Cantabria sigue sin crear el órgano de supervisión de las empresas públicas tres años después

Ese análisis, que según la Ley de Régimen Jurídico de Cantabria debería servir para comprobar que todas ellas funcionan de acuerdo «con su plan de actuación, los principios y objetivos consagrados en su norma de creación, su presupuesto, informes de gestión y los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y administración», no se está produciendo porque el Consejo de Seguimiento no se ha creado.

Desde el Ejecutivo cántabro reconocen este retraso, pero no explican la causa. Es más, ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de señalar qué departamento es el responsable de redactar el decreto que desarrolle este nuevo órgano de supervisión. Desde la Consejería de Economía afirman que esta tarea le corresponde a la de Presidencia y Justicia y en el área que dirige la regionalista Paula Fernández dicen que la competencia es de su compañera de Gobierno, la socialista María Sánchez. En cualquier caso, ninguna detalla qué pasará y hasta cuándo se mantendrá esta situación.

Sánchez no se responsabiliza del asunto, pero fue ella quien en noviembre de 2020, durante la presentación ante los diputados del borrador de Presupuestos de Cantabria para el año siguiente, aseguró que Economía estaba dando los últimos pasos antes de la creación del Consejo de Seguimiento, encargado de poner la lupa sobre todo el sector público regional. Afirmó que el decreto «ya está elaborado» y que «próximamente se iniciará el procedimiento para su aprobación». Además, apuntó incluso que en ese texto normativo se iba a regular su funcionamiento. Hasta hoy, no ha habido más noticias.

En aquel momento, la consejera de Economía hizo referencia al asunto porque una de las medidas de la Ley de Acompañamiento de las Cuentas consistía en la eliminación del Consejo de Supervisión del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), vigente desde 2008. Lo razonó perfectamente la propia Sánchez. Se suprimía para «evitar una duplicidad» de órganos que buscan el mismo fin. Habría tenido todo el sentido del mundo si el Consejo de Seguimiento general estuviera funcionando como debería.

A falta de ese decreto que lo desarrolle, la ley ya establece que el órgano debe estar formado por un representante de cada consejería, un funcionario con competencias en materia jurídica y un representante elegido por cada uno de los grupos parlamentarios. Además, tendrían que formar parte de este órgano dos personas elegidas por los sindicatos con mayor representación en las empresas públicas y un vocal designado por la Universidad de Cantabria.