Cantabria es la región que más distancia exige entre salas de juego y colegios

Los problemas derivados de la adicción al juego han desatado la alarma entre la población. La anterior normativa era más laxa y permitía que las empresas se ubicasen muy cerca de los centros de enseñanza, donde se encuentra uno de los públicos objetivo de las casas de apuestas: los jóvenes. En 2008 la distancia mínima era de sólo 100 metros y en 2013 se llegó incluso a eliminar. Se recuperó de nuevo en 2017 y se fijó en 150. Ahora, desde enero, es de medio kilómetro. Para saber si un local cumple la legislación, se mide el recorrido peatonal más corto entre las dos puertas de acceso. Este endurecimiento, en cambio, no impedirá que algunos locales abran este año demasiado cerca de los centros educativos. La modificación de la ley no afecta a diecisiete de los dieciocho expedientes que el Gobierno tiene encima de la mesa. El texto excluye a los que se presentaron antes de junio. Es el caso de las tres casas de apuestas proyectadas en los barrios de Cazoña y El Alisal, en Santander. Las federaciones de padres y vecinos han expresado su malestar y preocupación. Para abordar el asunto, la consejera de Presidencia, Paula Fernández, se reúne mañana con miembros de las asociaciones de padres y madres de la enseñanza pública y concertada.

El objetivo gubernamental es cercar lo máximo posible las salas de juego. Evitar que incumplan la ley. Una de las medidas adoptadas es el aumento de los controles, que han sido progresivos durante los últimos cuatro años. 564 en 2016, 1.047 en 2017, 804 en 2018 y 1.188 en 2019. En lo que va de 2020, los funcionarios de la Administración se han presentado -a fecha de 11 de febrero- en 26 salones, lo que supone ocho más a estas alturas que hace un ejercicio. También quiere incentivar la prevención entre los sectores de población más sensibles y de mayor riesgo.

Cantabria cuenta en la actualidad con 48 negocios de este tipo. Para que un nuevo local abra es necesario que supere tres fases. La primera es contar con el visto bueno a un estudio de viabilidad. A continuación, obtener el permiso municipal de actividad. Y la última, recibir la autorización final que se firma desde la Consejería de Presidencia. La Federación de Padres (FAPA) ha instado a las Administraciones regionales y municipales a «que se pongan las pilas» y «que tomen medidas para acabar con la proliferación de estos locales y restrinjan lo posible su funcionamiento». Los vecinos de Cazoña, por su parte, se reunirán el próximo jueves en el centro cívico para abordar «cómo actuar» ante la inminente apertura de dos locales en el barrio.