Cantabria permitirá la instalación de eólicos en 19 municipios, pero solo en el 3% del territorio

El responsable del área, José Luis Gochicoa, ha confirmado que el Consejo de Gobierno dará el visto bueno al documento en mayo. Será la herramienta que permita suspender las licencias en aquellas zonas que figuren como vetadas a los molinos y servirá para que las empresas desistan de presentar nuevos proyectos en el 94% del territorio. Ese es el porcentaje de la región donde los eólicos no tendrán cabida. En la práctica, supone que quedarán descartados definitivamente Ribota, Garma Blanca o Quebraduras, tres de los parques impulsados por Green Capital Power en la comarca pasiega y Trasmiera que mayor contestación han provocado por su impacto paisajístico. También Bustafrades o Cerro Airo pasarán a la historia.

En otro 3% del territorio su instalación estará condicionada a una serie de exigencias adicionales. Así, solo el 3% (las islas blancas entre el rosa del mapa que acompaña esta información) del suelo es susceptible de acoger las torres para la producción renovable de electricidad. Una parte mínima de la región, pero que involucra a la mitad de los municipios. En concreto, en 19 ayuntamientos hay zonas preferentes que se desarrollarán o no en función de distintos factores. Según el mapa hay puntos de este tipo hasta en 53 municipios, pero en 34 de ellos son tan pequeños que la viabilidad de un proyecto eólico es nula. Se podría resumir en tres áreas:Soba, donde desde hace una década funciona el único parque de Cantabria, los alrededores del pantano del Ebro y la zona alta del Besaya. Esto último incluye el cordal de El Escudo, la futura ubicación del proyecto eólico más avanzado de cuantos están en revisión en los despachos. Ese que el Gobierno confirma que sí o sí saldrá y que será uno de los más grandes del norte de España.

Desde hoy cualquier municipio o particular puede ver si sus terrenos –la escala es general, no va al detalle de cada metro cuadrado– están o no en zona eólica o de exclusión. En cualquier caso, que la zona se apta no quiere decir que el parque logre la autorización automáticamente, porque el expediente tendrá que superar las exigencias actuales. Como hasta ahora. «No es un sustituto del trámite de evaluación ambiental al que tendrán que ser sometidos en todo caso todos los futuros proyectos que se quieran implantar en Cantabria», resumía Gochicoa.

Y también son públicos los motivos por los que una zona tiene una calificación o la contraria. Obras Públicas insiste en que el mapa se ha desarrollado atendiendo a criterios puramente técnicos con multitud de variables. La existencia de zonas protegidas, humedales, hábitats de especies protegidas, espacios de nidificación de aves, presencia de murciélagos y osos pardos, aspectos arqueológicos y geológicos, distancia de las poblaciones, el impacto paisajístico desde la costa... El punto de partido ha sido un mapa de viento. Sobre todo el territorio de Cantabria se destacaron aquellos lugares en los que las condiciones de viento –la mayor parte del litoral no alcanza los valores mínimos– hacen rentable la producción eólica. Los que no cumplieron esa condición mínima fueron los primeros que se descartaron y a partir de ahí se fue reduciendo progresivamente la proporción de suelo apto a medida que se introducía el resto de variables.

El consejero espera, pese a que solo el 3% del suelo estará disponible, que sea suficiente para instalar los 700 megavatios de potencia que fija de máximo el Plan Energético de Cantabria y que serviría para dar respuesta a un tercio de la demanda de la región. No es fácil, dice Gochicoa, pero «sí posible». Porque el objetivo del Gobierno de Cantabria es salir del furgón de cola de la implantación de las energías renovables a nivel nacional. En este momento, solo el 10% de la producción regional es verde y se debe fundamentalmente a la hidroeléctrica.