«Cantabria necesita más medios humanos y materiales para tener una justicia más ágil»

–¿Qué supone para el Colegio de la Abogacía de Cantabria la firma del Pacto para la Justicia?

–Tanto para el colectivo que represento como para el resto de operadores jurídicos supone afrontar una situación de crisis que venimos padeciendo desde el covid. El objetivo es coordinarnos entre todos para mejorar la prestación del servicio público de la justicia, que en los últimos años viene padeciendo grandes problemas e importantes dilaciones.

–¿Ha habido muchas discrepancias a la hora de llegar a este acuerdo?

–No. La Consejería de Presidencia nos entregó a todos los operadores un guion e hicimos aportaciones que finalmente han sido recogidas en el documento final.

–¿Confía en que este pacto no se quede en una mera declaración de intenciones?

–Con esa finalidad lo hemos hecho. Todos somos conscientes de la situación de crisis del servicio público de la justicia y de que todos tenemos que ayudar para solucionar los problemas que hay.

–¿Cuál es la principal necesidad que tiene en estos momentos la Administración de Justicia en Cantabria? ¿Y el colectivo de abogados?

–Hacen falta más medios materiales y humanos que posibiliten reducir los tiempos de respuesta judicial, que es la situación más preocupante. Y para el colectivo de abogados, la principal reivindicación es afrontar la mejora de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que se ha concretado precisamente con la publicación la semana pasada del borrador del nuevo decreto, además de otras mejoras como tener espacios en los juzgados de guardia para poder preparar los asuntos y hacer las esperas, y el expediente judicial electrónico.

–¿Está satisfecho el Colegio con lo que recoge ese nuevo decreto de justicia gratuita?

–Estamos satisfechos con la mejora en relación a lo que teníamos. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante, veremos si eso se confirma con una norma, pero todavía tenemos que dar más pasos para dignificar la prestación del servicio público del turno de oficio por los profesionales de la Abogacía que están con unos módulos (tarifas) ínfimos en relación al trabajo que se realiza.

–¿Qué pasos quedan por dar?

–Algunos pasos afectan a Cantabria y otros al Estado, como es la publicación de una ley de asistencia jurídica gratuita que sustituya a la del año 1996 que está ya caduca; que se retribuyan la totalidad de las actuaciones que prestan los abogados por designación judicial, que se establezcan unos módulos homogéneos entre todas las comunidades autónomas, y que se establezca por ley el incremento anual en función del IPC. Con el nuevo decreto hemos dado un paso, pero se puede mejorar más.

–Los abogados del turno de oficio reclamaron participar en la elaboración del decreto. ¿Se ha atendido esta petición?

–El Colegio tiene la función legal de representar a la Abogacía y todas las cuestiones que afecten a la profesión, y en estas conversaciones ha estado representado a través de su junta de gobierno. Ahora hay un trámite de información pública en el que se pueden hacer aportaciones (alegaciones). De ahí que les haya convocado a una reunión.

–¿En qué ha mejorado este decreto respecto al que se aprobó el año pasado tras un acuerdo con la entonces consejera de Presidencia, Paula Fernández (PRC)?

–Hemos incrementado los baremos de todas las actuaciones en las que intervienen los abogados. Y además se han creado nuevos módulos que no estaban previstos correspondientes a actuaciones que, por lo tanto, no se retribuían como, por ejemplo, la defensa de personas jurídicas por asignación judicial.

–¿Les queda mucho para estar equiparados al resto de abogados de España?

–Hemos mejorado sustancialmente, pero hay comunidades autónomas con baremos superiores como el País Vasco, que creo que es la primera comunidad en cuanto a ingresos.

–Otro de los acuerdos del pacto es la ampliación de sedes judiciales y un plan para la mejora de los edificios. ¿Por dónde habría que empezar esa ambiciosa actuación?

Hay que ganar espacios. El pacto prevé la ampliación de las Salesas (complejo judicial de Santander) hacia Quinta Porrúa mediante una actuación que requiere de la intervención del Ayuntamiento y hay prevista una nueva sede en Laredo. Nosotros en el documento planteábamos como objetivo la unificación de las sedes estableciendo ciudades de la justicia como existen en otras comunidades autónomas, aunque somos conscientes de que las dificultades presupuestarias no van a permitirlo. Aun así hay sedes que se pueden mejorar.

–El pacto también recoge la creación de nuevas unidades judiciales. ¿De qué sirve eso si luego no hay jueces para dirigir esos juzgados como ha pasado con el de Instancia Nº13 que se ha puesto en marcha el 1 de julio?

–La designación de los jueces depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No se cuál ha sido la dificultad en este caso pero espero que se subsane en breve. Todos los años el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) establece en su memoria los órganos judiciales o jurisdicciones que tienen mayor carga de trabajo. Se trata de que todos, de forma consensuada, podamos localizar dónde existen esas necesidades y hacer una petición al Ministerio de Justicia, que es quien tiene que crear esos órganos judiciales y dotarlos de jueces y el resto de medios.

–Uno de los problemas que arrastra la justicia es la alta litigiosidad, de ahí que en el pacto se abogue por impulsar la mediación intrajudicial. ¿Está calando este sistema entre la ciudadanía?

–Esta fue una de las aportaciones al Pacto que realizó el colegio porque creemos que es un sistema que debemos impulsar porque supone una descarga en los órganos judiciales. La mediación es una forma de solución de las controversias menos traumática que un proceso judicial, pero es necesario que se extienda a todos los partidos judiciales, por lo que hay que crear un presupuesto. Y, por otra parte, hay que hacer una labor pedagógica en la ciudadanía y entre los profesionales para la utilización de este método. La ciudadanía entiende que el juez es el que resuelve las controversias y prefiere una sentencia de un juez que cualquier otro método, por eso hay que hacer esa labor pedagógica. Es un método que funciona incluso mejor que una sentencia, que a veces no contenta a ninguna de las partes.

–El primer Estudio Integral sobre la situación profesional de la Abogacía revela que el 71% de los abogados ha sufrido algún tipo de maltrato, descortesía o restricción en el ejercicio profesional. ¿Qué le parece este dato?

–Me parece preocupante. Nosotros en los colegios estas cuestiones las vemos y la ley orgánica del derecho a la defensa que se ha aprobado el otro día en el Congreso va a mejorar esta situación.