Cantabria triplica la demora máxima fijada por Hacienda para el pago a proveedores

Otro de los conceptos que se tasaban y a los que se ponía límite -bajo amenaza de sanciones o intervención- era el del periodo de pago a proveedores. La norma estableció que todas las administraciones públicas tienen que hacer frente a sus facturas en un plazo de un mes. En estos momentos, Cantabria no solo no cumple con este plazo máximo, sino que en el último informe mensual de la Secretaría de Estado de Hacienda, que tiene datos actualizados hasta noviembre de 2019, el periodo medio de pago global a proveedores llega a los 90,37 días. Con estos datos, la región, además de incumplir las exigencias del Ministerio, también se pone a la cabeza -para mal- en el ránking nacional. Aunque de las 17 comunidades de España tan solo seis aprueban este examen, ninguna llega a los niveles de Cantabria, que triplica el límite máximo y se sitúa muy por encima de la media del país, que no alcanza los 40 días.

En dinero contante y sonante, según la misma fuente oficial, todo esto se traduce en que Cantabria tiene en estos momentos algo más de 215 millones de euros en facturas pendientes y reconocidas. Es, por ejemplo, cinco veces más que los 42 millones de la mensualidad del IVA que el Gobierno del PP no envió a la comunidad autónoma en 2017 y que ahora la coalición PSOE-Unidas Podemos tampoco parece estar dispuesta a embolsar -sí aparecían en los Presupuestos fallidos de Pedro Sánchez para 2019- porque el ejercicio ya está liquidado. Es lo que se conoce como deuda comercial, que no incluye la deuda financiera que los cántabros deben a las entidades bancarias o al propio Estado en concepto de préstamos.

Son exactamente 215.337.850 euros y de ellos 175 millones corresponden al sistema sanitario, que tiene un gran peso específico en el conjunto de las compras que realiza la administración regional. De hecho, el retraso en los pagos en este ámbito (112,64 días) es el que eleva la media. Como explica el presidente de la CEOE-Cepyme, Enrique Conde, existen grandes diferencias entre los distintos departamentos del Gobierno de Cantabria. Unos cumplen y otros no. De igual manera que también unos ayuntamientos cumplen, y otros no.

¿Qué implica todo esto? En primer lugar, que muchas empresas y autónomos que trabajan con el Gobierno de Cantabria están a la espera, pendientes de sus cuentas corrientes para ver si llega por fin el dinero que les corresponde por un producto o servicio que la administración les requirió. Y en segundo término, que ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo regional, el Estado podría tomar cartas en el asunto. En este sentido, la ley contempla que, en caso de que se produzcan incumplimientos que sean reiterados (durante más de dos meses) y excedan en más de 30 días el plazo máximo de 30 días establecido en la normativa de morosidad, se apliquen de forma automática medidas «preventivas, correctivas» y, en última instancia, «coercitivas».

Esa reiteración para poner en marcha el mecanismo ya ha ocurrido. Agosto, septiembre, octubre y, por el momento, hasta noviembre. Más que de sobra, pero el propio Ministerio de Hacienda, consultado por el caso particular de Cantabria, afirma que el proceso suele ser largo y que puede prolongarse durante años. Pone el ejemplo de Murcia. Allí, la primera comunicación alertando de problemas en el pago a proveedores se envió en 2016 y no ha sido hasta el pasado enero cuando la ministra Montero informó que, desde ya, Madrid retendrá envíos de dinero a esa región y pagará directamente sus facturas pendientes. Aquí ni siquiera ha llegado esa primera comunicación a modo de aviso, pero lo cierto es que, a tenor de la última actualización, a día de, Murcia, a pesar de esa intervención nacional, se encuentra mejor que Cantabria: paga a 75,98 días de media frente a más de 90. No mucho, pero sí algo mejor.

La Consejería de Economía y Hacienda prefiere no pronunciarse sobre este asunto. Sí lo hicieron durante un debate parlamentario en la Cámara autonómica el pasado mes de noviembre los dos grupos que apoyan al Ejecutivo. Tanto el PSOE como PRC aseguraron que era un asunto que preocupa al Gobierno y que, como dijo la socialista Yolanda Algorri, propicia «situaciones nada cómodas para las economías» de los empresarios. Por eso, aunque explicó que parte del problema tenía que ver con las tensiones de tesorería generadas por el retraso de las entregas a cuenta -ya han llegado-, recordó que la Consejería se había puesto manos a la obra.

Entre las medidas que enumeró está la realización de un estudio de la tesorería de las empresas públicas que puedan ayudar a recuperar recursos para la tesorería general o un análisis de los posibles remanentes no productivos que puedan ser utilizados para su aplicación en el periodo medio de pago. Y señaló que en los últimos meses del año habitualmente se acumulan el gasto y los pagos, una situación que se suele corregir a partir de enero, además que podía haber errores en el cálculo de los ratios por disfunciones en el traslado de la información.

«Voy a insistir en algo tan básico y tan fundamental como es que el propio Gobierno cumpla las leyes», apuntó en el debate Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos, el partido que promovió el debate. El PP ha vuelto a preguntar ahora al Gobierno por este tema. Desde la oposición, llamaron la atención sobre el hecho de que en los meses de marzo y abril, el periodo medio fuera de 25 y 31 días, algo que relacionaron con un acelerón en los pagos por las elecciones. Desde entonces, no ha hecho más que crecer. También el montante de la facturas: frente a los 68 millones de euros de febrero, ahora la cifra alcanza los 215 millones.