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En lo peor de la crisis migratoria del pasado verano, cuando los servicios de protección de Canarias, Ceuta y Melilla no daban abasto para acoger más menores extranjeros y el asunto se convirtió en otro motivo de confrontación entre los principales partidos políticos nacionales, las ... comunidades autónomas accedieron a recibir a 400 menores. Fue una especie de parche para aliviar parcialmente las situaciones de tensión en los servicios de acogida canarios, pero que ni mucho menos solucionaba el problema. Frente al mecanismo estable y continuo en el tiempo que propuso el Gobierno central para el reparto de los menores extranjeros, la mayoría de ejecutivos regionales –a los del PP en los que los populares gobernaban con Vox les costó la ruptura de la coalición– solo aceptaron un único envío. A Cantabria, que puso el acento en que accedía a esta fórmula porque era «voluntaria» y subrayó que estaba totalmente en contra de la propuesta más ambiciosa del Ministerio, le correspondieron 29 chicos. Más de medio año después, aún no han llegado.
Desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) apuntan que tienen todos los medios humanos y materiales preparados y que, si no se ha completado el proceso, es por motivos achacables a Canarias. Carmen Arce, la máxima responsable de este organismo dependiente de la Consejería de Inclusión, señala que ambos gobiernos llevan desde julio conversando sobre este asunto. Incluso se llegó a firmar un protocolo que los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria echaron atrás. Según los técnicos, la fórmula de colaboración debía ser a través de un convenio. Ese texto fue remitido al Ejecutivo canario antes de fin de año y aún no hay respuesta.
«Seguimos a la espera. No sé cuál puede ser el problema. Imagino que estén muy saturados», razona Arce, que insiste en que el Icass podría empezar a recibir a los jóvenes a partir de mañana mismo. «No es que estemos preparados ahora, es que lo estábamos ya en el mes de julio», apunta la directora del Icass, que recuerda que en los ejercicios 2022 y 2023, Cantabria ya se mostró favorable a salir en apoyo de Canarias y las ciudades autónomas –de hecho, se pactaron cifras concretas– y tampoco se llegó a materializar ningún traslado.
Lo que sí ha llegado a Cantabria es el dinero que comprometió el Gobierno central con los territorios que aceptaran la llegada de menores extranjeros. En concreto, son 1,5 millones de euros, unos 150 euros al día por menor. «Ya que el Estado no adopta medidas, queremos que, al menos, la financiación sea seria y responsable», decía en julio la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río, que añadía que el Ejecutivo cántabro daba este paso pese a que los servicios de acogida «están tensionados». Entonces, había 21 menores que están distribuidos en cuatro centros de acogida ubicados en diferentes puntos. Ahora son 18. Cifras muy inferiores a los más de 150 que llegó a haber en 2018 –en este caso, menores que accedieron directamente a los servicios autonómicos, no desde otros territorios–, cuando el Icass se vio obligado a multiplicar las plazas disponibles.
En esta ocasión, Cantabria no sabe «ni la edad, ni los perfiles» de los chicos que llegarán desde Canarias. Y aunque tienen capacidad para recibir a estos 29 menores extranjeros, lo que reclama la Consejería es que la llegada –si finalmente se produce– se haga de forma escalonada para facilitar su adaptación.
Desde Vox, tanto en Cantabria como en Santander, han llevado a los plenos sendas iniciativas para rechazar este reparto de menores extranjeros no acompañados que han aceptado las autonomías. En el caso del PP, desde el Gobierno regional lo que rechazan es la «obligatoriedad» del reparto que pretenden Canarias y el Estado. «Ahora mismo somos el único foco de entrada de migrantes en la Unión Europea. Falta actuar en origen», concluye Arce, que responsabiliza el Ejecutivo de Pedro Sánchez de esta falta de medidas.
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