Cantabria, la segunda región más perjudicada por la evolución del sistema de financiación

La comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla volvió a ser en el año 2017 (último ejercicio del que hay datos oficiales) la región que más dinero por habitante recibió (2.971 euros) del Gobierno central para financiar las competencias y poder mantener los servicios públicos, pero al mismo tiempo fue la segunda autonomía (sólo superada por Extremadura) que más financiación perdió respecto al ejercicio anterior (-2,4%). Es decir, en una hipotética liga económica entre las diferentes comunidades autónomas del país en la que se midiera la financiación efectiva de sus competencias, Cantabria sería líder destacado, pero vería cómo su distancia se reduce a pasos agigantados sobre el resto de rivales a medida que avanza la competición.

Estas son las dos principales conclusiones a las que llega el último informe elaborado por la Fundación de Estudios Avanzados (Fedea) sobre la liquidación de la financiación en 2017, firmado por el profesor Ángel de la Fuente, el experto de cabecera en materia de financiación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

El estudio viene a confirmar los temores de Cantabria sobre la evolución del vigente sistema de financiación autonómica, un modelo que se encuentra en situación de provisionalidad desde hace ya cinco años y que está pendiente de que el Gobierno central, los partidos y las comunidades autónomas abran de una vez el melón de su reforma.

Ya en el año 2013, bajo la presidencia del popular Ignacio Diego y con Cristina Mazas como consejera de Economía, el Ejecutivo regional alertó de la tendencia «perjudicial para Cantabria» de un modelo que se había acordado en 2002 y reformado en 2009.

En 2002, Cantabria, junto a las autonomías del norte del país, hizo valer la existencia de una población envejecida y una orografía complicada para salir beneficiada del reparto del dinero, hasta el punto de situarse en el primer puesto en cuanto a la aportación por habitante. Sin embargo, la modificación de los criterios en 2009, priorizando variables como la población en un 97% y reduciendo el peso de otras como la dispersión a un mínimo del 0,6%, ha hecho que Cantabria vaya perdiendo peso en el reparto del dinero que llega del Estado.

El último informe de Fedea no hace otra cosa que confirmar ahora lo que ya se apuntaba hace seis años y en la doble dirección. Primero, porque según el estudio de Ángel de la Fuente, Cantabria sigue en cabeza de la clasificación de la financiación por habitante. Los datos del informe concluyen que cada cántabro recibió en 2017 un total de 2.971 euros para financiar las competencias, 641 euros más, por ejemplo, que un valenciano (última comunidad en la clasificación), 396 más que un madrileño o 421 euros más que un catalán. Pero al tiempo, la región siente cada vez más cerca el aliento de comunidades como Baleares (2.887 euros por habitante) o La Rioja (2.871).

El informe de Fedea traslada también esos datos absolutos a términos relativos. Es decir, si la media española está en 100, el dato de Cantabria se sitúa en 117, es decir 22,5 puntos por encima de la Comunidad Valenciana (última en este ránking económico) por seguir utilizando el mismo ejemplo.

Y (segunda conclusión) porque Cantabria es la segunda comunidad que más empeoró su financiación si comparamos el dato de 2017 con el del ejercicio anterior. Según el estudio, Cantabria vio menguado su dinero en -2,4 puntos, sólo superada en este concepto por Extremadura (-3). Murcia (-1,1), Castilla-La Mancha (-1,5), La Rioja (-1,5), Galicia (-2,1), Castilla y León (-2,1) y Asturias (-2,3) fueron las otras comunidades perjudicadas por el sistema. Por el contrario, las mayores alzas se registraron en Baleares (+3,3 puntos), Madrid (+2,2) y Canarias (+1,6), a las que se sumaron las de Cataluña (+0,8%).

Los ingresos de las comunidades autónomas bajo el actual sistema de financiación autonómica provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de Fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El más importante de estos Fondos es el llamado Fondo de Garantía (de Servicios Públicos Fundamentales), que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado.

Estos recursos se reparten año a año de acuerdo con una fórmula de necesidades de gasto que cuantifica los recursos que se consideran necesarios en cada región para financiar un nivel uniforme de servicios públicos en todo el territorio nacional. Esta regla se instrumenta a través del cálculo de una variable de población ajustada que sustituye a la población real de cada territorio a efectos de muchos de los cálculos que exige el sistema de financiación. Esta magnitud se obtiene corrigiendo la población real por la estimación que hace el sistema de los costes unitarios relativos de provisión de los servicios públicos de titularidad autonómica en base a variables demográficas y geográficas, incluyendo entre otras cosas el grado de envejecimiento de la población y su dispersión, así como la extensión del territorio.