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El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, se ha encontrado con más dificultades de las habituales para elaborar el borrador de Presupuestos de Cantabria para 2024 que se está tramitando en el Parlamento autonómico y que saldrá adelante antes de que acabe el año ... gracias al acuerdo entre PP y PRC. No solo eran las primeras cuentas del nuevo equipo del departamento tras la toma de posesión el pasado mes de julio -es cierto que algunos de los altos cargos se mantienen en sus puestos-, sino que han tenido que diseñarse con muchas más incógnitas que en ejercicios anteriores. Básicamente, porque el Ministerio de Hacienda no informó a tiempo a las comunidades autónomas del dinero del que iban a disponer y de las reglas para gastarlo debido a la situación de interinidad que ha arrastrado el Gobierno central hasta la investidura de Pedro Sánchez.
Agüeros optó por no lanzar las campanas al vuelo y crear el Presupuesto de Cantabria para el año que viene con una previsión conservadora de ingresos. Eso ha evitado que ahora que por fin Hacienda ha dado los números haya sorpresas desagradables. La ministra María Jesús Montero informó a los consejeros del ramo durante la reunión que mantuvo con ellos el lunes en Madrid en el marco del Consejo de Política Fiscal de que el sistema de financiación de las comunidades autónomas alcanzará en 2024 la cifra récord de 154.467 millones de euros, un 14,9% más que en este 2023. Eso, en Cantabria, se traduce en que el Gobierno regional contará con 133 millones de euros más de lo previsto. Y ahora Agüeros se encuentra con el bendito problema de buscar un destino a ese dinero.
«Cantabria ya tiene los instrumentos financieros para costear las políticas públicas cuya gestión le corresponde», afirma el responsable de las arcas regionales para destacar que ya antes de esta inyección adicional de 133 millones los números daban para activar todas las políticas que ha planeado el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga a lo largo de los próximos doce meses. En cualquier caso, lo que destaca Agüeros es que el Ejecutivo central «no nos da más de lo que nos corresponde», sino que es fruto del esfuerzo fiscal de los cántabros.
Es decir, que si llega más es porque ha aumentado la recaudación, ya sea por el mayor dinamismo económico o por la creación de nuevos impuestos. En ese sentido, lo más destacable a juicio del consejero es que «por primera vez el Gobierno de Cantabria va a devolver parte de ese esfuerzo bajando impuestos», en referencia a la reforma fiscal autonómica que entrará en vigor el 1 de enero, que incluye una bajada del IRPF.
¿Y a qué se destinará entonces esa financiación adicional que ha confirmado la ministra Montero? El Ejecutivo cántabro aún no lo ha decidido. Lo tendrá que hacer de forma consensuada todo el Consejo de Gobierno, pero Agüeros da algunas pistas. Podría destinarse a reducir el endeudamiento -aunque no es el que está más disparado de España, supera el Presupuesto anual de la comunidad- y también a cubrir las «insuficiencias históricas» de algunas partidas.
Agüeros reconoció durante su comparecencia en el Parlamento para explicar el Presupuesto de 2024 a los grupos que en las cuentas faltan 30 millones para Sanidad y 39 para Educación, tanto para el pago de nóminas como para gasto corriente. Con la llegada de los 133 millones de euros adicionales del Estado no habría que hacer modificaciones presupuestarias -como ocurría año tras año- restando recursos a otras consejerías para cubrir esos agujeros. Un dinero que casi siempre sale de Obras Públicas.
Montero también anunció que las autonomías tendrán en 2024 un margen de déficit del 0,1% del PIB. Un permiso de desviación para los territorios del que Cantabria no hará uso. Ha diseñado sus cuentas con previsión de déficit cero y mantendrá los planes pese a que ahora Madrid da algo más de manga ancha. En línea con las comunidades del PP, Agüeros pidió en ese foro que el nuevo modelo de financiación autonómica -no estaba en el orden del día- se negocie «entre todos». Eso sí, a Cantabria, que ahora es la que recibe más recursos por habitante, no le interesa que cambie demasiado el sistema de reparto, justo lo contrario de lo que reclamaron los colegas populares de Valencia, Andalucía y Baleares.
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