Cantabria reclamará a Hacienda en los tribunales el dinero pendiente del IVA

El Gobierno regional da este paso después de que tanto el Servicio Jurídico, dependiente de la Consejería de Presidencia, como los técnicos de la Consejería de Economía, tras estudiar el caso, hayan llegado a la conclusión de que existen garantías legales de que el recurso prospere. En estos momentos, tan solo falta por adjuntar al expediente un informe en el que se concrete la cuantía total. Finalmente, la estimación inicial de cerca de 42 millones de euros se quedará pequeña y ascenderá sensiblemente. Concretamente, la cifra que maneja Economía es la de 45.561.540 euros. «Es lo justo para Cantabria», afirmaba el pasado lunes en el pleno de la Cámara autonómica la titular de la cartera, María Sánchez, quien recordaba que hace un mes que su departamento ya envió una carta a Hacienda que no tuvo acuse de recibo y en la que pedía que los Presupuestos Generales del Estado incluyeran «las medidas necesarias para revertir el impacto negativo del cambio normativa del IVA». Es decir, la llegada del dinero, aunque fuera más tarde de lo esperado.

Ahora, el requerimiento será formal. Si tampoco hay respuesta -el Ministerio ha manifestado en diversas ocasiones que no está por la labor-, el siguiente paso que contempla la hoja de ruta es interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. En él se pedirá el ingreso directo de esos 45,5 millones de euros o, al menos, que el alto tribunal reconozca a Cantabria el derecho de cobro de ese dinero.

Eso último es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la anualidad de la deuda por las obras de Valdecilla de 2016. La Justicia falló en enero que la región recibirá ese dinero, pero no de forma inmediata, sino tras firmar un convenio con un calendario cerrado. El Gobierno cántabro opta por esta vía porque considera que es la más favorable para sus intereses. Es casi un calco a la utilizada por Galicia, que otorga un plazo de un mes al Estado antes de ir a la Audiencia Nacional. En el caso de la Comunidad de Madrid y Cataluña, ambas se han dejado de cortesías y han acudido directamente a los tribunales.

La mensualidad del IVA de 2017 ha generado una polvareda política tanto a nivel regional como nacional. El dinero no llegó a las autonomías entonces por un cambio normativo del ministro Cristóbal Montoro. Su sucesora, Montero, lo incluyó en los Presupuestos de 2019, pero como no salieron adelante, considera ahora que ese derecho a cobro ha caducado. La medida compensatoria aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue reducir en dos décimas el objetivo de déficit de este año para los territorios.

Sánchez lo apoyó y, en una nota de prensa, afirmó que esa medida venía a compensar la pérdida del dinero del IVA. Sus palabras no gustaron a la oposición, pero tampoco al socio regionalista del bipartito. El lunes, reconoció «con humildad» que aquel comunicado no fue acertado, ya que su voto a favor de relajar el déficit no implicaba renunciar al cobro de la mensualidad pendiente: «Si me hubieran planteado elegir entre quitarme dos décimas del déficit de 2020 o cobrar el dinero del IVA, habría optado por lo segundo».