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La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presume de que cumplió su palabra y que, en el primer año de legislatura, bajó «todo lo posible todos los impuestos posibles». La rebaja fiscal que la jefa del Ejecutivo califica como «histórica» entró en ... vigor el 1 de enero de 2024 y, según los cálculos del consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, tendrá un impacto de alrededor de 90 millones de euros al año. Un dinero que se quedará en los bolsillos de los ciudadanos y que, de cumplirse sus previsiones, contribuirá a dinamizar la actividad económica de tal manera que se produzca una subida de la recaudación y no todo lo contrario, como cabría esperar. Esa idea de que bajar impuestos no significa reducir los ingresos no la compraron ni PSOE ni PRC, pese a que los regionalistas sí apoyaron la reforma fiscal a cambio de suavizar los beneficios para las rentas más ricas y favorecer algo más a las medias y bajas.
Discrepaban en las consecuencias, pero en lo que sí coincidían todos los partidos políticos era en que los efectos reales de ese movimiento tardarían casi dos años en verse porque la mayor parte del impacto se producía sobre el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF), el que se calcula en la declaración de la renta analizando los números de cada ciudadano del año anterior. Es decir, que hasta la declaración de la renta que se haga entre abril y junio de 2025 los cántabros no notarán la rebaja fiscal que se aprobó en el Parlamento de Cantabria en diciembre de 2023.
Existía acuerdo en que habría que esperar algún tiempo para ver si la bajada de impuestos aumentaría la renta disponible de las familias sin reducción de ingresos o si generaría una caída de la recaudación que haría cada vez más difícil mantener servicios públicos como la sanidad y la educación. Entonces, ¿por qué el Gobierno de Buruaga asegura que los datos de recaudación ya confirman que entra más dinero con menos impuestos?
Porque aunque el IRPF es el impuesto que concentra el grueso de la rebaja, hay otros que también se han tocado y cuyos efectos se ven en tiempo real. En concreto, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). El que se paga, por ejemplo, cuando se compra una vivienda, un coche de segunda mano o se formalizan ciertos contratos mercantiles. Los datos de Economía apuntan que entre enero y septiembre se ha recaudado 17 millones de euros más en el mismo periodo de 2023.
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El PP tiene claro que esto ha ocurrido porque Cantabria es ahora más atractiva para invertir y que, sin la rebaja fiscal, la comunidad autónoma no habría sumado esos recursos adicionales. Que, por ejemplo, una persona que dudaba si comprar una casa en este momento y en esta región, ha dado el paso movida por el nuevo escenario fiscal.
Es evidente que ha entrado más dinero -en nueve meses se alcanza ya el 89% de lo previsto para todo el año-, otra cosa es que esto tenga una relación directa con la bajada de impuestos o se deba a otros motivos. Esos 'otros motivos' son por los que vienen apostando en las últimas semanas en distintos debates en el Parlamento autonómico las portavoces en Economía de PRC y PSOE, Paula Fernández y Ana Belén Álvarez, respectivamente.
Su diagnóstico es similar: creen que se recauda más en ITP y AJD porque, básicamente, ha subido mucho el precio de las viviendas quese venden en Cantabria. Que no hay más actividad económica, sino que con menos porcentaje de impuesto, la cifra absoluta sobre la que se hace el cálculo es más elevada. Y a ello suman que, con la actual situación del mercado, gran parte de las operaciones que se realizan en Cantabria no las protagoniza la población local, sino personas de fuera de la región con un poder adquisitivo mucho más elevado que buscan una segunda vivienda. Es decir, que los más beneficiados por la decisión del Gobierno son ricos extranjeros.
Incluso si el aumento de la recaudación se debiera al mayor dinamismo de la economía, tampoco se puede decir que esto sea consecuencia directa de la rebaja fiscal. También podría explicarse por la buena situación del empleo. Si el paro fuera del 20% en lugar de estar por debajo del 10%, se puede anticipar que la recaudación sería muy diferente.
Habrá que esperar a ver los números completos -incluidos los del IRPF, que serán mucho más claros- para ver quién tiene razón. Mientras tanto, lo que se puede hacer es comparar lo que ocurre aquí y en el resto del país con el ITP y el AJD. En Cantabria, la recaudación está subiendo un 12,6%, pero lo hace por debajo de la media nacional. Hay ocho territorios en los que creció más y ninguno de ellos tocó este impuesto en 2024. Esto podría explicar que tira más hacia arriba el buen momento general de la economía que la rebaja fiscal. Quizás, si Cantabria no hubiese tocado ese impuesto, el incremento no habría sido del 12,6%, sino superior. Otro argumento a favor: la única autonomía que lo bajó, además de Cantabria, fue Galicia. Allí, la recaudación solo sube el +2,7%.
Esa idea es la que manejan también organismos independientes, tanto regionales como nacionales. Desde Cantabria, el Consejo Económico y Social (Cescán), pese a celebrar la bajada de impuestos que llevó a cabo la presidenta Buruaga, sí discrepaba del Gobierno sobre las consecuencias y avisaba de que se traduciría en una bajada de la recaudación.
Lo hacía en genérico, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aporta cifras concretas. Estima que de aquí a 2029 la recaudación bajará en 83 millones de euros por la reducción de los cuatro impuestos que se tocaron: 52 millones por el IPRF, 5 por donaciones y sucesiones, 13 por el impuesto de Patrimonio -el de las grandes fortunas, que también se ha reducido- y 18 por el ITP y AJD.
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