Cantabria requiere al Estado el pago de los 45 millones del IVA correspondiente a 2017

Cantabria ha interpuesto ya formalmente el requerimiento para reclamar al Estado el pago de los 45,5 millones de euros, más los intereses por daños y perjuicios, adeudados por la recaudación del IVA correspondiente al ejercicio 2017, medida que fue autorizada por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 12 de marzo.

En el escrito enviado a Madrid desde la Dirección General del Servicio Jurídico, el Ejecutivo autonómico solicita la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la inclusión en el orden del día de las actuaciones necesarias para atender el impacto que la modificación normativa de 2016, introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha supuesto para las comunidades autónomas.

Así, Cantabria pide que se contemplen «las compensaciones necesarias en concepto de ingresos» para revertir el desfase financiero que aquella decisión provoca en las arcas regionales, según ha informado el Gobierno regional.

Por otro lado, el Ejecutivo cántabro denuncia la vulneración de tres «principios fundamentales» por parte del Gobierno de España; el de transparencia, lo que ha impedido a Cantabria adoptar las medidas necesarias para no verse abocada a la situación actual; el de lealtad institucional, tanto por no canalizar la reforma y explicar su incidencia en un primer momento, como por no adoptar medidas compensatorias con posterioridad; y el de confianza legítima de Cantabria, con un importante perjuicio patrimonial para la Administración regional.

El Consejo de Gobierno cántabro autorizó el pasado mes de marzo a la Dirección General del Servicio Jurídico la interposición de este requerimiento como una reclamación de cantidad por los daños y perjuicios sufridos a causa de la modificación legal que propició el impago y que vulneró los principios de autonomía y suficiencia financiera, afectando directamente a los ingresos de la Comunidad Autónoma sin una previa, ni posterior modificación del sistema de financiación.

Con este recurso Cantabria, se suma a otros territorios como Galicia, Cataluña o Madrid, que ya han inicia el proceso judicial hace semanas.

La mensualidad del IVA de 2017 genero en el arranque del año una polvareda política tanto a nivel regional como nacional. El dinero no llegó a las autonomías entonces por un cambio normativo del ministro Cristóbal Montoro. Su sucesora, María Jesús Montero, lo incluyó en los Presupuestos de 2019, pero como no salieron adelante, considera ahora que ese derecho a cobro ha caducado. La medida compensatoria aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue reducir en dos décimas el objetivo de déficit de este año para los territorios.