Cantabria se opone a la «imposición» del reparto de menores migrantes

El Gobierno de Cantabria (PP) se opone «rotundamente» a los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados y a que sean fruto de la «imposición» y «a la fuerza» además, vía decreto tras el acuerdo entre el Estado y Canarias, quedando dos comunidades «excluidas» de esa distribución.

«Eso es imposición. Eso no es diálogo ni es acuerdo», ha sentenciado este viernes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que se niega «en redondo» a los criterios consensuados entre el Ejecutivo central y el archipiélago canario para trasladar a 4.500 menores migrantes, teniendo en cuenta la población y esfuerzo de acogida, y con los que Cataluña y País Vasco -«las de siempre»- podrían tener menor participación.

«Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para impedir que esos criterios conduzcan al objetivo que persigue el Gobierno, que es que haya comunidades autónomas excluidas de este reparto», ha avisado Buruaga según recoge E. Press, que también ha alertado de que dichos criterios podrían hacer «colapsar» la red y el sistema regional de protección de menores.

En este sentido, ha detallado que Cantabria cuenta con 212 plazas, de las que 36 son para menores migrantes solos y 22 de ellas están ya cubiertas. «Tendríamos margen para coger en esas proporciones, pero desde luego no más», según ha indicado.

La presidenta regional, que no conoce de primera mano los criterios de reparto, ha criticado que no se hayan debatido en Conferencia Sectorial y que el Ministerio tampoco los haya comunicado a las comunidades, extremo que ha tachado de «falta de respeto institucional y de lealtad institucional, que ya se ha convertido en la norma». Pero, como ha advertido, «que se haya convertido en la norma no significa que estemos dispuestos a aceptarla».

A su juicio, es un asunto que se debe decidir «entre todos», ya que se trata de distribuir entre las comunidades autónomas niños menores, «que no son fardos» ni «paquetes», sino que tienen derechos y hay que prestarles asistencia y servicios, procurando su integración social y laboral. «No se pueden hacer las cosas de esta manera», ha afeado.

La presidenta ha destacado las «sobradas muestras de compromiso, responsabilidad y solidaridad» de Cantabria, que ha llegado a aceptar un cupo voluntario de reparto cuando se ha pactado, haciendo «un esfuerzo muy importante y por encima de nuestras posibilidades muchas veces», pero se ha opuesto a «poner en riesgo» la red regional de protección de menores y hacerlo «colapsar», pues sería «una irresponsabilidad absoluta».

Por último, se ha mostrado partidaria de un reparto «ordenado», dentro de un plan «integral» y desde el consenso entre el Estado y las comunidades, «sin privilegios y sin exclusiones», y dotado también con financiación y recursos «suficientes».

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