Cantabria recibirá este año 11 millones de euros para programas de FP, refuerzo educativo y libros de texto

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas han aprobado hoy el reparto de fondos en una sectorial, presidida por la ministra Pilar Alegría, y en la que ha participado la consejera cántabra, Marina Lombó, ha informado el Gobierno regional. En su intervención, la consejera ha vuelto a poner de manifiesto su desacuerdo con los criterios de reparto, que no atienden al coste efectivo de los servicios.

En Cantabria, con un fuerte componente rural y de dispersión de la población, se necesitan más recursos para dar los mismos servicios a los ciudadanos, ha explicado Lombó, una realidad que es «claramente visible» en el ámbito concreto de la educación, donde sólo en el transporte escolar Cantabria ha de destinar más de 100.000 euros cada ejercicio. «Los fondos son bienvenidos, claro, pero no suficientes», ha dicho.

En cuanto al detalle de los fondos que recibirá Cantabria, la mayor parte se destinarán a la Formación Profesional. En concreto, se recibirán 1,6 millones de euros para la creación de ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior Bilingües; 1,2 para el aumento de la oferta de estas enseñanzas; 115.000 para la creación de aulas de emprendimientos en centros; 332.750 euros más para la conversión de aulas en espacio de tecnología aplicada, y 960.000 euros para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

En relación al refuerzo educativo, se recibirán 2.538.227 para el programa PROA+, que el próximo curso 2022-2023 funcionará, igual que este, en 70 centros educativos. Además, se recibirán 395.000 euros para el funcionamiento de las Unidades de Acompañamiento puestas en marcha este curso, un recurso integrado por ocho profesionales que atienden específicamente al alumnado especialmente vulnerable.

Cantabria recibirá otros 610.308 euros para las ayudas para adquisición de libros de texto y materiales didácticos el próximo año, una cuantía 156.000 mayor que la de este ejercicio.

Esta partida constituye apenas el 16% del presupuesto total que Cantabria destina a los bancos de recursos. En concreto, este curso la Consejería ha distribuido a los centros educativos 2.793.660 euros, de los que sólo 453.856 fueron aportados por el Ministerio.

A estas partidas se suma, además, la aportación de muchos ayuntamientos en la adquisición de libros y otro material escolar, bien colaborando con los bancos de recursos de los centros, a través de la firma de convenios con el Ejecutivo cántabro, bien a través de otras fórmulas.

Una de las partidas más importantes de las que recibirá Cantabria se destinará a la competencia digital docente, en concreto 4.093.842 euros. Hoy, Ministerio y Comunidades, han suscrito el 'Acuerdo sobre la certificación, acreditación y el reconocimiento de la competencia digital docente', que supone un marco común para todas las administraciones educativas, de forma, que los criterios para la expedición de las acreditaciones sea similar en todas las comunidades autónomas.

El sistema es muy similar a los niveles de acreditación de la competencia en idiomas, con seis niveles: A1 y A2 para el nivel inicial, B1 y B2 para el intermedio y, finalmente, C1 y C2 para el avanzado.

Ahora, las autonomías tienen un año para desarrollar su propia legislación. Lombó se ha felicitado por el acuerdo, y ha explicado que Cantabria ha «avanzado mucho» en uno de los ámbitos de esta actuación, el Plan Digital de Centro.

En concreto, se han formado 871 docentes que constituyen lo que se ha denominado 'equipos clave', que serán los encargados de coordinar la realización e implantación del Plan de Competencia Digital de Centro. De hecho, 247 ya han diseñado este plan, que se implementará en el curso 2022-2023.

Por otra parte, Lombó ha instado de nuevo al Ministerio a que publique «cuanto antes» el decreto que regule los requisitos mínimos para el primer ciclo de Educación Infantil, puesto que la nueva Ley de Educación establece que es el competente y el retraso es ya de varios meses. Y, en relación a los procesos de estabilización, ha reiterado su petición de una mayor «coordinación» entre Ministerio y comunidades autónomas.