Cantabria seguirá tramitando una veintena de programas sociales que afectan a unos 25.000 usuarios

El estado de alarma decretado por el Gobierno central y la ampliación que se aplicará en los próximos días implica restricciones administrativas y jurídicas para tramitar o convocar algunos programas de las comunidades autónomas, entre ellos proyectos sociales como las ayudas al alquiler o la Renta Social Básica. Cantabria ha aprobado una resolución, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial (BOC) que permite continuar la tramitación mientras dure el estado de alarma de una veintena de programas de carácter social, de los que se benefician cerca de 25.000 personas en la región.

Concretamente, en materia de vivienda, la resolución garantiza el pago a las personas que tienen concedida la ayuda de alquiler, así como el pago del alquiler que se concede a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.

Por lo que respecta a las ayudas que gestiona el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), están incluidas en la resolución las ayudas económicas a víctimas de violencia de género, las prestaciones vinculadas a la Ley de la Dependencia, la pensión no contributiva y la Renta Social Básica. Y dentro del área de Infancia, Adolescencia y Familia se garantizan las prestaciones económicas a familias acogedoras, apoyo a la emancipación y ayudas del sistema de protección a la infancia y la adolescencia para colectivos en riesgo.

Así lo ha dado a conocer hoy la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, quien ha explicado que en materia de empleo se han liberado seis decretos de ayudas de concesión directa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida; al fomento del empleo de las personas con discapacidad; el abono de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único; las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo; los programas de formación profesional para el empleo relativas al régimen de becas y ayudas a personas desempleadas y, finalmente, las subvenciones a centros especiales de empleo destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.

El objetivo principal, ha indicado la consejera, es tramitar aquellas solicitudes que ya se habían presentado para aportar liquidez a desempleados, autónomos, PYMES y Centros Especiales de Empleo, que son receptores de ayudas y que se encuentran en una situación tan crítica y excepcional como la actual.

La consejera ha explicado que la secretaría general y los servicios jurídicos de su departamento llevan trabajando en esta resolución desde la semana pasada, para que su publicación cuente «con todas las garantías jurídicas». «Se trata de que la declaración del estado de alarma no paralice la tramitación de la concesión y el pago de una serie de ayudas que ahora son más necesarias que nunca», ha recalcado Ana Belén Álvarez.

Las convocatorias se mantendrán abiertas a nuevas solicitudes.

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