Cantabria necesitará 628 plazas más en residencias de mayores para cubrir la demanda en 2025

«Ahora ya tenemos una radiografía de situación. Este estudio es un instrumento fundamental para una adecuada planificación de los recursos, alejada de la improvisación y las ocurrencias», dijo ayer en la presentación la titular del área, Begoña Gómez del Río. El objetivo es que «todas las personas dependientes reciban el servicio que necesitan en el momento que lo necesitan», sin perder de vista que «la demanda cada vez es mayor», como el envejecimiento poblacional y el coste. «En 2024 el presupuesto para dependencia es de 183 millones, el más alto de Cantabria, y el Estado solo financia un 24,5% (45 millones)», se quejó la consejera.

A partir de ahí, el informe elaborado por el grupo de investigación de Economía Pública y de la Salud de la UC, que cruza los datos demográficos con la lista de espera, la oferta –toma como referencia la del primer semestre de 2023– y las vacantes, señala que la red necesitará para el año que viene 628 plazas más en residencias de mayores (ahora tiene 4.470 concertadas) y otras 134 para discapacidad (a añadir a las 667 actuales). Si bien, Gómez del Río precisó que hay «circunstancias» (unas incorporadas y otras por llegar) que pueden rebajar esa demanda estimada. Se refiere especialmente a la reciente ampliación de la cartera de servicios, que permite combinar determinadas prestaciones y que, por primera vez, abre las ayudas económicas para el cuidado en casa a personas de confianza y sin vínculos familiares. Estas novedades, sumadas a la futura implantación de la teleasistencia avanzada, «pueden retrasar el deseo o la necesidad de acudir a una residencia».

En cualquier caso, añadió, lo que pone de manifiesto el estudio es que, mientras en centros de día se cubre holgadamente la demanda (hay muchas plazas libres), las residencias de mayores existentes resultan insuficientes. De cara a 2030, el cálculo de necesidades que plantea la UC habla de 1.219 plazas más respecto a 2025, pero «la evolución de los cuidados es muy grande y va a haber variantes que influirán en esos datos», precisó Gómez del Río. Y la apuesta por los cuidados en domicilio es un ejemplo.

«Esta guía nos ofrece una orientación de dónde hemos de aumentar las plazas residenciales», apuntó la consejera, teniendo en cuenta otro factor nuevo: la libre elección de centros por parte de los usuarios. Desde la implantación de este sistema, cada residencia tiene su propia lista de espera. En la actualidad, son 359 las personas que están pendientes de que se libere una plaza concertada en el destino elegido: 254 repartidos en el área de Santander –los centros más demandados son San Cándido, La Caridad y el CAD de Cueto–, 79 en el de Torrelavega (allí el Asilo es el más solicitado) y 26 en el de Laredo. «Algunas personas que están esperando tienen la prestación vinculada al servicio –reciben una cuantía para sufragar parte del coste de la plaza privada mientras esperan la pública– y otras siguen con la ayuda a domicilio hasta que tengan la concertada en la residencia escogida», recordó Gómez del Río.

¿En qué medida se podrá dar respuesta a esas necesidades que apunta la proyección para 2025? Hasta que se construyan nuevos centros –lo que dependerá de las iniciativas empresariales privadas que se presenten–, desde la Consejería destacan que se fomentará la prestación vinculada al servicio y se concertarán más plazas a medida que se vaya disponiendo de ellas, como se ha hecho en la última residencia inaugurada, la de Solares (de sus 98 plazas se han concertado 40).

A corto plazo, se cuenta también con el fin de las obras en la residencia de Rubayo (Marina de Cudeyo), que añadirá 120 plazas; y con la de la calle Canalejas, en Santander, que tendrá 87. Entre estos tres centros se incorporarán al sistema 369 plazas, más otras 64 proyectadas, ya con autorización previa, en Puente San Miguel. Mucho más lejos se sitúan los planes del Gobierno de Cantabria para el complejo del antiguo psiquiátrico de Parayas, aunque Gómez del Río avanzó los posibles usos que se incluirán en el plan funcional, que confía tener definido el próximo año: «Tiene que responder a las necesidades sociales, hace falta un centro residencial para la dependencia, pero también se ha detectado que el sistema es deficitario en recursos de atención al daño cerebral adquirido (enfermedades neurodegenerativas); e incluirá servicios para atender a personas con discapacidad física e intelectual».