Cantabria Sostenible advierte de que la nueva la Ley del Suelo busca el «beneficio» de los ayuntamientos

La plataforma Iniciativa Cantabria Sostenible considera que la modificación de la Ley del Suelo que plantea el Gobierno regional (PP) es «insostenible ambiental y económicamente» y se lleva a cabo «para que las alcaldías gestionen el territorio en beneficio propio» y no de la Comunidad Autónoma.

Según la plataforma, integrada por 21 asociaciones, con esta modificación, el Gobierno y los partidos que la apoyan, «abandonan la gestión responsable y sostenible del suelo, para dejar el territorio en manos de los alcaldes, a fin de que puedan priorizar los intereses particulares frente al interés general«.

«La modificación pone las instituciones autonómicas al servicio de las redes clientelares de los alcaldes, sus partidos políticos y una minoría de la población, situando a los intereses minoritarios y cortoplacistas por delante del interés general de toda Cantabria», señala en un comunicado.

Añade que la modificación «amplia aún más la extensión de la construcción dispersa y generalizada de viviendas por los núcleos rurales de la comunidad, trasladando el agresivo modelo de construcción masiva en la costa a todo el interior de Cantabria».

A su juicio, con ella «se consolida y aumenta el desorden del territorio» y «la destrucción de suelos fértiles», además de condenar «a la pérdida definitiva de la capacidad productiva del sector primario».

Para la plataforma, los partidos políticos que «han mantenido a la comunidad en un progresivo desorden territorial y fueron responsables en el pasado reciente de las más de 800 sentencias de derribo en la costa, pretenden ahora convertir al resto de Cantabria en mero solar para construir viviendas ocasionales de segunda residencia».

Por todo ello, opina que con esta modificación «se culmina el proceso de involución territorial» que ha sufrido Cantabria en la última década, y «se consolida la pérdida definitiva del suelo fértil».

Al respecto, recuerda que el suelo rural «es un bien limitado y no renovable, que hay que preservar decididamente como soporte básico de políticas agroganaderas, forestales, de conservación de la biodiversidad y los ciclos naturales, y como recurso estratégico para el futuro de actividades e infraestructuras».

En este sentido, destaca que la posibilidad de construir en suelo rústico que abrió la ley de 2012, y la ampliación generalizada que ahora «potencia» la modificación de la Ley de 2023, sitúa la gestión territorial de la comunidad «en contra de la normativa moderna» seguida por las comunidades vecinas, del resto del Estado y la Unión europea, y «en contra de las necesidades y el interés general de Cantabria».

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