Cantabria perdería 350 millones al año si sale adelante la propuesta de financiación autonómica

La región no solo perdería su posición de privilegio actual que la sitúa como la primera del ranking nacional en financiación por habitante, sino que tendría serios problemas para garantizar la prestación de servicios básicos. Esos 350 millones de euros suponen todo el dinero que gestionarán a lo largo de los próximos doce meses tres consejerías del Ejecutivo cántabro, las de Obras Públicas, Medio Rural y Economía. De los 3.340 millones que suma el Presupuesto regional para 2022, 2.200 corresponderán a la financiación autonómica y el resto a ingresos por recaudación y recursos propios.

Si el nuevo sistema estuviera vigente a partir del 1 de enero, esa las entregas a cuenta procedentes del Estado serían solo de 1.850 millones de euros, un hachazo del 16% respecto a la partida actual. «El impacto es muy importante», reconoce la consejera de Economía, la socialista María Sánchez, que confía en que las aportaciones que haga la comunidad autónoma y otros territorios que están en la misma situación y que también están en la lista de perjudicados.

La explicación técnica para entender por qué ocurre esto es compleja. El borrador que ha enviado al Ministerio se basa en el criterio de la población ajustada. Es decir, que cada territorio no recibe lo que le correspondería por su peso poblacional, sino que hay una serie de factores correctores. El envejecimiento, la dispersión, la orografía, el número de escolares… Elementos que distorsionan el gasto y que Cantabria y las otras siete regiones que hace un mes se reunieron en Santiago de Compostela para hacer un frente común defendían. Eso figura y, con ese cálculo, Cantabria saldría beneficiada. Si hoy la región tiene el 1,1% de la población, con el sistema en vigor recibe el 1,35% de la tarta y con el sistema propuesto pasaría al 1,55%.

La 'trampa' es que eso sería toda la financiación y, aparentemente, desaparecía el Fondo de Suficiencia de las comunidades autónomas. El 80% de todo el dinero se repartía en base a la financiación y el 20% en base a este fondo. Con la revisión, la financiación autonómica pasaría a ser el 100%. Ahí es donde viene el gran mordisco que en total deja por el camino 350 millones de euros.

Con este escenario por delante, Cantabria ha creado un grupo de trabajo en el que, además de la Consejería de Economía, está presente el equipo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria que dirige el profesor David Cantarero. Ya han empezado a redactar las alegaciones que estarán listas para enviar en torno a la tercera semana de enero -Hacienda ha dado de plazo hasta ese mes para recibir respuestas- .

Ellos cerrarán las «aportaciones necesarias con argumentos y bien fundamentadas para plantear las posibles alternativas que desde Cantabria se puedan hacer para no perder capacidad de financiación. Será, según ha precisado María Sánchez, será «un documento de carácter estrictamente técnico sin valoraciones políticas» que la socialista confía en que tenga una recepción positiva por parte del Gobierno central, que desde el principio, al enviar su propuesta, ha matizado que es «un documento vivo y al que se pueden hacer aportaciones».

Habrá que ver cuáles son los argumentos concretos de Cantabria frente al Ministerio, pero la idea que maneja la Consejería de Economía es insistir en la necesidad de que se cubra el coste efectivo de los servicios. Porque pagar la Sanidad o la Educación en lugares con la población muy dispersa por el territorio o que está muy envejecida es más costoso que hacerlo en grandes ciudades con un censo más joven. Eso, y la exigencia de mantener el 'statu quo' actual. Es decir, que al menos se reciba el mismo dinero que se venía recibiendo hasta ahora. Que la mejora de las condiciones que ahora están más perjudicadas no se haga a costa de la pérdida de Cantabria o La Rioja, por ejemplo, que siempre están en la parte alta de la tabla.

María Sánchez espera que a lo largo del próximo mes sea posible establecer un consenso más amplio, con el resto de partidos políticos y los agentes sociales de la región, para que las alegaciones de la Consejería tengan el apoyo más amplio posible.