Cantabria recibe a los primeros 19 refugiados procedentes de Afganistán

En los próximos días se prevé que la comunidad siga recibiendo otros grupos de desplazados desde Afganistán, aunque desde el Gobierno regional no se ha cuantificado el número de plazas disponibles para este plan de acogida, que se estaba evaluando desde la semana pasada. En el momento en que se registra la llegada de los primeros refugiados a la región se pone en marcha el dispositivo de actuación, el mismo que se activó con la crisis de Siria. De esta forma, se ofrece a los desplazados acceso a todos los recursos de Atención Primaria y de Servicios Sociales, así como a la escolarización de los niños pequeños. Todo ello con el fin de facilitar la integración de las personas que empiezan una nueva vida lejos de su país.

Desde que el pasado 18 de agosto España se ofreciese para ser el centro de acogida de afganos evacuados por la UE desde Kabul, ya han pasado por el dispositivo organizado en la base de Torrejón de Ardoz 1.579 personas, y casi el 85% de ellos han solicitado protección internacional.

Los ciudadanos afganos que han conseguido huir pasan aproximadamente 32 horas en Madrid y son sometidos a pruebas de coronavirus antes de su traslado a los diferentes centros de acogida del país. En estos destinos que ha puesto a disposición el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán permanecer entre seis y nueve meses hasta que soliciten el recurso de amparo.

A quienes decidan pedir protección internacional se les citará en una de las comisarías de la localidad a la que hayan sido derivados. De esta manera, se formaliza la petición y es enviada a la Oficina de Asilo Y Refugio (OAR). Hasta ahora, han acogido a refugiados comunidades como Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Cataluña.

Ya el pasado mes de mayo, cuando se inició la crisis migratoria de Ceuta y entraron cerca de 8.000 inmigrantes al país, Cantabria aceptó la petición de colaboración para recibir hasta 27 menores extranjeros no acompañados. Desde el Ejecutivo autonómico aseguraban que de esta manera pretendían cumplir «con los compromisos de cooperación, el principio de solidaridad y las normas de protección a la infancia para garantizar el interés superior de los menores y de las personas migrantes no acompañados».