Cantabria da los primeros pasos para la aprobación de una nueva ley de control ambiental

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica el anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural en el que somete a consulta pública la futura redacción del anteproyecto de ley con el objeto de recabar la opinión de los afectados por la norma respecto a los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos, y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Esta nueva ley persigue la utilización racional de los recursos naturales, la coordinación entre las administraciones, la simplificación de los trámites administrativos sin deterioro de la seguridad jurídica ni riesgos para el medio ambiente, la contribución eficiente de las técnicas de prevención y control a un desarrollo regional sostenible y reforzar la aportación de Cantabria a la lucha contra el cambio climático. Además, la norma apuesta por la «prevención» como herramienta clave para evitar la producción de daños ambientales, el «control e inspección ambiental» para identificar precozmente posibles daños y al causante de estos para que asuma las responsabilidades correspondientes, y la «transparencia, información y participación pública».

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, recuerda que uno de sus compromisos de legislatura fue redactar esta nueva ley, y ahora «damos los primeros pasos». Asimismo señala que esta legislación «actualiza el marco normativo de Cantabria en materia de prevención y control ambiental al establecido por las directivas europeas y la legislación del Estado». «Se trata de garantizar la calidad ambiental dando prioridad a la prevención y fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento e información a la ciudadanía», añade.

Además, la norma tiene otro objetivo claro, según explica el consejero: «dar plena seguridad jurídica» a todos los actores intervinientes (empresas, administraciones, asociaciones, ciudadanos...) y simplificar procedimientos administrativos, eliminando redundancias, facilitando mecanismos como la declaración responsable y generalizando las tramitaciones electrónicas en todo tipo de expedientes.

A la espera de que la ley entre en vigor en esta legislatura «con el mayor consenso posible», Blanco avanza que en los próximos meses se establecerán mesas de participación y de trabajo.