Cantabria se queda atrás en la conservación del patrimonio industrial al carecer de inventario

Hay dos aspectos que juegan en contra del patrimonio industrial: carece de la belleza que puede tener una catedral, una casona montañesa o una vidriera, y tampoco tiene el componente de la antigüedad, argumento para valorar la prehistoria y todos sus vestigios. ¿Qué tienen entonces las fábricas valladas, las chimeneas de ladrillo rojo en mitad de un prado, las naves o los cargaderos de metal para que de un tiempo a esta parte se eleve la voz contra su decrepitud? La sociedad ha pasado de la mina a la era digital en apenas un siglo, y sin embargo, el hecho de que se haya consumado el cambio de modelo productivo en un santiamén no hace que las generaciones que han vivido atadas a la industria de su pueblo o de su región olviden quiénes eran, lo que hacían, de dónde salía el jornal que llegaba a casa. Venía de esas fábricas ruinosas. De esas minas. De esas centrales hidroeléctricas.

Ahora que los almacenes se miden en bytes y no en metros cuadrados, cada vez más ciudades se toman estos restos como un punto de partida para contar quiénes son en la actualidad. En ese sentido, la arquitectura industrial es el relato social de cada pueblo, y a falta de belleza o antigüedad, este patrimonio revela un valor que el Ministerio de Cultura quiere blindar con la modificación de la Ley de Patrimonio de 1986 en la que está trabajando. Quiere dotar de más protección a estos conjuntos, y para ello, hay que empezar por reconocerlos, y por tanto, identificarlos.

En Cantabria, de hecho, fuimos pioneros cuando al redactar la norma autonómica en 1998 ya se incluyó una alusión a este tipo de patrimonio. La región se dotó entonces de herramientas para la protección del mismo, pero en la actualidad, sólo 29 bienes industriales gozan de alguna figura que reconoce su valor, y evita que se destruya, según datos del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2012. «Los restos industriales suelen verse más bien como el recordatorio del fracaso de un modelo productivo y tienen un sesgo negativo que dificulta apreciar los valores arquitectónicos, estéticos y patrimoniales de estas edificaciones», dice el decano de los arquitectos cántabros, Moisés Castro. Por eso, «disponer de algún grado de protección tampoco supone una garantía de conservación si no hay una auténtica adhesión social y pública a la preservación del patrimonio arquitectónico e industrial». La clave radica en identificar qué se tiene, y en ese sentido, Cantabria se ha quedado a la cola del resto del país al carecer de un inventario que identifique su arquitectura industrial y todos los bienes que conlleva: «Lo primero es conocer para proteger, y si no sabes lo que tienes, no lo vas a valorar nunca», explica Gerardo Cueto, profesor de Patrimonio de la Universidad de Cantabria y miembro de la Comisión Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial. Para ello, dice, «sería necesaria la realización de un inventario o catalogación del mismo, y a diferencia de otras regiones como País Vasco, Castilla y León, Asturias, Cataluña y Galicia, Cantabria no cuenta con un inventario que recoja el volumen y calidad de sus bienes», explica.

En Asturias, por ejemplo, cuentan desde 2016 con una base de datos que ha recogido hasta 1.700 elementos, de los que un millar cuenta con protección. Lo más curioso es que este inventario «actualiza y mejora» el que ya tenían de los años 80. ¿Qué ha hecho Cantabria mientras tanto?

Aquí hubo un intento de crear un gran estudio en 2001, cuando se publicaron tutelados por la Consejería de Cultura los tres primeros tomos del Catálogo General de Patrimonio, un ambicioso proyecto que iba a tener diez tomos y que coordinaba el catedrático de Historia del Arte de la UC Julio Polo. El proyecto se paró: «Es una gran pena que no se haya continuado porque había un enorme grupo de expertos implicados y en dos años se podría haber catalogado todo el patrimonio de la región, incluido el industrial», recuerda el que fuera entonces consejero de Cultura, José Antonio Cagigas. Ese mismo año, el Ministerio de Cultura realizó el Estudio de la Situación del Patrimonio Industrial en España. Lo hizo dentro de un Plan Nacional de Patrimonio Industrial que ha contado con 4,8 millones de euros entre 2010 y 2018. Entonces centró el foco en cada comunidad autónoma, pero en ese listado «sólo aparecen los bienes protegidos, y la mayor parte de ellos se corresponde con patrimonio preindustrial, es decir molinos, alguna ferrería y elementos similares», apunta Cueto, que pone el acento en que, ante la falta de protección, corren el «peligro de desaparición por la desidia o la indiferencia de las administraciones implicadas».

Ante la modificación nacional, ¿cuál es el papel que le toca ahora al Gobierno de Cantabria? «Desde la Consejería hay interés en realizar este inventario y más cuando el Ministerio va a modificar la Ley a este respecto», dice la directora general de Cultura, Eva Ranea, consciente de que «la identificación y la conciencia sobre el patrimonio industrial es aún muy leve». Por ello, dice, «es importante que este patrimonio no se pierda y se proteja como reflejo también de una forma de vida».

Para lograrlo, la clave está en tres asuntos fundamentales: la legislación, como es lógico, pero sobre todo en la educación y en la dotación presupuestaria. «España muy pronto se inició en la primera de ellas, desarrollando leyes y decretos, incluso avanzados, pero no fueron dotados de los recursos económicos imprescindibles, y en cuanto a la educación patrimonial se puede decir que nada o muy poco se hizo», dice el delegado en Cantabria de Hispania Nostra, Aurelio González Riancho, y mientro del Grupo Alceda. Porque, ¿de qué sirve una ley si quien debe cumplirla desconoce en qué consiste, a qué puede acogerse dicha ley si no hay un inventario capaz de enumerar los bienes con que cuenta Cantabria? «La catalogación es imprescindible», insiste González Riancho: «La legislación española y también la local recomienda la necesidad de inventariar y catalogar todos los bienes, no sólo los de Interés Cultural, sino todos los que tengan cierta relevancia desde el punto arquitectónico, histórico, arqueológico, técnico o industrial, y esto no se ha hecho en Cantabria».

Lo mejor para entender la reclamación siempre es la realidad y sus ejemplos: «Si no sabes el valor que tiene un cargadero de tu ciudad, que es el mejor conservado del norte del país, es muy fácil tirarlo», recuerda Gerardo Cueto al referirse a lo que «a punto estuvo de pasar en Astillero hace quince años. Ahora es un referente para el propio municipio, un elemento singular».