Cantabria quiere tres jueces más: uno en Santander y otros en San Vicente y Santoña

Cantabria pedirá al Ministerio de Justicia la creación de tres plazas de juez para reforzar tanto la jurisdicción social en Santander como los partidos judiciales de Santoña y San Vicente de la Barquera. Así lo han acordado este miércoles las entidades y colectivos jurídicos firmantes del Pacto para la Justicia, que han consensuado esta solicitud de la Comunidad autónoma para garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

Según ha informado el Gobierno regional, la opinión sobre lo que se tendría que pedir se ha alcanzado de forma «unánime». Han participado en el encuentro representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), de la Fiscalía Superior, los colegios profesionales de la Abogacía, Procuradores, Psicólogos y Graduados Sociales así como Letrados de la Administración de Justicia y del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.

Isabel Urrutia, consejera de Justicia, ha asegurado que remitirá esta petición de forma inmediata al Ministerio, toda vez que se trata de paliar las cargas de trabajo que están soportando las unidades judiciales de Cantabria. También se ha tenido en cuenta el nivel de resolución y pendencia que recoge el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en sus últimas memorias. Estos informes reflejan que estos órganos están «sobrecargados» y que la situación es «insostenible» para garantizar un buen funcionamiento de la Administración judicial en la región.

La consejera ha subrayado que al Ministerio que dirige Félix Bolaños «ya no le vale la excusa de que no habrá nuevas unidades judiciales porque no hay presupuestos», después de haberse comprometido en diciembre a la creación de cinco nuevos órganos judiciales con la Generalitat de Cataluña. Por ello, ha instado al Gobierno central a que «atienda la petición y dejen de producirse «los atrasos importantes que se producen, por ejemplo, en el ámbito de la jurisdicción social en la región con señalamientos tardíos, que vulneran incluso el derecho a la tutela judicial efectiva.

En esta reunión se ha hecho balance de la ejecución de los compromisos del Pacto para la Justicia firmado hace siete meses. Urrutia ha avanzado que en abril concluirá el estudio sobre el estado de las once sedes judiciales de la comunidad autónoma, que incluirá un programa calendarizado de obras y su oportuna valoración. En este ámbito, ha asegurado también que, en unas semanas, se tomará una decisión definitiva sobre la nueva sede del Instituto de Medicina Legal.

Por otro lado, se han analizado los avances para implementar las reformas de la ley nacional de eficiencia organizativa, que «exigen en un plazo corto de tiempo un importante esfuerzo» por parte de las comunidades.

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