Cantabria pide al Ministerio un Juzgado de Primera Instancia para Santander

El Gobierno de Cantabria ha pedido este miércoles al Ministerio de Justicia la creación de un juzgado de Primera Instancia en Santander y el refuerzo de la Audiencia Provincial con dos nuevas plazas de magistrado. La petición se ha basado en las «elevadas cifras» de pleitos civiles que acumulan los actuales juzgados y en la consolidación de las secciones penales para la Audiencia, que conseguiría de esta forma «más efectividad».

La solicitud, realizada por la Consejería de Presidencia y Justicia en el seno de la Conferencia Sectorial de Justicia, viene a dar respuesta a las necesidades de ampliación manifestadas en reiteradas ocasiones por los operadores jurídicos de la región.

El Gobierno autonómico ha trasladado su compromiso de dotar con los medios personales y materiales necesarios la futura ampliación de la planta judicial autonómica, un esfuerzo que considera «debe ser asumido también por el Ministerio», dada la situación de la justicia de Cantabria, «una de las comunidades autónomas donde más pleitos se registran».

En este sentido, ha planteado de nuevo al Ministerio la necesidad de reforzar con un letrado la actividad judicial de Santander y, en concreto, el trabajo del juzgado especializado en cláusulas suelo y hacer frente al «alto» volumen de litigios relacionados con las condiciones abusivas en contratación hipotecaria. De hecho, según datos aportados por el Gobierno de Cantabria en la Conferencia Sectorial, en nuestra Comunidad se han presentado 4.529 demandas de cláusulas suelo, frente a autonomías de similares características como La Rioja y Navarra, donde esta cifra desciende a las 1.434 y 2.669 demandas, respectivamente.

Hasta el momento, la Consejería de Justicia de Cantabria ha seguido el compromiso de mantener los medios personales y materiales necesarios para mantener el juzgado especializado, en la línea solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), habiendo reforzado en dos ocasiones la plantilla de funcionarios de este órgano.

Por eso, considera necesario que el Ministerio vaya en la misma dirección y cubra la plaza con un nuevo letrado para coordinar el funcionamiento de la oficina judicial.

El Gobierno regional se ha sumado durante la Conferencia Sectorial a las demandas de mejoras laborales y el aumento de la independencia del poder judicial expresadas por magistrados, jueces, fiscales y letrados en todo el territorio nacional. En el caso específico de Cantabria, se apoya el incremento de las plantillas, sobre todo por el «alto índice de litigiosidad».

En este mismo ámbito, se ha solicitado homogeneizar el régimen de derechos laborales de todos los colectivos que trabajan en la Justicia y, en particular, de los funcionarios de esta administración pública. En la Conferencia también se ha abordado la coordinación en materia tecnológica, en la que existe una previsión a nivel nacional de invertir 132 millones de euros.

Por último, en la reunión, en la que Cantabria ha estado representada por el director general de Justicia, Pablo Ortiz, se ha abordado la reforma del registro civil, pendiente desde 2011. La región está de acuerdo en mantener el carácter público, gratuito y cercano al ciudadano del Registro Civil, «siempre gestionado en el entorno de la administración judicial y con el desarrollo del sistema tecnológico necesario para dotarlo de mayor eficacia y eficiencia».