Cantabria ofrece seguridad jurídica al sector pesquero con la nueva ley

«Somos una región con 284 kilómetros de costa, con siete puertos y de gran tradición pesquera. No nos podíamos permitir estar sin una ley propia de pesca. Somos los dueños de nuestras aguas y debemos poder organizar su gestión conforme a nuestro criterio, dando seguridad al sector», apunta el consejero de Pesca, Guillermo Blanco, al tiempo que resalta la importancia de la nueva ley por la necesidad que existía en Cantabria, «única autonomía de mar sin regulación propia en el ámbito de las actividades pesqueras», de contar con «un texto básico, pero muy necesario para el desarrollo de todas las actividades pesquera de la región».

Esta normativa, sobre la que se empezó a trabajar en el año 2016 - según detalla la directora general de Pesca, Marta López- persigue cumplir con los objetivos marcados por la Política Pesquera Común a la hora de garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura «sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, así como contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios».

Así, la nueva ley regulará las competencias específicas del ámbito pesquero como la conservación, la protección y la regeneración de los recursos marinos en las aguas interiores de Cantabria; el ejercicio de la pesca marítima, el marisqueo, la explotación de algas y la acuicultura; la ordenación del sector pesquero sobre las bases de la normativa estatal, y la comercialización y transformación de los productos pesqueros. También el buceo profesional, las enseñanzas náutico-deportivas y subacuáticas, así como en materia de enseñanzas profesionales náutico-pesqueras, y la capacidad de inspección y vigilancia de los inspectores de pesca y el régimen de sanciones e infracciones.

Por otro lado, permitirá a Cantabria declarar en aguas interiores las zonas protegidas por su especial interés para la conservación y regeneración de los recursos marinos; establecer el procedimiento para la conservación y regeneración de los recursos marinos, y definir la figura de las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos. Del mismo modo, esta ley establece que las actividades extractivas sólo podrán practicarse con artes, técnicas, modalidades y especies expresamente permitidas; habilita la posibilidad de fijar censos para gestionar la capacidad extractiva, y define el concepto de pesca marítima profesional, incluyendo la captura de especies de crustáceos, moluscos y otros invertebrados marinos con artes no específicas para estas especies.

Además, establece por primera vez el concepto de licencia para pesca marítima profesional a pie; regula la pesca marítima recreativa, y la actividad marisquera, fijando tres tipos de licencia: desde embarcación, a pie y buceando, y regula la posibilidad de otorgar autorizaciones marisqueras, así como la extracción de algas y argazos.

En cuanto a la acuicultura, define los diferentes títulos habilitantes (dominio público, terrenos privados y experimental) y establece la posibilidad de crear Zonas de Interés para la Acuicultura (ZIA). Se trata de una ley que también regula las competencias sobre la ordenación del sector pesquero; el funcionamiento de las cofradías de pescadores y su federación, así como de las organizaciones de productores pesqueros, y la actividad de la flota pesquera, regulando el procedimiento de establecimiento del puerto base y la necesidad de autorización para la construcción o renovación de buques.

La directora general de Pesca reconoce que faltaba un marco general en el que desarrollar la gestión pesquera en Cantabria «porque se han ido apagando fuegos con pequeñas normas que hemos ido desarrollando, pero no teníamos una ley que nos permitiera sacar algunos instrumentos de gestión que ahora sí vamos a poder impulsar, como las autorizaciones marisqueras».

López apunta que ahora la realidad del sector pesquero de Cantabria está dibujada en esta ley. «Hasta ahora nos regíamos por el Estado y teníamos que acatar cosas que no eran nuestra realidad pura y dura. Esta ley es puramente técnica, de gestión, y ha contado en todo momento con la colaboración del sector para poder desarrollarla y que el marco normativo sea el adecuado».

Entre los colectivos afectados por la nueva normativa están las cofradías de pescadores. El presidente de la federación cántabra que las agrupa, Miguel Fernández, asegura que «llevamos seis años detrás de esta ley y nos parece bien porque, por lo menos, ahora están reguladas algunas cosas que antes no existían». En este sentido, señala que, una vez que entre en vigor la normativa (aún se tiene que publicar en el BOC) se puede legislar en aguas interiores de la región, «cuando antes no existía ninguna ley». «La clave aquí es que ahora legisla Cantabria, antes lo hacia el Estado y con Madrid no se dialoga, Madrid impone». A efectos prácticos comenta que la flota va a seguir trabajando «como hasta ahora, pero siempre es bueno tener aquí cerca al legislador». Fernández asegura que a la flota les afecta la regulación de los límites de las aguas interiores «porque hay zonas que están prohibidas totalmente por Madrid y ahora eso lo va a legislar Cantabria, va a ser consensuado con la Consejería. Podemos debatir si esta zona es peligrosa o no, si podemos trabajar la distancia de cien metros. Eso cambia mucho».

Además, señala que esta la ley también afecta a las artes. «Las nasas de pesca que eran un poco más grandes y abiertas estaban prohibidas, y ahora con esta legislación es otro tema, hay más diálogo. Y nos da mucha más seguridad jurídica».

De su lado, el presidente de la Cofradía de Laredo, César Nates, a la espera de conocer el texto definitivo que ha aprobado el Parlamento regional, señala que «ahora la administración puede poner periodos de vedas en agua interiores y entonces podríamos tener ayudas por la paralización como en el País Vasco».