Cantabria no peleará en los tribunales contra el cártel de los pañales de adultos

Ante el anuncio del resto de comunidades por pelear en el juzgado contra el cártel, la respuesta de la Consejería de Salud cántabra es que esperará a tomar una decisión cuando conozca el fallo de la primera sentencia.

Mientras tanto, Cataluña ya ha reclamado 526 millones y Andalucía ha avanzado que su demanda superará los 600 millones, la de Galicia rondará los 350 millones, País Vasco exigirá más de 100 millones, Madrid al menos 80 millones, Murcia 50 millones, Baleares 27 millones y Asturias 18 millones.

El Gobierno cántabro dispensa pañales para adultos de dos maneras distintas. La primera, a personas que los necesitan pero no están ingresadas, a través de una receta que se dispensa en la oficina de farmacia. En ese caso, el paciente abona la cantidad correspondiente según su nivel de tarjeta sanitaria.

En el caso de personas ingresadas en hospitales o residentes en centros sociosanitarios, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) suministra directamente los pañales a través de un concurso público.

El cártel operó en España entre 1996 y 2013, hasta que una de esas compañías denunció al resto y a sí misma, acogiéndose al programa de clemencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que le garantizaba eludir el pago de la multa por delatar el fraude. La patronal Fenin y siete empresas que copaban el 95% del mercado, entre ellas las multinacionales Essity, Grupo Hartmann, Laboratorios Indas y la delatora Procter and Gamble (Ausonia), montaron un sistema para inflar alrededor de un 50% el precio de los pañales para los sistemas públicos de salud, en connivencia con los mayoristas distribuidores y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos para el reparto de la tarta de beneficios mediante acuerdos secretos.

La mayoría de gobiernos regionales ha mandado en lo que va de año numerosos burofaxes a las empresas para explicitar su interés en recuperar el dinero, y así paralizar las posibles prescripciones de cinco años que alegarán las compañías para evitar los pagos millonarios.

El modus operandi del cártel consistía en dos actitudes fraudulentas combinadas. Por un lado, obstaculizaba las licitaciones públicas por las que las autoridades sanitarias adquirían pañales para distribuirlos entre pacientes no hospitalizados: las empresas condenadas interponían recursos de forma reiterada para dificultar esas licitaciones, y así conseguir que se vendiesen en farmacias, donde conseguían mayor rentabilidad.

Por el otro, una vez orientada la distribución a las farmacias, los fabricantes sancionados alcanzaban acuerdos, a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. Con esto falseaban la competencia y obtenían mayores márgenes.

Al margen del Estado y las autonomías, los consumidores habituales de pañales podrían interponer demandas civiles individuales, pero es complicado dada la década transcurrida desde que terminó el cártel. El afectado tendrá que acreditar el desembolso extendido en el tiempo y con facturas.