Cantabria sólo investiga a un pirómano tras un millar de incendios forestales

Dos ejercicios, 2016 y 2017, en los que hasta el pasado 30 de mayo se contabilizaron 983 incendios -258 y 725, respectivamente-, según los datos de la Consejería de Medio Rural. Más allá de las cifras, casi un millar de casos, otra realidad, la de las 13.690 hectáreas calcinadas por las llamas y que sólo han permitido identificar a una persona como responsable de uno de los fuegos. El dato llama poderosamente la atención si se tiene en cuenta además el análisis que se hace desde el departamento que dirige Jesús Oria: el 81,4% de los episodios registrados son intencionados; el 7% por negligencia; mientras que el 11,6% se atribuye a causas desconocidas. En lo que va de año, las razones de los delitos voluntarios están claras, ya que «la motivación del 95,69% de los incendios intencionados obedece a prácticas ganaderas vinculadas con la regeneración del pasto y la desmatorralización del terreno». El porcentaje no fluctúa en demasía, pues en 2016 fueron el 90,95%.

Pero detrás de las frías estadísticas se esconde mucho más. Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que dé aviso a las autoridades ante cualquier sospecha o certeza de que se estén produciendo delitos en los montes cántabros.

Más allá de esta solicitud genérica, el drama convertido en rutina se vive en primera persona en algunos de los ayuntamientos más damnificados. El alcalde de Selaya, Cándido Cobo (PP), tras recordar que las competencias sobre la vigilancia y posterior imputación de los pirómanos las tiene el Seprona, admite que «hay una falta de medios evidente para el control de los incendios».

Sentada esta premisa, el regidor entra en materia. «Es una costumbre muy arraigada, ya sea en Selaya, la comarca pasiega o en todos los montes de Cantabria. Es algo estacional, ya que nosotros solemos sufrirlo en diciembre y enero en las zonas altas de pastos, pues aquí prima el aprovechamiento ganadero».

¿Cuáles son los motivos por los que no se logra atrapar a los autores? Para Cobo, la respuesta es evidente. «Siempre puede haber sospechas acerca de quién los hace, pero nadie va a denunciar a un vecino si ve algo y enemistarse con él. Mucho menos sin pruebas o certezas absolutas. El problema es cuando con los incendios se combina el viento sur y alguno se pasa de la raya, como hace dos años, cuando el fuego también afectó a zonas de bosque», sostiene el alcalde, que en los primeros cinco meses del año ha visto cómo 645,93 hectáreas de su territorio se convertían en pasto de las llamas.

Desde Soba, su primer edil, Julián José Fuentecilla (PRC), opina que «para prevenir, lo mejor que se puede hacer es desbrozar las zonas que pueden ser susceptibles de pasto para el ganado. Es verdad que hay sitios donde no se pueden llevar a cabo estas labores, por lo que me parece lamentable que se queme».

Pero hay más. Fuentecilla abunda en la preocupación de buena parte de los consistorios de la Cantabria rural. «El problema no es cuando se quema una sierra con maleza, sino que a veces los fuegos se llevan áreas de bosque. Creo que debiéramos hacer un esfuerzo entre todos para cuidar el entorno».

Si durante 2016 los datos, no por ello preocupantes, presentaban una radiografía en que los incendios forestales en los montes 'sólo' habían tocado a 2.501,65 hectáreas tras 258 sucesos, esos guarismos se han visto ampliamente sobrepasados en menos de la mitad del ejercicio actual. Un incremento del 347,2% en cuanto a superficie calcinada y del 181% respecto a episodios contabilizados, para un total de 725 incendios y 11.189,15 hectáreas.

Respecto a los ecosistemas más afectados, el diagnóstico de la Consejería es idéntico, pues afirma que las áreas más sensibles a este fenómeno son «las zonas de matorral dominadas por tojo y brezo. Entre la superficie arbolada la mayor afección se produce sobre robledales, rebollares, otras formaciones de bosque atlántico, masas de eucalipto y pino radiata. En menor medida se ven afectadas las masas de pino silvestre».

En relación a la evolución de 2017, de superficie arbolada únicamente se consumieron 478,99 hectáreas, sólo el 4,2% del suelo total besado por el fuego hasta el 1 de junio. En los 12 meses del pasado año la proporción es similar al arrojar un 5,2%. El resto es lo que desde los ayuntamientos se señala como terrenos susceptibles de ser empleados como pasto para animales.

Con esta premisa, el alcalde de Cabuérniga, Gabriel Gómez (PRC), urge al Gobierno autonómico a favorecer una solución a esta coyuntura. «La ley concede quemas controladas, es un derecho de todos, pero desde la Dirección de Montes no se están autorizando siempre todas las solicitudes. Sé que el consejero está en ello. De hecho, lo ideal sería que estas labores las hiciera una empresa en condiciones, con los medios apropiados, que evitara que el fuego se fuera más allá de la zona de rastrojos».

El regidor asevera que «igualmente es necesario limpiar y desbrozar, para que los incendios no afecten a los pueblos». Eso sí, precisa que «muchas veces no son los ganaderos los que pegan lumbre, sino otra gente que lo hace para hacer daño».

Gómez sí que recuerda cómo «antiguamente todos los vecinos quemábamos para limpiar las zonas de rastrojos y maleza. Pero se cuidaban muchísimo todas las áreas de bosque», anota.

Cabuérniga se ha mantenido a la cabeza los dos últimos años en cuanto a episodios producidos, con 20 y 63 casos, respectivamente. Otros ayuntamientos como Rionansa, Arredondo, Lamasón o Vega de Pas también aparecen en las clasificaciones de Medio Rural. Unas actividades que, desgraciadamente, parece que no tienen visos de ser erradicadas.