Cantabria ultima con el Ministerio el traspaso de la gestión de los ríos

El Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Fomento cerraron la pasada semana un acuerdo relevante por el cual Cantabria podrá seguir captando, al menos durante cuatro años más, agua del pantano del Ebro durante los meses de verano para evitar falta de abastecimiento y lo devolverá a través del bitrasvase desde la cuenca del Besaya durante los meses de invierno. Aunque la comunidad autónoma puso algunos peros al convenio, celebró el pacto, que será la antesala de otro igual de relevante y por el que el Gobierno regional lleva años peleando: la trasferencia de las competencias en materia de gestión de los ríos que transcurren íntegramente por la región, que ahora es de titularidad estatal pero que, como se recoge en el Estatuto de Autonomía, Madrid puede ceder.

De hecho, ya existe un acuerdo sobre el fondo del asunto. El Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no ponen ninguna pega a la petición que desde que asumió la cartera de Fomento les viene haciendo el consejero Roberto Media. Está conforme en desprenderse de la competencia integral sobre la ordenación y concesión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas interiores, que incluye la limpieza de los cauces como uno de los puntos más relevantes. Así, cuando un particular o un ayuntamiento quiera realizar alguna labor de este tipo, no tendrá que pedir permiso a Confederación, sino a la Consejería, con el teórico ahorro de tiempo que eso implicará.

Si no se ha estampado ya la firma en el documento es por algunas cuestiones accesorias, pero fundamentales. Básicamente, de índole económico. Como ocurre cuando Madrid cierra la cesión de cualquier competencia a una comunidad autónoma, ese pacto va acompañado de una dotación económica para compensar los gastos asociados. Ahí es donde todavía no acaban de encajar las piezas entre las dos administraciones. Falta por determinar la aportación económica anual que recibirá Cantabria para llevar a cabo los trabajos que ahora realiza el Gobierno central y también cuántos funcionarios de órganos estatales pasarían a formar parte de la plantilla autonómica. La Consejería de Fomento también podría pasar a ser titular de algunas de las dependencias desde donde trabajan.

En materia de ríos, la negociación está muy avanzada y se ha activado a petición de Cantabria. Hay otras dos competencias que la comunidad autónoma también podría asumir porque así lo recoge su Estatuto de Autonomía pero, en cambio, ahí no hay avances. Y no hay avances porque es el propio Gobierno regional el que no lo ve interesante. Ocurre justamente lo contrario que con el caso de las cuencas hidrográficas internas: la Administración General del Estado estaría encantadísima de desprenderse de ellas, pero cuando llama a la puerta de Peña Herbosa no obtiene respuesta. Se trata de la sanidad penitenciaria y una parte mínima de Educación, los profesores de religión.

En principio, sus límites estatutarios no permitirían a Cantabria hacerse con la gestión de El Dueso y del Centro de Centro de Inserción Social José Hierro, las dos instalaciones que tiene Instituciones Penitenciarias en la comunidad autónoma, ni tampoco asumir a los funcionarios de prisiones. Pero sí podría absorber a los profesionales sanitarios. ¿Por qué el Gobierno lo rechaza? Porque entiende que no tiene mucho sentido tener empleados autonómicos en un lugar de titularidad nacional, porque no confía en salir bien parado en la negociación económica para cubrir ese gasto y, sobre todo, por las dificultades evidentes para encontrar médicos. Este personal pasaría al Servicio Cántabro de Salud (SCS), donde ya tienen suficientes problemas para completar las plantillas actuales. En menor medida, algo similar ocurre con los profesores de religión.

En el caso de la competencia de los ríos, la negociación arrancó en diciembre de 2023. El Ejecutivo explicó entonces que consideraba este traspaso «fundamental» como «una apuesta más por el autogobierno de Cantabria». Igualmente, afirmaba que supondría «dar respuesta desde la cercanía a los problemas» que ha habido en la gestión de los ríos y «agilizar» los procedimientos. La asunción de esta competencia pendiente «permitirá a Cantabria actuar sobre el régimen de ordenación y emitir las correspondientes autorizaciones para poder intervenir con más agilidad en los cauces de los ríos», anticipaba el Gobierno regional.

Desde 2010, cuando se amplió la capacidad de Cantabria en materia de conservación de la naturaleza para que pudiera asumir la gestión del Parque de Picos de Europa (junto a Asturias y Castilla y León), no se han producido nuevas transferencias salvo en materia de impuestos. Tras la tercera –la de 1998– de las cuatro reformas del Estatuto que se han producido, Cantabria es considerada «comunidad histórica», pero para llegar a las cuotas de autonomía que tienen las llamadas «nacionalidades históricas» tendría que acometer otra reforma estatutaria. Eso es, precisamente, lo que pide el PRC para dotar al Gobierno de la capacidad para dictar decretos leyes, un procedimiento abreviado para aprobar normas en casos de emergencia para su posterior convalidación en el Parlamento.

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