Cantabria tarda seis años en empezar a negociar un Plan de Igualdad para sus funcionarios

Desde hace nueve años, las Administraciones Públicas están obligadas a contar con un Plan de Igualdad que garantice las mismas oportunidades para hombres y mujeres en el entorno laboral. Pero en la Administración autonómica de Cantabria hasta ahora no habían visto la necesidad de hacer realidad una exigencia de leyes como la de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres de 2007 y el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015. En la región, sindicatos y dirigentes políticos llegaron a firmar en 2018 un compromiso para dotarse del plan, pero se quedó en el limbo pese a que afecta a 5.000 empleados públicos.

Y es ahora, seis años después de haberse llegado a un acuerdo en la Mesa General de negociación entre trabajadores y Administración regional (y nueve después de entrar en vigor la obligatoriedad), cuando los implicados han cogido el toro por los cuernos y han iniciado un proceso de negociación que, según ha asegurado la consejera de Presidencia Isabel Urrutia, se quiere tener listo «antes del verano» y con «el mayor de los consensos posibles». Una voluntad que contrasta con la de anteriores Ejecutivos PRC-PSOE.

El proceso -que afecta a todos los funcionarios de la estructura autonómica (exceptuando Educación, Sanidad y empresas públicas)- se desarrollará en el marco de la Mesa Sectorial de Función Pública y Comité de Empresa del Gobierno regional. Aunque, para que sea más operativo, se ha constituido una comisión técnica, integrada por un delegado de cada una de las organizaciones sindicales representadas así como por seis miembros designados por la Administración regional.

Este miércoles se ha dado ya un primer vistazo a la documentación previa, porque había una primera propuesta que data de 2021, con un borrador de Plan y datos para analizar la situación de partida debidamente actualizada y completada con los resultados de una auditoría retributiva, el estudio de los puestos de trabajo en clave de género, así como un Protocolo de Acoso, informado favorablemente por el Comité de Seguridad y Salud.

La propuesta que está sobre la mesa contempla 75 acciones a ejecutar en 11 ámbitos, relacionadas con el acceso al empleo público, la carrera profesional, la formación y la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares.

Urrutia ha desgranado algunos números en la toma de contacto de este miércoles. Por ejemplo: que la cántabra es una Administración «feminizada» ya que, del total de empleados, un 60% son mujeres. En los últimos años, está habiendo una incorporación mayoritaria de mujeres, en porcentajes cercanos al 80%, «tanto en personal funcionario como laboral», si bien con diferente incidencia en algunos cuerpos y especialidades y categorías profesionales concretas.

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