Cantabria pide incluir en la sectorial de Justicia acuerdos vinculantes sobre eficiencia

El Gobierno de Cantabria ha pedido que incluir en el orden del día de la Conferencia sectorial de Justicia, que se celebrará el próximo viernes en Barcelona, tres nuevos puntos que conlleven acuerdos decisorios con carácter vinculante para implantar la ley de medidas en materia de eficiencia.

Así se lo ha trasladado la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, según ha informado el Ejecutivo cántabro en un comunicado, en el que recuerda que la norma deberá estar implantada en siete partidos judiciales de Cantabria, incluido Torrelavega, antes del próximo 1 de julio, y para el 31 de diciembre de 2025 en el partido judicial de Santander.

Urrutia ha explicado que el orden del día de esa reunión se limita a establecer un único punto, de carácter meramente informativo, sobre el 'Estado de implantación del Nuevo Modelo Organizativo en el territorio del MPJRC y en las CCAA con competencias transferida.

Y ha solicitado incluir en el orden del día los puntos de carácter decisorio relativos a la aprobación de los modelos de referencia remitidos con la convocatoria, necesarios para el desarrollo de la nueva ley y la incidencia en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita (turno de oficio) de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias.

Además, ha considerado necesario incluir como punto del orden del día de la reunión, con el mismo carácter decisorio, la propuesta de 'Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, por el que se acuerda un marco común en materia de teletrabajo para las comunidades autónomas con competencias transferidas y el territorio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes'.

Por su parte, a título informativo, ha solicitado también la inclusión de dos puntos más en el orden del día. El primero, sobre la financiación o medidas de compensación económica a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia por los cuantiosos costes de la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial.

El segundo, sobre el estado de los proyectos de modificación normativa que está elaborando el Ministerio, en desarrollo de la citada Ley Orgánica y que resulta necesario conocer para la toma de decisiones que permitan la más correcta implantación del nuevo modelo.

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