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Daniel Martínez y J. M. Camarero
Santander
Viernes, 4 de octubre 2024, 02:00
El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, como el resto de sus homólogos del PP, acudió ayer a la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebraba en Madrid con la artillería preparada. Con ganas de echar en cara la ministra Isabel Rodríguez que «Cantabria ... no es una comunidad insumisa» y que «acostumbra a cumplir las leyes a rajatabla». Argumentos para exigir a Rodríguez que rectificara su amenaza de retirar fondos nacionales a los territorios que, según las palabras de la socialista, «incumplan» la Ley de Vivienda. Como remarcó Media, en realidad no son incumplimientos, porque esa norma aprobada en el Congreso habilita a los gobiernos autonómicos a utilizar herramientas como la declaración de zonas tensionadas para topar los precios en determinadas circunstancias, pero no obliga a desplegarlas a las comunidades que no lo desean, como Cantabria.
El Ejecutivo de Buruaga se niega a intervenir este mercado. No lo hará «bajo ningún concepto porque creemos que es un absoluto error». La rectificación que reclamaban Media y el resto de consejeros populares llegó incluso antes de que comenzara la reunión, ya que fuentes del departamento anticiparon que lo que hará el Ministerio será premiar a las autonomías que apliquen la Ley de Vivienda con más fondos para desarrollar acciones particulares, pero aleja la posibilidad de castigar a las que no lo hagan. Un matiz relevante.
En cualquier caso, Rodríguez no cesó en su intento de convencer a las autonomías de desplegar estas acciones para tratar de acabar con el problema de acceso a la vivienda: «Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo». Las autonomías gobernadas por el PP se reafirmaron en su negativa a declarar zonas tensionadas, rechazando intervenir los precios al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda. También rechazan esa fórmula de premiar a quien aplique la norma. Hasta ahora, aunque Asturias también se ha interesado, solo existen estas zonas tensionadas en Cataluña, mientras que se están empezando a crear en el País Vasco.
«Esta ley permite bajar precios y bonificar al propietario. ¿Por qué no lo hacemos? No lo entiendo»
«Bajo ningún concepto se va a aplicar esta medida porque creemos que es un absoluto error»
Con los primeros datos en la mano, parece que la medida sí está dando resultados en Cataluña. La consejera del área en esta comunidad, Sílvia Paneque, detalló que aplicar topes al alquiler ha dado «buenos resultados», con precios «entre un 3 y un 5% hacia abajo». En Cantabria, desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, la oferta de inmuebles en alquiler ha caído un 39%, mientras que la demanda ha crecido un 17%, y así los precios se han disparado un 11%, algo que Media atribuye, precisamente, a esta norma. Todo pese a que en la comunidad autónoma no se ha desplegado.
Sí hubo unanimidad en el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, que ya está en marcha y tendrá nuevas convocatorias. Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada joven, con el objeto de facilitar su emancipación. Cantabria se quejó del «esfuerzo» burocrático que supone para los territorios la tramitación de la ayuda, pero votó a favor.
También se habló de los ejes del nuevo Plan Nacional de Vivienda. Con el anterior, aún en vigor, Media recordó que Cantabria «ha muerto de éxito» en relación a las ayudas para la rehabilitación, ya que hasta setenta proyectos por valor de más de 29 millones de euros se quedaron sin fondos, aunque el Gobierno regional se ha comprometido a sufragarlos a medio plazo. Por eso, el consejero reclamó más recursos para estas ayudas.
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