Cantabria no recibirá más fondos para la gestión de basuras por no implantar el quinto contenedor

Que Cantabria haya omitido sus obligaciones -básicamente durante la anterior legislatura, porque desde que tomó posesión en julio el actual Gobierno hasta ahora el margen de maniobra ya era mínimo- tendrá consecuencias desde el punto de vista del medio ambiente, pero también en otros aspectos. Por ejemplo, la reprimenda del Ministerio para la Transición Ecológica, que no se quedará en un mero tirón de orejas porque España quiere dejar de enviar a la comunidad autónoma fondos europeos destinados a la gestión de basura como castigo por no implantar a tiempo el quinto contenedor. Exactamente, lo que dice el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera es que «casi con total seguridad» Cantabria no podrá tener acceso a las nuevas transferencias de los fondos comunitarios para la mejora de gestión de residuos municipales solicitados en el marco de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (el Mecanismo MRR) porque estas se encuentran condicionadas «al cumplimiento de las obligaciones recogidas en la ley 7/2022», que era donde se fijaba ese plazo máximo del 31 de diciembre de 2023 para poner en marcha el quinto contenedor.

Se trata de una ley nacional, pero que en realidad es una transposición de una obligación comunitaria. E incumplirla, según apuntan fuentes ministeriales, «puede suponer la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea al Reino de España», como ya ha ocurrido, por ejemplo, respecto a la política de saneamiento de aguas residuales y la no eliminación de vertidos. «Si de dicho incumplimiento se derivada una sanción, dicha sanción puede ser repercutida a las comunidades autónomas o entidades locales que hayan ocasionado dicho incumplimiento», prosiguen estas fuentes. Es decir, que no solo está en serio peligro la llegada de fondos de la UE, también hay riesgo de multas.

A falta de analizar lo que está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas y su grado de cumplimiento con la obligación de implantar el quinto contenedor, lo que dice el Gobierno central es que no comprende por qué razón Cantabria retrasa el cumplimiento de la obligación de recogida separada de biorresiduos cuando desde el Ministerio se fue informando de dicho plazo desde que comenzó la tramitación de la ley 7/2022 en junio de 2020 y cuando en 2021 y 2022 se transfirieron recursos económicos destinados, fundamentalmente, al establecimiento de las nuevas recogidas separadas de residuos y a su posterior tratamiento. En concreto, a Cantabria se le asignó un importe total en esos dos años de 9,81 millones de euros.

¿Qué ha hecho Cantabria con ese dinero? Desde luego, lo que no ha hecho es construir la planta que se requiere para el tratamiento de residuos orgánicos. De hecho, ese es el motivo que da la Consejería de Fomento para justificar que el contenedor marrón no esté ya implantado -salvo ese proyecto piloto- en la comunidad autónoma. El plan consiste en crear esa planta en un espacio separado del vertedero de Meruelo. Y no estará listo a corto plazo porque es necesaria una inversión estimada de 49 millones de euros.

Por ahora, el proyecto, que teóricamente ya tenía que estar funcionando, todavía está en fase de redacción y con la duda de cómo y quién lo pagará. «MARE reservó ya un espacio en su momento en Meruelo. Construyeron una placa para depositar los residuos orgánicos y realizar el compostaje, pero está al aire libre y parece que no cayeron en que en Cantabria llueve. La instalación no reunía los parámetros porque el proceso no es posible con esa humedad», explica Nacho Modinos, presidente del comité de empresa de la entidad pública, que lamenta que en este asunto casi todo se hiciera mal desde el principio. Primero, se compraron unos camiones para esta recogida -para el proyecto piloto- que estuvieron parados durante meses, después se tomó la decisión de externalizar el servicio cuando «está comprobado que contratando directamente tres conductores y dos peones se habría podido prestar de forma más eficiente» y, por último, cree que la campaña de concienciación no alcanzó los objetivos que se marcaba. Su lema, jugando con la imagen de una cáscara de plátano, rezaba 'Que no te resbale', pero parece que a muchos ciudadanos sí que les ha resbalado eso de separar los residuos orgánicos del resto de basura. «La gente lo echaba todo mezclado», explica Modinos sobre el comportamiento detectado en los primeros momentos, aunque parece que la tendencia empieza a cambiar.

La experiencia ha sido muy negativa en Anievas hasta el punto de que se dio marcha atrás y se eliminó el quinto contenedor. En cambio, en un entorno más urbano como Los Corrales de Buelna los números apuntan a lo contrario. Su alcalde, Julio Arranz, califica de «magnífico» el resultado después de analizar los números en una reciente reunión con MARE. En 2022, el año de inicio del proyecto, se recogió una media mensual de 5.363 kilos y ya en 2023 esa media subió a 6.300 kilos (+20%). «El objetivo para 2024 es llegar a la cifra de las 100 toneladas, que son casi 10 kilos de biorresiduos por ciudadano, una cifra que es conseguible», apunta el regidor.

Mientras que se pone en marcha la planta de Meruelo, MARE mantiene abierta una convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos que adquieran ya los contenedores marrones. Por ejemplo, el de Torrelavega está a punto de colocarlos en la calle. La pregunta es: ¿dónde se tratarán esos biorresiduos?

«Es una pena que no esté ya hecha la planta, porque separar los biorresiduos, que es una parte de lo que se echa ahora al contenedor verde, del resto de la basura serviría para que entrara menos material al vertedero, lo que aumentaría su vida útil y, a la vez, generaría ese compost para otros usos», concluye Modinos.