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El día 25 de enero cayó en viernes. Pero lo que cayó, de verdad, fue agua. Igual que los tres días anteriores (el 25 fue el último de la pesadilla). Fueron jornadas de temor, de riesgo y de lamentos. De destrozos. También de promesas. Ayer, ... otro viernes, pero nueve meses después, se conoció por fin la valoración exacta de los daños causados por las inundaciones en los bienes públicos. En total, 29,9 millones de euros. Esa factura, en detalle, dice que en infraestructuras municipales fueron casi ocho. Cerca de once, en bienes públicos de titularidad autonómica. El resto, en lo correspondiente al propio Estado (carreteras estatales, vías de tren...). Como el Estado no se reclama a sí mismo, lo solicitado por Cantabria en forma de ayudas ante la catástrofe fueron casi 19 millones. Y de esos, de esas ayudas, tendrán que pasar aún más de los 274 días transcurridos hasta ayer para saber qué llegará finalmente. Desde la Delegación del Gobierno, más allá de confirmar estas cifras, precisaron que desde los municipios se pidieron dos millones por vía ordinaria y que esas reclamaciones están «tramitándose». Sobre el resto del dinero habrá que ver qué dice el próximo Consejo de Ministros. Pero ya se sabe que, en todo caso, la cifra será, como máximo, de un 50% de lo solicitado.
Con el agua nuevamente en el sótano después de otra gota fría -afortunadamente, con menores consecuencias que en enero- los balances de lo sucedido entonces vuelven a salir a flote. Ya salieron a finales de septiembre, cuando desde Madrid se aprobó un Real Decreto Ley para destinar 746 millones de euros a paliar los daños y las necesidades de los afectados por las inundaciones e incendios registrados desde junio en una larga lista de provincias españolas sin que estuviera aún resuelto lo que pasó en Cantabria en el arranque del año. Tras poner el grito en el cielo -con llamamiento por parte del Ejecutivo regional y el Parlamento-, Pablo Zuloaga (PSOE) anunció esta semana que el próximo Consejo de Ministros -el jueves que viene- resolverá el asunto. Absorbidos ya todos por la carrera electoral -en cada partido vienen a decir que las ayudas llegan gracias a ellos-, José María Mazón (PRC) aseguró ayer que Cantabria recuperará unos ocho millones con el decreto de las inundaciones. Que «llega tarde, pero llega» (Pedro Casares -PSOE- salió también al paso y dijo que las ayudas no llegaron antes «por el bloqueo que las derechas y Podemos han hecho a la gobernabilidad»).
Al hilo de las declaraciones del regionalista y de las preguntas de los medios llegó la nota de la Delegación de Gobierno con todos los datos. «La valoración preliminar realizada de los daños globales se eleva a un total de 29.931.215,4 euros». La cifra general. Los daños en bienes públicos e infraestructuras municipales remitidos por las corporaciones locales son esos 7,8 millones. Tras sumar los desperfectos en «redes viarias, infraestructuras hidráulicas y sistemas de saneamiento, en sendas peatonales y los costes extraordinarios de personal reportados por el Gobierno de Cantabria» se estima que la factura autonómica sale por 10,94 millones. Y queda lo del Estado. Dos millones en «afecciones en los bienes del dominio público hidráulico», 6,37 en «carreteras estatales» y, para cerrar la cuenta, 2,79 en «infraestructuras ferroviarias».
A partir de ahí, en la nota emitida por el delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría, se comunica que por «ayudas ordinarias del Ministerio del Interior para situaciones de emergencia», los ayuntamientos cántabros han solicitado 2.296.934,15 euros. Aquí se incluyen «118 expedientes de solicitud de ayudas a unidades familiares, 31 establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y 30 solicitudes de corporaciones locales». Todo eso está «en tramitación» (según se confirmó ayer a preguntas de este periódico) y se espera que algunos municipios empiecen a recibir respuestas de forma inminente. Pero el dinero aún no ha llegado.
Además se destaca que, por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, «se han recibido 1.961 solicitudes de indemnización de daños correspondientes a setenta municipios». Desde este organismo, el pasado mes de mayo -como contó El Diario Montañés- ya se habían abonado más de siete millones de euros. Se había respondido, por entonces, a 1.812 expedientes.
Una parte, por tanto, en ayudas «ordinarias» y otra -la más cuantiosa- en «extraordinarias». O sea, las que se solicitaron tras el Real Decreto de 25 de enero, «por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas». El que aún no se ha cuantificado en euros y que depende del Consejo de Ministros. «Sobre los municipios cántabros que podrán acogerse a las ayudas, aún se desconoce cuántos de los 71 que las han pedido las percibirán finalmente, puesto que hay que esperar a que se haga pública la lista en Consejo de Ministros. Así, en ese mismo Consejo de Ministros, que se celebrará próximamente, se establecerán las bases del proceso y trámites que deben cumplir los municipios que finalmente sean beneficiarios», apuntan en la nota.
Eduardo Echevarría recuerda, por último, que, al margen de todos estos trámites, «los organismos del Estado directa o indirectamente afectados por la emergencia de enero de 2019 han hecho ya inversiones directas por valor de 11.170.942,1 euros para paliar estas situaciones». Ahí se incluyen los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico hasta ahora y lo previsto hasta final de año, la habilitación de un crédito de 6.376.789,3 euros en obras de reparación habilitado por la Demarcación de Carreteras y las actuaciones de reparación por valor de 2.794.152,8 euros de Adif.
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