Cantabria recurrirá el decreto que regula el reparto de menores migrantes

«Cantabria va a recurrir sí o sí», ha subrayado este miércoles Buruaga, quien ha afirmado, según recoge EFE, que la comunidad es «seria y responsable» y por tanto va a cumplir la ley, pero se va defender de lo que ha calificado de «atropello», con todos los medios que el estado derecho pone a su disposición y «en todas las instancias posibles».

El acuerdo alzando el martes entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts fija el reparto de 4.000 menores actualmente en Canarias y 400 en Ceuta entre el resto de comunidades, en función de los criterios establecidos entre Infancia y el Gobierno de Canarias en febrero. Según este primer borrador, a Cantabria le correspondería acoger a 170 menores no acompañados.

Buruaga ha explicado, a preguntas de los periodistas tras su visita a la quesería Lafuente, que los servicios jurídicos de Cantabria están estudiando ya el texto para «analizar el ejercicio de acciones judiciales frente al real decreto y probablemente también el acto administrativo que constituye el reparto de los menores».

«No se puede pretender quitarse un problema de en medio descargando la responsabilidad en las comunidades sin poner los recursos y la financiación necesaria», ha criticado.

Cantabria cuenta con 212 plazas en su sistema de protección de menores, de las que 36 están asignadas a menores extranjeros. Y de esas plazas están ocupadas 22.

Las plazas se asignarán en función de los criterios que establece el decreto entre las comunidades, que serán convocadas en abril una vez que las autonomías remitan los datos de ocupación y el Ministerio de Infancia y Juventud calcule el reparto.

La presidenta del Gobierno regional ha señalado, no obstante, que las cifras que se han publicado en algunos medios tras el acuerdo entre el Gobierno de España y Junts indican que a Cantabria le correspondería recibir a 170 menores, a los que no podría acoger, ha dicho, «en condiciones dignas».

Según Buruaga, la comunidad necesitaría una financiación de 10 millones de euros para poder recibir a esos 170 menores, que superarían cinco veces la capacidad de acogida de la comunidad, ha afirmado