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c. de la peña
Domingo, 1 de septiembre 2019, 08:06
Cantabria se mantiene como la primera comunidad que más recursos recibe del actual sistema de financiación autonómica para sostener servicios básicos, como la sanidad, educación y prestaciones sociales. Para muchos goza por este motivo de una situación privilegiada con la que habría que ... terminar en el nuevo modelo. El Gobierno catalán sin ir más lejos, uno de los más críticos, habla de un «reparto arbitrario» de recursos entre comunidades. Pero lo cierto es que Cantabria es también la quinta comunidad que más recursos tributarios por habitante aporta al sistema, por detrás de Madrid, Baleares, Cataluña y Aragón.
Así se desprende de los datos de liquidación correspondientes al ejercicio 2017 recopilados por el Ministerio de Hacienda, según los cuales cada cántabro aportó de media 2.502 euros al sistema de financiación a través de los impuestos (IRPF, IVA e impuestos especiales) y recibió 3.141 en forma de inversiones y gasto del Estado (Fondo de Garantía, Fondo de Suficiencia Global y Fondo de Cooperación), lo que arroja una diferencia a su favor de 639 euros por habitante.
Pero eso no significa, a juicio de los expertos, que el nivel de financiación de la comunidad autónoma sea suficiente. Ángel Agudo San Emeterio, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Cantabria, relaciona el crecimiento de endeudamiento de nuestra comunidad con una insuficiente financiación.
Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica, en 2009, hasta finales de 2018, Cantabria ha multiplicado por cinco su deuda pública por habitante. al pasar de 662 millones a 3.171. Aunque eso mismo «sucedió en todas las comunidades, en una horquilla entre 2,5 y 7 puntos, Cantabria fue la segunda en la que más creció, sólo superada por Murcia», señala Agudo. A su juicio, este nivel de endeudamiento es indicativo «de un escaso nivel de financiación, que en nuestra comunidad es especialmente relevante». Es decir, a su juicio, Cantabria tiene que endeudarse para mantener la calidad de servicios públicos que presta, porque lo que obtiene del modelo de financiación es insuficiente.
Sin embargo, David Cantarero, profesor de Economía Pública de la Universidad de Cantabria, sostiene que esta correlación entre estas dos variables (más financiación y más deuda) «no significa que una provoque la otra. No todo el presupuesto de Cantabria se nutre del sistema de financiación autonómica sino que la deuda puede haberse generado, además de por una financiación por debajo de nuestras necesidades de gasto, por otros motivos como tipos de interés bajos, déficit público, menores ritmos de crecimiento, etc».
Sea como fuere, lo que cierto es que en el nuevo modelo de financiación que Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar en ocho meses si logra formar Gobierno, Cantabria se juega su futuro, según coinciden en señalar tanto el Gobierno como todos los partidos políticos con representación parlamentaria. El profesor Cantarero estima que Cantabria podría perder el 25% de sus recursos, unos 375 millones en términos totales, si se imponen modelos basados en la población, que no tengan en cuenta adecuadamente criterios como la dispersión geográfica, orografía o envejecimiento de la población, además de la cláusula del 'statu quo', que garantiza que la región nunca reciba menos de lo ya prescrito. Por eso el Ejecutivo se propone iniciar el nuevo curso político que comienza en septiembre promoviendo «un frente común» para defender un sistema basado en el coste efectivo de los servicios y que tenga en cuenta todos los criterios que están presentes en el modelo actual. A este debate se suma los 135 millones que corresponden a Cantabria en concepto de actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación y que no han llegado debido a la falta de un Gobierno estable.
El actual modelo de financiación autonómica entró en vigor en enero de 2009 y se aplica en todo el territorio del régimen común, excepto en el País Vasco y Navarra. La financiación proviene de dos vías. Por un lado, de la recaudación de los tributos, tanto los cedidos totalmente (por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio y de Sucesiones), como los cedidos parcialmente (el IRPF y el IVA, en un 50%; o los Especiales, en un 58%). De los ingresos fiscales que recaudan las comunidades se quedan con el 25%. Por otro lado, la segunda fuente de financiación son cuatro fondos (el de Garantía, el de Suficiencia Global, el de Cooperación y el de Competencia) que canalizan transferencias estatales hacia las comunidades y redistribuyen recursos entre ellas según diferentes criterios.
De acuerdo con el sistema actual, esos criterios son: población protegida equivalente, 38%; población, 30%; población en edad escolar (entre cero y 16 años), 20,5%; población mayor de 65 años, 8,5%; superficie, 1,8%; dispersión de la población, 0,6%, e insularidad, 0,6%. Con la aplicación de estas variables Cantabria ha conseguido situarse durante toda la década a la cabeza de las comunidades con mejor financiación por habitante (2.971 euros en 2017).
Casi 1.800 millones de su presupuesto vienen del sistema de financiación, que llega de la siguiente manera. Cada verano, el Gobierno informa de su previsión de ingresos a las autonomías para que elaboren sus presupuestos. El Estado les transfiere anticipos mensuales de acuerdo con los impuestos cedidos; dos años más tarde, con las cuentas ya cerradas, se liquida la diferencia entre lo estimado y lo finalmente recaudado. Todo ese mecanismo está regulado por ley, de manera que si el Gobierno central no aprueba sus presupuestos no se pueden actualizar las cantidades e impide que lleguen a las comunidades.
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