Cantabria solo tiene libres cinco de sus 406 viviendas públicas

El Gobierno de Cantabria tiene intención de construir a lo largo de esta legislatura, con 13 millones de fondos europeos que el Ministerio ha enviado a la comunidad autónoma y otros 30 millones de recursos propios, 285 viviendas que destinará al alquiler social en nueve municipios. En las próximas semanas saldrán a licitación las tres primeras promociones que se desarrollarán en Reinosa (diecinueve inmuebles), Santillana del Mar (ocho) y Orejo (tres). En un momento crítico del mercado inmobiliario en general y del alquiler en particular debido al repunte de los precios y a la reducida oferta –la proliferación de pisos turísticos es una causa, pero hay más–, estas actuaciones buscan facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias. No están pensadas solo para colectivos vulnerables, como venía haciendo hasta ahora el Ejecutivo regional, que con un reducidísimo parque público solo podía responder a las situaciones más críticas o sobrevenidas. Por ejemplo, a la reubicación de familias que tienen que abandonar su hogar por catástrofes o accidentes, como ocurrió con el argayo de San Mateo (Los Corrales de Buelna) en 2019.

A día de hoy, hasta que se produzca la incorporación de esas nuevas promociones que anuncia la Consejería de Fomento, el parque público cántabro lo forman 406 viviendas. ¿Son muchas o pocas? ¿Suficientes para un territorio con casi 600.000 censados? La mejor manera de valorarlo es comparar con los territorios vecinos. Según los datos oficiales del Principado, Asturias cuenta con más de 10.000 inmuebles de este tipo, a falta también de sumar los que están en construcción. Y en el País Vasco, que hace bandera de sus políticas en la materia y del apoyo a la emancipación de los jóvenes, la cifra asciende hasta los 25.000 viviendas. Aunque es cierto que vascos y asturianos están en la vanguardia, el parque público de viviendas de Cantabria también sale mal parado en la comparativa con otras comunidades autónomas.

Hay también una lectura positiva. El número de viviendas de titularidad regional –o gestionadas por el Gobierno– ha crecido significativamente en los últimos años. La legislatura 2019-2023 comenzó con 282 inmuebles y acabó con 402, lo que supone un crecimiento del 42% durante los mandatos de Ana Belén Álvarez y Eugenia Gómez de Diego como consejeras. En el último año, tras la llegada del PP a Peña Herbosa y de Roberto Media al departamento, la tendencia ha continuado hasta el máximo de 406 viviendas públicas, que volverá a experimentar un salto relevante con las promociones en cartera.

En los últimos cinco años se han incorporado viviendas por distintas vías, pero nunca por la construcción de nuevos inmuebles, algo que sí ocurrirá en esta legislatura y por lo que saca pecho el Ejecutivo del PP tras el «parón» de la etapa del bipartito PRC-PSOE. Una de las vías es el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que tiene el Gobierno de Cantabria sobre todas las operaciones de compraventa de vivienda protegida existentes. Es decir, si el adjudicatario de una VPO quiere vender la casa que le tocó, la Administración tiene prioridad para recuperarla frente a un particular. También ha habido compras ordinarias de viviendas, la incorporación al parque público de viviendas de VPO que nunca llegaron a colocarse por falta de interés de los particulares –como ocurrió con la promoción de Arenas de Iguña a la que fueron los afectados de San Mateo– y, por último, acuerdos o convenios con particulares y entidades públicas o privadas –básicamente con la Sareb– que cedan el usufructo a la comunidad para que las destine al arrendamiento. La mensualidad del alquiler se fija en relación a la renta de la familia y se revisa anualmente.

Además de la comparativa, otra prueba de que las 406 viviendas de Cantabria –la mitad están en Santander (120) y Torrelavega (78)– se quedan cortas es su altísimo grado de ocupación. En este momento, están en uso el 98,7% y solo hay cinco vacías porque están pendientes de reparaciones o puestas a punto después de que el anterior inquilino las abandonara. Por último, hay cuatro con expedientes abiertos para proceder a un desalojo por diferentes motivos. Por tipo de uso, 213 corresponden a alquileres del programa de arrendamiento social y 154 al programa de emergencia habitacional. En estos últimos casos –grandes vulnerables, desahuciados o víctimas de violencia de género–, se les permite elegir:pueden entrar a una vivienda que esté libre o reibir una ayuda económica.

Desde la Dirección General de Vivienda explican que, desde que una vivienda queda vacía hasta que llega un nuevo morador, normalmente no pasan más de dos semanas. En este proceso, la Consejería cuenta con la ayuda de los Servicios Sociales. Otra cosa es que haya que realizar arreglos –no siempre se devuelve el piso en las mejores condiciones– o comprar electrodomésticos. De ello se encarga la empresa pública Gesvican, que este año dispone de 600.000 euros para este fin.

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