Cantabria es la tercera provincia con más bienes inmatriculados por la Iglesia: 2.058

Este asunto ha sido foco de controversia política durante años, desde una reforma del Gobierno de José María Aznar. De forma resumida, este cambio legal autorizaba a que los obispados y parroquias pudieran inscribir por primera vez en los registros de la propiedad inmuebles sin necesidad de presentar ningún documento. Escrituras, contrato de compraventa... La Iglesia podía hacer las veces de notario. Su palabra era suficiente. De esas más de 2.000 inmatriculaciones de Cantabria -34.900 en todo el país-, el 94,5% se hizo sin aportar papeles. En el resto de casos sí que se puso sobre la mesa algún título oficial.

La vicepresidenta Carmen Calvo recordaba el pasado martes que esas inscripciones fueron totalmente legales. En ese momento y hasta 2015, la norma lo permitía. Lo que ocurre es que ahora se abre la puerta a litigios y reclamaciones si aparece algún posible agraviado que entienda que la Iglesia no es la dueña real de los inmuebles inmatriculados. En ese caso, se pondría en marcha un expediente y la investigación que llevaría a cabo el Estado determinaría quién tiene razón en la disputa.

Desde el Obispado de Santander dicen que, pese a ser casi la mitad, los bienes inmatriculados que no se dedican al culto suponen «una cantidad mínima, ridícula en comparación» al total. También que, en caso de dudas, cualquier particular puede empezar a hacer los trámites establecidos para determinar a quién pertenece. «La Diócesis de Santander no quiere ser propietaria de lo que no es suyo. Todo aquel que tenga un título de propiedad que crea que es superior a los nuestros tiene todo el derecho, iba a decir obligación, de tramitarlo y que se estudie de nuevo la documentación a ver si efectivamente es suyo y si lo es, nosotros nos desprendemos de ello porque no queremos tener nada que no sea nuestro», afirmó el obispo, Manuel Sánchez Monge.

Desde el Grupo Alceda, dedicado a la protección del patrimonio, consideran comprensible que estén a nombre de la institución católica los templos -se han inscrito en este tiempo algunos muy emblemáticos como el santuario de la Bien Aparecida, la colegiata de Santillana del Mar, San Martín de Elines o Santo Toribio de Liébana-, pero no otras propiedades sin utilización religiosa, muchas veces procedentes de herencias o cesiones. O que se han asimilado tras décadas de uso del clero como si fuera suyo. En algunos casos no tienen conservación y se están dejando a su suerte. Otros, como los montes o plantaciones de eucaliptos que también se han inscrito por este sistema, están generando beneficios. De cualquier forma, Aurelio González de Riancho, uno de sus portavoces, pone el acento en que la conservación y restauración de estos tesoros que están en manos privadas se suele hacer con recursos públicos -ocurre ahora mismo con la obra de la iglesia de Santa María, en Castro Urdiales- y todo a la vez que la Diócesis pone dificultades para el libre acceso.

Por municipios, sólo dos de los 102 que hay en Cantabria no aparecen en esa lista. Se trata de Tresviso y Vega de Liébana. Mientras, en la parte contraria, encabezando la tabla se encuentra Hermandad de Campoo de Suso, con 104 fincas inscritas. Desde las parroquias de los pueblos de Salces y Espinilla hasta terrenos en casi todas las pedanías.

Le siguen Valderredible (86) y Valdáliga (75). Además, en cinco localidades hay un único asunto: El Astillero (una finca en Guarnizo), Castañeda (la iglesia de Nuestra Señora de Belén y San Fernando en Pomaluengo), Reinosa (la parroquia de San Sebastián), Miera (una capilla sin concretar en el listado) y Valle de Villaverde (un terreno rústico que inscribió el Obispado de Bilbao, no el de Santander). En toda Cantabria se contabilizan 313 cementerios inmatriculados y 216 ermitas, además de 60 capillas y 32 humilladeros. En la lista de bienes sin uso para el culto hay sobre todo parcelas rústicas, pero también viviendas unifamiliares o edificios.