Cantabria ha perdido sólo nueve de sus 527 juntas vecinales en veinte años

La pedanía más pequeña de Cantabria y la más grande, Muriedas (Camargo), están separadas por 103 kilómetros y 12.360 personas. En medio hay otras 518 entidades locales menores, de tamaño inferior al municipio: juntas vecinales cuando tienen más de 100 habitantes o concejos abiertos cuando son menos. En las primeras una directiva formada por cinco electos se encarga de la gestión y en los segundos sólo hay un presidente y todas las decisiones se toman en asamblea, con democracia directa. Son nueve menos que hace veinte años. Desde que entró en vigor la ley autonómica que regula estas entidades públicas han desaparecido casi una decena en distintos municipios. Abrió la lista en 2001 Rucandio (Riotuerto) y después le siguieron Molleda y Portillo (ambas en Val de San Vicente), Soto Rucandio (Valderredible), Acereda (Santiurde de Toranzo), Candenosa (Valdeprado del Río) y Santa Olalla (Valdeolea).

También otro concejo abierto con el mismo topónimo, el de Santa Olalla, pero de Aguayo, como su vecina Santa, fueron 'extinguidas' por no presentar a tiempo sus cuentas a los organismos correspondientes, aunque casi siempre que desaparece una entidad de este tipo es por otro motivo. Muerte natural. Cuando llegan unos comicios municipales y nadie presenta candidatura no se certifica la defunción, pero sí que se puede decir que la autonomía política del pueblo entre en la UVI. La ley establece que hay que realizar otra convocatoria electoral extraordinaria a los seis meses por si algún vecino se lo piensa mejor. De lo contrario, a partir de ese momento se pone en marcha el fatídico mecanismo.

Ocurrió en Acereda en el 2015. Ni PP, ni PSOE, ni PRC, ni independientes... Nadie presentó lista. «Pasó a depender del Ayuntamiento, pero yo creo que a nosotros nos perjudica. Ya tenemos bastante con la gestión municipal y siempre está bien tener alguien con la gestión diaria del pueblo. Es el que está más sobre el terreno y se entera mejor de los problemas», apunta el alcalde de Santiurde de Toranzo, Víctor Manuel Concha. El dinero depositado en la cuenta corriente de Acereda pasó al Ayuntamiento y también la administración de sus bienes, pero tanto ese dinero como los rendimientos del patrimonio -aprovechamiento forestal o cinegético- tienen que volver al pueblo en inversiones. Casi siempre, pequeñas obras o arreglos.

Su homólogo de Soba, Julián Fuentecilla, recuerda que ese proceso también arrancó al mismo tiempo en la pedanía de Valdició, pero allí no llegó a resolverse. Entonces nadie quiso ser presidente de su concejo abierto, pero la burocracia es lenta y antes de que se aprobara la disolución de la entidad local menor se han celebrado otras elecciones municipales en las que ahora sí ha habido candidatura. Fuentecilla lo celebra: «Este municipio es muy extenso y este núcleo está bastante lejos del centro del municipio. Las juntas vecinales son muy colaboradoras y es bueno que haya una persona que haga de intermediaria. Si siempre son necesarias, esta mucho más».

Como Valdició, en las últimas dos décadas también se han salvado 'in extremis' Vega (Villafufre), Pembes (Camaleño) y Viveda (Santillana del Mar), que pendió de un hilo por desavenencias internas. Actualmente, Abaño (San Vicente de la Barquera) está en proceso de disolución porque ni en 2015 ni en los pasados comicios de mayo de 2019 hubo suerte y Correpoco (Los Tojos) va por el mismo camino: ningún vecino ha dado el paso para ser el pedáneo durante los próximos cuatro años.

El regidor de Soba reconoce que algunas de sus juntas vecinales y concejos abiertos se encuentran entre los más privilegiados de Cantabria. Además de los ingresos normales de tasas, por la caza o la venta de madera, ellos reciben suculentas cuantías por el único parque eólico que en estos momentos existen en la región. La mayoría no tienen esa suerte y llegan mucho más justos a final de año. «Estamos totalmente maltratados por todas las administraciones. Es un milagro que las más pequeñas sigamos existiendo por la cantidad de exigencias contables y en materia de transparencia que nos exigen. Las mismas que un ayuntamiento de 2.000 habitantes», lamenta Silvia Gómez, que se confiesa una gran defensora de las entidades locales menores. No pensaba repetir como presidenta del concejo abierto de La Costana (Campoo de Yuso), pero ha cambiado de opinión para que no desaparezca. En algunos casos, la gestoría que se encarga de las cuentas se lleva la mitad de los ingresos.

José Antonio Corada tuvo el último año unos 6.000 euros para gestionar. A pesar de las diferencias de tamaño, el presupuesto no dista tanto de los 16.000 de Muriedas. Allí no hay arrendamiento de pastos o cacerías. También las necesidades son distintas. «Ahora tenemos pendiente el asfaltado del pueblo. Tenemos ya el proyecto», asegura. Aunque él sea el único vecino, en el Concejo Abierto de Otero del Monte hay debates muy vivos. Se convoca cada tres meses en las antiguas escuelas y suelen acudir los hijos y nietos de los emigrados: «También discutimos y a veces somos tantos que no cabemos. En cuanto desaparezca esto, desaparece Otero».