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Que algo más de 110.000 personas residentes en Cantabria estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social no puede ser nunca un buen dato. Tampoco que en la región hubiera en 2022 –el estudio hace referencia al año pasado– 86.000 personas pobres. ... Mal asunto. O que, de esas, haya más de 34.000 en riesgo de lo que se define como 'pobreza severa', un dato que sale del porcentaje (5,1%) de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 560 euros mensuales por unidad de consumo. Nada de eso es positivo, ni mucho menos. Pero, dejando claro ese punto de partida, el informe anual que mide todos estos indicadores refleja una mejoría casi general. La comunidad autónoma está entre las menos castigadas. Es la cuarta con menor proporción de población en riesgo de pobreza y/o exclusión, también la cuarta mejor ubicada si se mide exclusivamente el riesgo de pobreza y la segunda con un mejor dato al medir la pobreza severa. Siempre con valores que mejoran la media nacional. No obstante, ojo. La inflación, el gasto en la vivienda y la crisis energética son las sombras que planean sobre cualquier estadística hoy en día. Y, más allá de lo que suponen en sí como tragedias humanitarias, las guerras –de eso ahora sabemos un rato– influyen en estas tres amenazas.
El análisis sale del informe número trece que se elabora en España y que se dio a conocer este martes con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El general, el de todo el país, se presentó en el Senado. Pero en cada comunidad se repasan sus cifras. Lo hace la EAPN (siglas de 'European Anti Poverty Network' y que aquí traducimos por Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social). Sus responsables –Daniel Pesquera y Rosa Pérez– comparecieron junto al presidente de la Coordinadora Cántabra de ONGD (Gabriel Herrería), que estos días organiza distintos actos con motivo de la Semana contra la Pobreza.
Datos nacionales
José A. González
Lo que hicieron este martes en el Casyc fue desmenuzar los datos. La tasa Arope (la que da como resultado el porcentaje de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social), que es la más general para los estudios, cayó el año pasado casi dos puntos (del 21,4% al 19,5%). Traducido a personas –porque los porcentajes tienen menos alma– supone pasar de 125.000 amenazados a 110.000. Proporcionalmente, sólo en Navarra, País Vasco y Aragón mejoran el dato de Cantabria, que escala un puesto en el balance por comunidades.
Las cifras
19,5% de la población de Cantabria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Es lo que mide la tasa Arope, que se traduce en la región en algo más de 110.000 personas (en 2021 eran 125.000).
34.000 personas en riesgo de pobreza severa. Es decir, viven en hogares con un ingreso máximo de 560 euros mensuales por unidad de consumo. La tasa ha caído 0,9 puntos (es un 5,1%, la segunda más baja del país).
963 euros creció la renta media en Cantabria por persona (que está en 13.811, lo que supone 803 euros más que la media nacional). Cantabria está entre el quinto y sexto puesto a nivel nacional.
2,4% cayó la tasa femenina de Baja intensidad de empleo (personas –entre 16 y 64 años– en hogares en los que se trabaja menos del 20% de su potencial de empleo). Cae más que la masculina, pero aún es más alta.
580.000 personas salieron en España de la pobreza según los datos nacionales del informe. Con todo, uno de cada cuatro españoles vive al borde de la pobreza y la exclusión social, cerca de 12,3 millones de personas.
De las 86.000 personas que el estudio ubica como pobres, 46.000 son mujeres. La cifra es interesante a la hora de analizar cómo ha evolucionado este concepto. Los incrementos de pobreza entre 2015 y 2018 se han ido revirtiendo en estos años (ahora estamos «a niveles cercanos a los previos a la gran recesión»). Y esta caída obedece a una mejora en la situación de las mujeres. Tanto, que la tasa masculina apenas varía, mientras que la femenina lleva cuatro años seguidos bajando.
Merece la pena detenerse, por lo concreto, en la medición de la privación material y social severa. Toma trece conceptos. Rutinarios, muy reales. Por ejemplo, entre otros, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días o no poder sustituir los muebles rotos por otros nuevos. Las personas que viven en hogares que no pueden afrontar nueve o más de estos conceptos entran en esta lista de riesgo. Los resultados dejan algunas señales de alarma. Caen seis de los trece indicadores. Eso significa que suben siete. Y ahí llama la atención que en dos años el número de personas que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno es más del doble. O que la caída que reflejaban los últimos informes sobre hogares con dificultades para llegar a fin de mes se quebró el año pasado. Ahí está esa sombra de la crisis energética, la inflación o la subida de las hipotecas.
Mejora y empeora
Mejora Cae el número de personas que se retrasan en sus pagos en vivienda o en compras (del 9% al 5%) y se reduce el dato de quienes no pueden permitirse ir a tomar algo con amigos al menos una vez al mes.
Empeora En dos años se ha disparado (un 127%) la cifra de personas que no puede mantener su casa con una temperatura adecuada y a más gente le cuesta más llegar a fin de mes (el incremento es de 8,8 puntos).
Cae la Tasa Arope, la de riesgo de pobreza, la de pobreza severa (0,9 puntos) y también el indicador de Baja Intensidad de Empleo. ¿Qué se mide? Las personas de entre 16 y 64 años (con edad de empleabilidad) «que viven en hogares en los que se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo». Unas 42.000 en la región (9,4% de la población menor de 65). Eso supone que unas 8.000 salieron de esta situación, en la que también se redujo la brecha de género (los autores del estudio recuerdan «la Reforma Laboral implantada desde 2022»).
Esto, claro, está intimamente ligado con la renta. La media en Cantabria es 13.811 euros por persona (19.974 por unidad de consumo), mejor que la del conjunto nacional (803 euros) y entre el puesto quinto y sexto si se compara con otras comunidades. Ojo con las pensiones. El informe destaca un dato: «Casi un tercio del total recibe una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre». Esa variable no ha mejorado en el último año. Y se pone el foco especialmente en el caso de las prestaciones por viudedad.
«Si no hubiera transferencias del Estado en Cantabria en 2022 la situación de pobreza se ampliaría al 45% de la población. Por otra parte, si sólo se incluyeran las pensiones de jubilación y supervivencia y no se realizara ninguna otras transferencia, la tasa de pobreza alcanzaría al 24,4% de la población residente en Cantabria», destacaron este martes en la presentación. De hecho, desde EAPN inciden en que el impacto positivo de las administraciones públicas aquí fue mayor que a nivel nacional. El «escudo social», como lo definen, tuvo mayores efectos en la comunidad autónoma.
A eso apelan en la EAPN. A no «echar la vista para otro lado». «Los datos son mejores, pero no son buenos», insisten. Recomiendan un «análisis fino» de las cifras, advierten que la desigualdad no ha mejorado y recuerdan que estamos lejos de las metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Necesitamos superar la brecha de género, reducir el coste de la vivienda, controlar la inflación, afrontar la crisis energética, redistribuir la riqueza y mantener y mejorar la protección social y las pensiones».
Van más allá y aseguran que «quizás es buen momento para repensar el modelo de desarrollo». Y hacen una propuesta –en el acto había representantes de PP, PRC y PSOE–: crear un observatorio cántabro de la pobreza «como apuesta decidida para avanzar hacia su erradicación».
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