La Agencia Tributaria de Cantabria revisará los protocolos tras aparecer documentos con datos personales en la basura

Las notificaciones estaban en cajas y en bolsas de basura y fueron retiradas anoche tras detectarse el caso. Desde el Gobierno regional ya se ha puesto la situación en manos de la Agencia Española de Protección de Datos que ha abierto un expediente para determinar lo sucedido y los responsables. En cualquier caso, ante la gravedad de los hechos, el director de la ACAT, César Aja, ha pedido una comparecencia en el Parlamento para dar las explicaciones oportunas. Mientras, los servicios jurídicos continúan estudiando qué acciones se pueden emprender contra la empresa responsable de la destrucción de estos documentos y si es posible la rescisión del contrato, que arrancó el pasado mes de enero y concluye en enero de 2022.

María Sánchez, la consejera, y César Aja, responsable de la ACAT, han calificado de «inadmisible» lo sucedido y rechazan «plenamente» la actuación de la empresa. Era la primera vez que la sociedad encargada, Bedunde SL, contrataba con la Administración autonómica. Bedunde tiene sede en Asturias y está especializada en limpiezas de todo tipo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la solicitud para que Aja intervenga ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para abordar este incidente. «Se trata de un hecho aislado y atípico para nosotros, por el que pedimos disculpas a toda la ciudadanía» matiza César Aja. «Estamos ante una irregularidad vulnera la intimidad de los contribuyentes y daña notablemente la imagen de la ACAT».

«A estas horas, todavía seguimos esperando una explicación por parte Bedunde SL sobre los hechos acaecidos ayer» profundiza el director de la ACAT. Dado que el contrato con esta entidad entró en vigor el pasado mes de enero, no se descarta que el motivo de la incidencia sea el «desconocimiento del procedimiento protocolario por parte de alguno de los empleados»

Independientemente de la causa que originó el problema, tanto la Consejería de Economía y Hacienda como la ACAT han manifestado su «notable descontento con la adjudicataria» y su intención de «llegar hasta el final». «Una vez sepamos con seguridad hasta dónde podemos llegar, tomaremos una decisión que será lo más contundente posible», ha indicado Aja.

A falta de lo que diga el informe, las acciones podrían ir desde el apercibimiento económico hasta la rescisión del contrato por una actuación considerada «gravísima».