ejercicio anterior. La vivienda protegida es anecdótica, los precios se han disparado –hasta los 1.642 euros el metro cuadrado, de media– y el alquiler hay zonas en las que es prácticamente inexistente, con el impacto de los pisos turísticos –7.496, según el INE–, y caro. Frente al debate, las cifras. Estas son las de Cantabria.

Es la gran incógnita, pues no hay un dato que determine con exactitud el número de viviendas de nueva construcción que hace falta en Cantabria. El Banco de España, en un reciente estudio específico, habla de un déficit de 600.000 inmuebles en todo el país entre 2020 y 2025, pero no aporta datos regionales. La Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria (APC) cree que se necesitan no menos de «3.000 desde hace años» y Atlas Real Estate Analytics, una prestigosa consultora inmobiliaria, afirma que 56.000 o 31.000, dependiendo la tasa de esfuerzo a la que deberían enfrentarse las familias. La tasa de esfuerzo es un índice que refleja la media de años que una unidad familiar tardaría en pagar una vivienda si toda su renta se destinase a ello.Para no tener que emplear más del 30% de los ingresos, España necesitaría 3,5 millones de casas, de las que 56.000 corresponderían a Cantabria, que es la undécima de las 52 provincias con mayor necesidad, lejos de las 864.000 de Madrid. Si el esfuerzo se eleva hasta el 40% de los recursos, la región precisaría de 31.000, la duodécima provincia en el ranking. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta en su último estudio que el déficit de producción de viviendas en España alcanza las 299.314 casas y pisos entre 2013 y 2024, y al año sólo se construyen 80.000 en todo el territorio.

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria, el de los aparejadores, acaba de hacer balance de las viviendas construidas en la región durante el pasado año. Los datos acumulados contabilizan un total de 1.126 viviendas de nueva obra, lo que evidencia un importante descenso del 16,5% respecto a 2023, donde se levantaron 1.349. Es una de las cifras más llamativas. Desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, allá por 2008, las grúas desaparecieron del paisaje de las ciudades y los pueblos, pero los expertos del sector consideran que el punto de inflexión, su regreso, se produjo a raíz del final de la pandemia del covid. En 2020, se construyeron 742 nuevas casas, pero el número continuó incrementándose en 2021 (1.315), bajó ligeramente en 2022 (1.113) y volvió a repuntar en 2023 (1.349). La proyección para el año pasado era, al menos, superar los dos millares de nuevas viviendas pero la sorpresa han sido las 1.126 finalmente registradas. Todas estas cifras están muy lejanas de las de la época previa a la burbuja inmobiliaria, que alcanzó el pico en 2006, cuando se edificaron la friolera de 16.588 pisos y casas.

El otro gran debate instalado en la sociedad y entre los representantes políticos es el de la necesidad de crear muchas más viviendas públicas. Los Aparejadores visaron únicamente 32 nuevas VPO, todas ellas en el municipio de Santa Cruz de Bezana. Es un dato que destaca, sobre todo, tras la sequía mantenida durante los tres anteriores ejercicios (2021, 2022 y 2023), donde no se construyó ni una sola. Para ver la cúspide de la apuesta de los diferentes gobiernos regionales por esta fórmula que facilita el acceso hay que remontarse a 2009, cuando se edificaron 521. A partir de ahí, el descenso fue progresivo hasta 2013 (285). Desde entonces, la caída ha sido vertiginosa: sólo 11 en 2014, cero en 2015, 12 en 2016 y, de nuevo, cero en 2017.

A pesar del descenso en la construcción de nuevas viviendas, el mercado inmobiliario en Cantabria parece repuntar. Según los datos recopilados hasta el mes de noviembre del año pasado por el Instituto Cántabro de Estadística (Icane), se registraron 8.432 transmisiones patrimoniales, que son un 6,7% más en sólo once meses que en todo el ejercicio completo de 2023. De estos 8.432 inmuebles, 1.295 fueron viviendas nuevas y 7.137 de segunda mano. Ambos apartados registraron un visible aumento porcentual –un 11,2% y un 6%, respectivamente – comparados con los del año anterior. De las 8.432 citadas viviendas, 7.860 fueron inmuebles libres y 572 protegidos.

Los alquileres subieron en Cantabria un 9,5% en el cómputo interanual, según el informe mensual que realiza el portal inmobiliario especializado www.pisos.com. Mientras tanto, el precio medio del alquiler se situó en diciembre en 9,25 euros/m2. Por su parte, la vivienda tipo en alquiler en España alcanzó en el duodécimo mes de 2024 un precio medio de 12,18 euros/m2 –2,93 euros más que en la región–. Santander fue en 2024 la décimo cuarta capital del país con los alquileres más caros. En diciembre, se pagaron 12,06 euros/m2, un 10,5% más que en el mismo mes del año anterior y casi 2,75 euros por encima de la media regional (9,25). Barcelona, Madrid y San Sebastián son las ciudades más caras para alquilar y Jaén, Ciudad Real y Cuenca son las más baratas. Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, «la subida del precio del alquiler se ha enquistado en el mercado».

Primero fue Comillas y un mes después Castro Urdiales. Ambos municipios –los únicos de los 102 de Cantabria–, ante un mismo problema, el de la escasez de viviendas en alquiler y, por tanto, el alto precio de las rentas, decidieron el año pasado ser 'zonas tensionadas' para que el mecanismo ya en funcionamiento diseñado por el Ministerio de Vivienda, el de poner un tope a los precios de las rentas, entrara en vigor. Lo hicieron a sabiendas de que, en la práctica, no les iba a servir de mucho, pues la última palabra, la que debe dar el visto bueno y tramitar la solicitud al Ministerio, tal y como recoge la ley, la tiene el Gobierno regional. Y el gabinete que preside María José Sáenz de Buruaga no está por la labor. Es más, está enrocado. Se opone rotundamente. «No vamos a declarar zonas tensionadas porque es contraproducente. No vamos a hacerlo», volvió a insistir por enésima vez el consejero de Fomento, Roberto Media, durante su última comparencia pública para hablar de vivienda.

Cataluña es pionera en este asunto. Su Ejecutivo ha desvelado que los alquileres bajaron un 5,2% en Barcelona entre abril y junio, tras aplicar esta fórmula. Eso sí, el número de contratos firmados también se redujo –entre enero y junio un 10,7%–, que es el miedo al que alude constantemente el Gobierno de Cantabria, el que salgan más viviendas del mercado, para no apoyar la declaración de zonas tensionadas. Aunque los municipios lo pidan, como lo permite la ley nacional que lo regula, el Ejecutivo de Buruaga no trasladará sus solicitudes a Madrid.

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