Cantabria es la provincia en la que más ha subido el precio del combustible

Eso dice, al menos, el último informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluye los datos extraídos de enero de este año y lleva una semana sobre la mesa del consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, contrariado por «el efecto inflaccionario de arrastre» de esa subida de precios en la economía de Cantabria.

Sota, que achaca el incremento a la política fiscal aplicada durante la etapa de los populares al frente del Gobierno de España, recuerda que la nueva fiscalidad que grava el consumo de carburantes -el llamado 'tipo especial único'- incorpora los dos tramos del antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que incluía uno autonómico de entre 0 y 4,8 céntimos de euro/litro (el conocido como céntimo sanitario, que aplicaban todas las regiones a excepción de Euskadi, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Cantabria) y otro estatal de 2,4.

Así, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en 2018, el nuevo gravamen conjunto se elevó a los 7,2 céntimos de euro/litro para todo el Estado.

Con la adopción de esa medida se han reequilibrado las diferencias que sobre el precio de los carburantes existían entre las provincias, pero, al tiempo, se han producido fuertes subidas en las cinco comunidades autónomas en las que el tramo autonómico era 0.

Y como Euskadi, Navarra, Castilla y León y La Rioja, Cantabria ha sido la gran perjudicada.

A día de hoy, es la cuarta región con el precio del diésel más caro, sólo por detrás de Islas Baleares, Guipúzcoa y Vizcaya, y la séptima con el precio de la gasolina más elevado, sólo por detrás de Islas Baleares, Guipúzcoa, Asturias, Vizcaya, Álava y Málaga.

«El tiempo nos ha dado la razón», afirma el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Jorge de Benito, que pone el foco precisamente sobre las cinco comunidades en las que no se aplicaba el tramo autonómico.

«Estaba claro que la medida adoptada por el Gobierno iba a provocar un considerable incremento en el precio de venta al público (PVP) de los combustibles que se dispensan en esas comunidades autónomas», dice De Benito, que en ese sentido, se remite al documento que el colectivo redactó en el mes de junio para expresar su rechazo a la medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez «en un momento especialmente inoportuno» teniendo en consideración que iba a empezar a aplicarse «cuando la actividad económica comienza a repuntar después de una durísima crisis».

De Benito, que recuerda el enorme esfuerzo que le costó al sector conseguir que el Gobierno regional retirara en su día el céntimo sanitario, lo cual permitió a los automovilistas cántabros quedar totalmente liberados de esa carga impositiva y adquirir durante un tiempo combustible a un precio más razonable, no se ve capaz de hacer un vaticinio sobre el camino que tomará el coste de los carburantes.

«Lo único que podemos asegurar es que las estaciones de servicio haremos cuanto esté en nuestras manos para minimizar el impacto que la movilidad de nuestros clientes genera en sus bolsillos».

Un impacto que no está siendo menor en los sectores profesionales relacionados con el transporte, que ya perciben los efectos derivados del aumento del coste de los combustibles.

Según el presidente de la Asocia-ción de Empresarios del Transporte de Cantabria, Vicente González, «la subida del precio del gasóleo significa un aumento de los costes que no podemos repercutir en nadie más que en nosotros mismos porque la competencia es brutal y la mayoría están dispuestos a asumirlo si con ello no adelgaza su cartera de clientes».

La peor parte, dice, se la está llevando el segmento ligero, es decir, los vehículos de hasta 7.500 kilos. «Sí, porque en el segmento pesado -o sea, aquellos de más de 7.500- el Estado reintegra el cien por cien del impuesto a todos los transportistas que están registrados en el censo del gasóleo profesional de la Agencia Tributaria».

De manera que toda la carga impositiva está recayendo en el ligero, donde esta fórmula no se aplica. «Se está produciendo un agravio comparativo que no entendemos», se lamenta José Vicente González, a quien esta distinción le parece lo suficientemente injusta como para destacarla en la batería reivindicativa que el transporte de mercancía ha colocado apuntando a Moncloa con la idea de que el gobierno resultante de las elecciones generales se haga cargo de ella.

Igualmente, el encarecimiento de la gasolina también está afectando al transporte de viajeros, que, en su caso, sí repercutirá ese sobrecoste en sus clientes.

«Nosotros, los taxistas, no repostamos ni un litro en las gasolineras», explica el presidente de la Federación Cántabra del Taxi, Manu Andoni Ruiz, que recuerda que ellos se abastecen en su propio surtidor. «Compramos el carburante directamente a la empresa Repsol y luego se lo vendemos a nuestros socios a un precio inferior al del mercado». Lo cual no quiere decir en absoluto que el sector no esté acusando la subida de precios que ha provocado la equiparación al alza de los impuestos especiales.

«Proporcionalmente nos repercute, por supuesto», matiza Ruiz, que no sabría decir en qué medida. «Y repercutirá en nuestros clientes», advierte.

Con ello, el presidente del colectivo quiere decir que el encarecimiento del precio del carburante «supone un incremento en los costes de explotación de actividad» que el gremio va a tener en cuenta cuando, llegado el día, revise las tarifas que se aplicarán a sus clientes el próximo 1 de enero.

En esa misma línea, el presidente de la Unión Patronal de Autotransporte de Viajeros de Cantabria, Daniel Álvarez, reconoce que la acusada subida del precio de los carburantes también se percibe en su sector, que, en su caso, trabaja con las tarifas impuestas por los contratos firmados bien con los ayuntamientos -en el caso de los servicios urbanos- bien con las comunidades autónomas -en el de las líneas regulares- y, por ello, y a diferencia del taxi, no puede revertir el sobrecoste en sus clientes.

«La subida del precio no repercutirá en los bolsillos de los viajeros, pero sí lo hará en el equilibrio económico de las empresas de transportes», vaticinó en su día Álvarez, que entonces aludió al compromiso del Gobierno de Sánchez de habilitar una línea de ayudas a través de la cual se pueda canalizar la devolución del dinero que ya está absorbiendo este impuesto.