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Cantabria seguirá el camino marcado por otros gobiernos autónomas del PP y no establecerá zonas tensionadas, la herramienta que ha desarrollado el Ejecutivo central a través de la Ley de Vivienda para fijar precios máximos al alquiler en aquellas ciudades o barrios con más dificultades ... de acceso. Lo confirmó ayer el consejero de Fomento, Roberto Media, que considera que lejos de ser una solución, el mecanismo que el Estado anima a poner en marcha tendría el efecto contrario al deseado. No habrá zonas tensionadas en Cantabria «bajo ningún concepto», aseguró el responsable del departamento, que es quien, según la norma, tiene la potestad para pedir al Gobierno central que cree estas áreas especiales. Ni un ayuntamiento ni el Estado puede hacerlo por su cuenta si la comunidad no quiere.
Aunque la ley se aprobó la pasada legislatura, lo que ha hecho ahora Vivienda es crear un Índice de Precios de Referencia, que fija un rango de precios –un mínimo y máximo– y que se tiene que aplicar a los alquileres en aquellos lugares reconocidos como zonas tensionadas. Un índice que se actualizará año a año en función de diversas variables objetivas, que es de acceso público para el arrendador y el arrendatario con solo introducir unos datos básicos en la página web del Ministerio y que arroja casi siempre precios máximos por debajo a los actuales del mercado.
La diferencia entre estos precios máximos y los que aparecen en los portales inmobiliarios varía en función de la ciudad y la comunidad autónoma. A modo de ejemplo, tomando el caso de cuatro anuncios publicados ayer en Cantabria (dos viviendas en Santander, una en Torrelavega y otra en Castro, ubicados en las calles que figuran en las fichas que acompañan esta información), de haber figurado estos lugares en la lista de zonas tensionadas los alquileres podrían ser al menos un 31% más baratos.
Amós de Escalante (Santander): Dúplex (77 m2) de dos habitaciones. Séptimo con ascensor.
Precio de mercado: 840 euros.
Rango si fuera zona tensionada: de 464 a 617 euros.
Bonifaz (Santander): Apartamento (95 m2) de dos habitaciones. Quinto con ascensor.
Precio de mercado: 1.250 euros
Rango si fuera zona tensionada: de 492 a 751 euros.
Av. de Solvay (Torrelavega): Apartamento (85 m2) de dos habitaciones. Segundo con ascensor.
Precio de mercado: 700 euros.
Rango si fuera zona tensionada: de 464 a 617 euros.
Playa de Ostende (Castro Urdiales): Piso (45 m2) de una habitación. Bajo exterior con ascensor
Precio de mercado: 700 euros.
Rango si fuera zona tensionada: de 378 a 549 euros.
El 'no' rotundo del Gobierno de Buruaga es casi una cuestión de principios. «El mercado no se puede regular», insistió Media, que subrayó que este tipo de actuaciones es propia de países comunistas: «Esto no es Cuba. Lo que tenemos que hacer es dar garantías a la gente para que saquen al mercado esas viviendas que tienen cerradas». Por ahora, Cataluña es la única comunidad autónoma que ha confirmado que establecerá zonas tensionadas. En concreto, serán 140 áreas. Además, también tienen intención de dar pasos en este mismos sentido otros dos territorios limítrofes a Cantabria como son Asturias y País Vasco, además de Navarra.
La postura del Ejecutivo de Buruaga choca con la que defiende el Gobierno central, que ha pedido a las autonomías que utilicen esta y el resto de herramientas que el Estado pone a su disposición para controlar el incremento de los precios del alquiler. «Si las autonomías son conscientes de que se está produciendo un incremento de los precios y no hacen nada, tendrán que dar explicaciones a sus ciudadanos, porque será una actitud y un comportamiento que irá en detrimento de su calidad de vida», expuso el pasado martes, durante la presentación del Índice de Precios, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.
Este índice será de aplicación obligatoria en las zonas tensionadas para los grandes tenedores –más de 10 inmuebles o cinco en la misma zona tensionada– y para cualquier propietario que ponga en el mercado un piso por primera vez en cinco años. Si la vivienda es de un pequeño propietario y ya estaba alquilada antes, la referencia no será obligatoriamente este índice, sino los precios del contrato anterior, que no podrán subir más de un 3% en la revisión. Aunque en las zonas no tensionadas no habrá obligación legal, el Ministerio cree que el índice también tendrá allí efectos positivos porque servirá como referencia.
En la Consejería reconocen que el acceso al alquiler es un problema, pero consideran que la solución no pasa por la intervención del mercado, sino por aumentar el parque público. En esta línea, recordó que en los últimos cuatro años el bipartito no construyó ni una sola vivienda de protección oficial, mientras que el PP se ha comprometido, a través de los fondos europeos que envía el Ministerio ha crear 171 inmuebles de este tipo, a las que se unirán en una segunda fase otro centenar. Casi 300 viviendas que estarán acabadas antes de 2026.
Media también señaló que la Ley de Vivienda que elaboró el bipartito –finalmente quedó en el cajón y no se llegó a aprobar– contemplaba «expropiar a aquellos que tienen la vivienda cerrada» y «multas de hasta 15.000 euros». Ahora, los populares harán su propia norma, que incluirá garantías para dar seguridad a los propietarios frente a la okupación. «En vez de tener medios para poder echarles de forma rápida y legal, la legislación nacional, desde que Sánchez llegó a La Moncloa, ha hecho lo contrario». Media también anunció ayer que las ayudas cántabras al alquiler se empezarán a pagar ahora a mes vencido –no de forma trimestral–, como pedían los beneficiarios y como prometió el PP en campaña.
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