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La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha tramitado 19 solicitudes de la tarjeta monedero de ayuda alimentaria, el nuevo modelo de reparto puesto en marcha por el Gobierno central este mes de mayo con el que pretende, entre otros objetivos, evitar la ... estigmatización de las familias necesitadas.
Según los cálculos del Ejecutivo regional, son 522 las familias que en Cantabria cumplen los requisitos para obtener la tarjeta, que dispensa Cruz Roja, y que se resumen en tener hijos menores de catorce años a cargo y unos ingresos inferiores al 40% de la renta mediana nacional, que equivale a 6.725 euros anuales. Las 19 tarjetas que se han gestionado, a falta de que Cruz Roja dé su aprobación, corresponden a otras tantas unidades familiares, que agrupan a setenta personas.
La implantación de este nuevo sistema de distribución de ayuda llega rodeado de polémica ya que se estima que sólo un 10% de las familias que la venían recibiendo –500 de un total de 5.000–, podrá acceder a las tarjetas. Esto no significa que el resto quede desprotegido, sino que en su caso el reparto de alimentos se seguirá realizando como hasta ahora.
Hasta este mes de mayo, las familias necesitadas recibían la ayuda de forma presencial, distribuida por los Bancos de Alimentos y Cruz Roja, con la colaboración de otras asociaciones benéficas organizadas para tal fin. Con el nuevo sistema, las familias que cumplen los requisitos reciben una tarjeta en la que se carga una determinada cantidad de dinero mensual –en función de las personas que la integran–, con la que pueden acudir a determinados establecimientos –en Cantabria, Carrefour, Eroski-Caprabo y Alcampo– y adquirir una serie de productos.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales se recuerda que todas las comunidades autónomas acordaron en diciembre de 2021, en un consejo territorial, emplear este sistema de tarjetas monedero, financiado por el Fondo Social Europeo Plus, en vez de destinar el dinero a la compra de productos para los Bancos de Alimentos. Se apuntan, además, varias ventajas: en primer lugar, con las tarjetas se pueden adquirir productos frescos y de higiene, que no se distribuyen en los Bancos de Alimentos. Fuentes ministeriales defienden que con la tarjeta cada familia recibirá más dinero del que percibía con la cesta de alimentos. Por último, se evita la estigmatización de quienes acuden a esta ayuda, que así llega a la familia de una forma más discreta.
Se insiste, igualmente, en que este modelo es un complemento al que funciona actualmente, que el Gobierno central se limita a ponerlo en marcha a través de Cruz Roja en un periodo de transición que concluirá en enero de 2025, cuando las comunidades autónomas se hagan cargo de toda la gestión.
En Cantabria, no todos comparten el optimismo ministerial, y este mismo lunes el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una propuesta regionalista para estudiar el impacto de la implantación del nuevo modelo y el modo en que afecta a los Bancos de Alimentos por la merma de fondos –se calcula que dejan de recibir un 20% de alimentos, 216.000 kilos–. Todos los partidos acordaron consignar una partida en los próximos presupuestos para garantizar la actividad de esta institución en las mismas condiciones en que se viene desarrollando.
En la Cámara, mientras el PRC expresaba sus dudas sobre el modelo, el PSOE manifestaba su apoyo a la medida, «que garantiza un acceso digno a la alimentación»; los populares, por su parte, criticaron que el Gobierno de Pedro Sánchez «se olvida de las familias sin hijos o las personas solas», y Vox, directamente, acusó al presidente de querer «asfixiar» a toda organización altruista que no esté bajo su control.
Desde la Dirección General de Dependencia, su responsable, Eduardo Rubalcaba, critica la improvisación del plan, efectivamente acordado en 2021, pero que «el Estado iba a liderar y a preparar una gestión uniforme». «Pero el pasado mes de noviembre cambian de opinión y nos dicen que se desentienden de la aplicación del programa».
Explica que a un mes de la puesta en funcionamiento del modelo, el Ministerio seguía sin resolver las dudas de las comunidades. «Ni siquiera se ha definido en qué consiste la unidad familiar, como tampoco sabemos si los extranjeros en situación irregular pueden beneficiarse del plan». Eso, sin hablar de la compra de productos con las tarjetas monedero en establecimientos «que sólo están presentes en 18 de los 102 municipios de Cantabria». En todo caso, Rubalcaba aseguró que «el Gobierno de Cantabria no va a dejar desatendidas a las familias cántabras que más lo necesitan».
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