Cantabria respalda la propuesta de Educación para el próximo curso pero no ampliará las ratios de alumnos

La propuesta que el ministerio ha trasladado a las comunidades recoge que las aulas de Infantil puedan acoger a 25 estudiantes, en lugar de los 20 actuales, y las de Primaria, hasta 30, aunque la mayoría de las autonomías limita a 25 el número de escolares en esta etapa. Con esta medida, las comunidades podrían reducir el número de profesores extra que han tenido que contratar para cumplir con las medidas de distancia y seguridad planteadas antes del inicio del curso pasado, marcado por la pandemia. Cantabria ya anunció hace unos días que mantendrá el refuerzo docente durante el próximo curso, al menos durante el primer trimestre.

La Consejería de Educación ha explicado tras la sectorial, que se mantendrá hasta el final de la pandemia el 'corredor educativo' que, asegura, ha sido «clave» para que Cantabria haya conseguido una incidencia baja del covid en el ámbito educativo, y ello a pesar de ser una de las pocas comunidades en la que el alumnado de todas las etapas, niveles y enseñanzas han tenido una formación totalmente presencial durante todo este curso.

La consejera de Educación, Marina Lombó, ha explicado que Cantabria «comparte» las líneas generales establecidas por el Gobierno de España que apuntan a «mantener las medidas que han regido este curso en el interior de las aulas y flexibilizarlas en espacios exteriores. Sin embargo, ha anunciado que el curso arrancará en septiembre con unas ratios de alumnos por aula similares a las de este curso, que se mantendrán, al menos, durante el primer trimestre completo.

En este sentido, considera que sería una «complicación añadida para los centros» plantear distancias distintas en las aulas –el documento estipula un metro para escenarios de baja trasmisión y de entre 1,2 y 1,5 cuando ésta sea superior- en función de la transmisión comunitaria en ese momento, ya que forzaría a los equipos directivos a, «casi de un día para otro», tener que buscar espacios alternativos o establecer docencia telemática para una parte del alumnado.

Para Lombó lo más apropiado, por motivos «sanitarios, pero también pedagógicos», es realizar un «nuevo esfuerzo» para establecer medidas «más garantistas, que supondrán una mayor inversión, pero que permitirán no tener que variar las distancias ni el número de alumnos por aula en función de la incidencia concreta del covid en cada momento».

Por eso se reforzará la plantilla de docentes para que los centros puedan establecer desdobles permanentes en las aulas, con la mayor distancia posible entre el alumnado de aquellas etapas donde no están establecidos como grupos de convivencia estable y con grupos reducidos en Infantil y Primaria.

Por otra parte, ha afirmado que es «necesario adaptar algunas medidas a la realidad de las Comunidades Autónomas». Es el caso de la interacción en exteriores en las etapas de Infantil y Primaria.

El documento del ministerio establece que los alumnos de Infantil y Primaria deberán seguir en 'grupos burbuja', sin distancia de seguridad entre ellos, pero no podrán juntarse con los de otras clases en el recreo o en los pasillos, salvo en el caso de que la incidencia acumulada descendiera por debajo de 25 casos (ahora está en 147).

En este punto, Lombó ha trasladado a la ministra la «realidad de la escuela rural», en el que hay centros con una única línea por curso o incluso una línea mixta con alumnado de distintos cursos. Ha solicitado que se incluya que, en esos casos, se permitirá la interacción entre alumnado de dos o tres clases distintas, para que «su realidad concreta» quede también recogida.

Por último, la consejera ha solicitado al Ministerio que, trazado el escenario, convoque ahora una Conferencia Sectorial de Educación para analizar las necesidades de fondos excepcionales que permitan a las Comunidades Autónomas el establecimiento de unas medidas que, ha dicho, en la «práctica serán muy similares a las de este curso». En este punto, ha recordado que este año el refuerzo en personal ha supuesto una inversión superior a los 20 millones de euros. «Necesitamos realizar un esfuerzo presupuestario que ha de ser compartido entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos», ha finalizado.