Los 16 parques eólicos en tramitación podrán abastecer a casi una tercera parte de la población de Cantabria

El proceso no es fácil, pero el camino ahora está un poco más despejado que en el pasado. En la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio reconocen que están escarmentados. Primero, por los reveses judiciales que sufrió a partir de 2010 un concurso eólico que nació torcido desde el principio y que obligó a optar por la tramitación individual y no de manera conjunta de las posteriores actuaciones. Y después, por los continuos contratiempos, largos trámites burocráticos y zancadillas políticas entre los socios del bipartito –PRC en Innovación y PSOE en Medio Ambiente, los dos departamentos involucrados– que sucedieron a aquel momento. La prueba es que, a comienzos de la legislatura pasada, el titular de Industria, Francisco Martín, se mostró convencido de que hoy estaría ya en marcha una potencia eólica similar a la que ahora se promete. Este otoño, en su primera comparecencia en el Parlamento de Cantabria, para no pillarse los dedos, y aunque el panorama es mucho más favorable, prefirió hablar de esa opción como un deseo. Casi de una obsesión personal para que la región se suba al tren de esta tecnología.

La prueba de estas dificultades está en el mapa que acompaña esta información. En color negro, aparecen dos parques (Campo Alto y La Costana) que tendrían que estar levantados desde 2011. La promotora Eólica 2000 logró hace ocho años todos los permisos para instalar 42 MW, pero en San Miguel de Aguayo y Campoo de Yuso no apareció nadie.

Distinto caso, pero muy probablemente con igual desenlace, es el de otros nueve parques en los que los promotores comenzaron a presentar los papeles a partir del año 2015. Parecía que sí, pero finalmente será que no. Estos proyectos todavía están activos, aunque la Dirección General de Industria ya da por hecho que no saldrán adelante. ¿Por qué? Pues porque casi desde entonces las empresas no han vuelto a llamar a la puerta de la Administración regional ni se han pronunciado. Antes esta inmovilidad «imputable al interesado», lo que hizo el Ejecutivo en el mes de noviembre fue enviar un requerimiento al propietario informándole de que el expediente está a punto de caducar. Y caducará si no hacen nada en unos meses. La Consejería da este paso para 'liberar' ese terreno potencialmente útil desde el punto de vista eólico para dar opción a que otra empresa que sí tenga un interés real pueda presentar un proyecto alternativo. En la infografía aparecen en naranja y suman alrededor de 110 molinos.

Dos son de EDP –sí mantiene vivo otro en Somalona-Las Quemadas, en la zona sur de la región–, uno de Biocantaber en el entorno de Reinosa y la mayoría, hasta seis, de Crossfield Enginering. Esos los apartó, pero es la propietaria del parque eólico que está más avanzado: el de la Sierra de Zarama, también en Soba, donde ya está produciendo Cañoneras. Este está en el último paso administrativo después de haber salido a información pública, sólo pendiente del informe de impacto ambiental favorable.

467

megavatios de energía eólica son los que se están tramitando en Cantabria actualmente.

El Gobierno cruza los dedos para que salga adelante, al igual que los proyectos que tienen activos Viesgo (uno), Boreas Renovables (uno) y Green Capital Power (diez), todos ellos en verde en el mapa superior. Su situación no es la misma, pero todos «pintan bien». A grandes rasgos, en la mayoría de los supuestos, los promotores esperan una respuesta de Medio Ambiente para elaborar lo que se denomina «documento de enlace» o están subsanando algunos errores técnicos para posteriormente hacer el proyecto definitivo. «En estos momentos hay alrededor de cinco promotores distintos con intenciones serias», apunta el director general de Industria, Raúl Pelayo. El último en llegar fue Generadora Eléctrica Verde III, que todavía no ha presentado el proyecto básico para el parque Aguayo I –involucra a seis municipios como son Molledo, Luena, Corvera de Toranzo, Santiurde de Reinosa, Campoo de Yuso y Arenas de Iguña–, aunque sí ha pagado las garantías económicas, un paso que habitualmente se hace al final del proceso y que aparentemente demuestra su implicación.

En total, suman 316 MW y 143 aparatos, frente a los sólo 39 que se pueden ver ahora en los cielos de Cantabria. Esos, a través del Gobierno regional, pero para llegar a esa potencia que supondría poder abastecer a través de las eólicas a un tercio de la población hay que añadir los que por su gran tamaño se tramitan a través del Ministerio de Transición Ecológica. En este caso, el único 'serio' a día de hoy es el de El Escudo. Biocantaber, filial de Iberdrola, solicitó hace algo más de un mes el permiso formal para instalar otros 36 molinos y 151 megavatios que requerirá una inversión de 114 millones de euros. Lo hace después de integrar en uno sólo tres proyectos solicitados en el pasado pero fallidos, otra muestra más de la volatilidad de la energía eólica en Cantabria. En total, esos 467 MW del inicio.

La cifra contrasta con los 1.500 MW –más de los del extinto concurso eólico– de los que habla, por ejemplo, la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria. Ese número también es real, pero Industria precisa que corresponde a todos los proyectos que se han presentado en los últimos años, también los ya a punto de extinguirse. Tanto este colectivo como otros que se han manifestado en las últimas semanas como los ecologistas de ARCA o SEO/BirdLife, así como el partido Cantabristas, están a favor de la transición ecológica, pero creen que se debe hacer con un marco regulador más firme. En concreto, tras la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) para que «las zonas más valiosas y biodiversas no queden a merced de la improvisación y de los intereses lucrativos privados, sin ningún tipo de limitación». Dar pasos sí, pero no de forma caótica.

Con un simple vistazo al mapa se aprecia como la mayoría de los proyectos se ha concentrado en la zona centro y, sobre todo, sur de la comunidad autónoma, donde las condiciones de viento son más favorables para que los aerogeneradores puedan girar unas 3.000 horas al año. De todos los que van adelante, el más cercano a la costa es el de Amaranta (Liérganes y Penagos), en el entorno de Peña Cabarga.

El Ejecutivo reconoce que el impacto visual es evidente, pero también que la tramitación ambiental es muy exigente para que el resto de afecciones sean mínimas. De hecho, Industria señala que los mayores problemas suelen darse antes de su puesta en marcha y no posteriormente, ya que la instalación en ocasiones requiere crear nuevos caminos para que pase la maquinaria pesada. En cualquier caso, el Ejecutivo estima que los beneficios son mucho mayores y generan actividad económica en las zonas rurales, las más necesitadas como consecuencia de la despoblación: puestos de trabajo –más durante la construcción que cuando se activa– e ingresos en concepto de alquiler para los propietarios de los terrenos, casi siempre juntas vecinales.