Cantabria no ha recibido aún migrantes en mitad de la guerra política por la crisis canaria

Tras un conato a cuenta de la reforma pendiente de la financiación autonómica y del Pleno en el Senado contra la amnistía a los encausados del 'procés' celebrado hace una semana, este es el primer gran enfrentamiento entre el Gobierno en funciones de Sánchez y los ejecutivos autonómicos del PP; el contrapoder territorial de que disponen los populares para responder a las políticas de La Moncloa. Ayer, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, por primera vez dio una cifra aproximada del volumen de ese operativo que ha puesto en pie de guerra al PP al reconocer que han sido entre 5.000 y 6.000 los inmigrantes que el Gobierno ha trasladado en las últimas semanas desde Canarias a la Península. Según el ministro, en estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las islas y 7.000 en la Península, aunque «no todos vienen de Canarias», precisó.

No obstante, los planes de su departamento, según diversas fuentes, pasan por alojar en el continente en breve a unos 11.000 inmigrantes, buena parte de ellos en cuarteles en desuso (por ejemplo en Madrid ya se trabaja en acondicionar instalaciones de Carabanchel y Alcalá de Henares), además de en residencias, hoteles y hostales.

En el caso de Cantabria, los posibles recursos son los que están adscritos a la red estatal. Principalmente el centro de acogida de Cruz Roja en Torrelavega y los que están a disposición del Ministerio a través de convenios de distinto tipo con organizaciones y entidades sin ánimo de lucro como Nueva Vida. Los mismos que se activaron cuando España puso en marcha la operación humanitaria por la llegada de refugiados ucranianos. Todos recursos estatales, no de titularidad autonómica, que sí servirán para acoger, cuando toque, a menores extranjeros no acompañados. Por ahora, Cantabria se ha comprometido a recibir a cerca de treinta jóvenes llegados también por mar a Canarias, aunque tampoco hay fecha.

Precisamente, Escrivá se ha convertido en el ariete del Ejecutivo central contra las autonomías 'rebeldes' populares y los responsables del PP. El ministro ha acusado en los últimos días a Isabel Díaz Ayuso de marcar el paso al resto de gobiernos del PP en contra de la operación de traslados. Incluso ha afeado directamente a diputados de la oposición, como Rafael Hernando, que aticen «las llamas del odio» por asegurar que el «Gobierno sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena» con los vuelos a la Península.

Ayer, el titular de Inclusión siguió alimentando la polémica al afirmar que «se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista con este asunto» cuando en realidad la llegada de africanos provocada por esta nueva crisis de los cayucos tiene una «dimensión mucho menor» que la operación para acoger refugiados ucranianos porque en esa ocasión se concedió protección temporal a 200.000 personas.

Lo cierto es que Ayuso, tal y como denuncian desde La Moncloa, efectivamente está liderando el rechazo a las formas en que se está llevando este operativo, en el que un millar de sin papeles se van a alojar en la Comunidad de Madrid. La presidenta se ha mostrado especialmente dura. «Canarias llevaba mucho tiempo avisando y Sánchez no ha hecho nada hasta ahora», argumentó. «Solo cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es de lo único que viven, es cuando se ha tomado una medida como esta, con nocturnidad», afirmó.